El fracaso de la ¡°guerra contra las drogas¡±: la despenalizaci¨®n

Desde su creaci¨®n el 2011, la Comisi¨®n Global de Pol¨ªticas de Drogas (CGPD) ha analizado cuidadosamente el tema y ha abogado por pol¨ªticas de drogas basadas en la evidencia cient¨ªfica, los derechos humanos, la salud p¨²blica y la seguridad. Se han producido, cierto, algunos cambios en los marcos punitivos en materia de drogas, como la despenalizaci¨®n de los delitos de posesi¨®n y la reforma, en varios pa¨ªses, de los mercados de cannabis para la producci¨®n legal, la venta y el uso adulto no m¨¦dico.

Para quien esto es escribe es muy alentador y estimulante haber sido invitado para integrar (desde hace cinco a?os) la destacada comisi¨®n y sus procesos de toma de decisiones, como la adopci¨®n del ¨²ltimo informe anual, M¨¢s all¨¢ del castigo: De las injusticias de la pol¨ªtica de drogas a la reforma, presentado en Ginebra esta semana.

Entre otras personas con las que me honro en integrar esta Comisi¨®n Global se encuentran personalidades distinguidas y de peso como Kofi Annan, ex secretario general de la ONU (Ghana); Louise Arbour, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Canad¨¢); Richard Branson, empresario, defensor de causas sociales, fundador del Grupo Virgin; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil; Marion Caspers-Merk, ex secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud (Alemania); Maria Cattaui, miembro del Consejo de Petroplus Holdings, ex secretaria general de la C¨¢mara de Comercio Internacional, Suiza; Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza; C¨¦sar Gaviria, ex presidente de Colombia; Asma Jahangir, ex relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Pakist¨¢n; Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Francia; George Papandreou, ex primer ministro de Grecia; Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia, Javier Solana, ex alto representante de la Uni¨®n Europea para Pol¨ªtica Exterior y Seguridad Com¨²n, Espa?a; Thorvald Stoltenberg, ex ministro de Asuntos Exteriores y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Noruega; George P. Shultz, ex secretario de Estado de EE UU; Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual, Per¨²; Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de los EE UU; Ernesto Zedillo, ex presidente de M¨¦xico; John Whitehead, banquero y funcionario, presidente de la Fundaci¨®n World Trade Center Memorial, EE UU.

En el informe al que me refiero en esta nota se cuestiona frontalmente a la llamada ¡®guerra contra las drogas¡¯. No s¨®lo porque ha fracasado en sus prop¨®sitos declarados, sino porque ha tra¨ªdo consigo una serie de desastres en materia penal y de administraci¨®n de justicia.

ONU: guerra contra las drogas ha fracasado

Cada vez hay un mayor reconocimiento pol¨ªtico de que la ¡®guerra contra las drogas¡¯ ha fracasado. En 2024, en el per¨ªodo 67 de sesiones de la Comisi¨®n de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), por ejemplo, los Estados miembros confirmaron que ¡°el uso indebido, el cultivo il¨ªcito y la producci¨®n y fabricaci¨®n de estupefacientes y sustancias psicotr¨®picas, as¨ª como el tr¨¢fico il¨ªcito de esas sustancias y de precursores, han alcanzado niveles sin precedentes¡±.

Esa hist¨®rica sesi¨®n culmin¨® con la adopci¨®n de una resoluci¨®n muy distinta a la de la fracasada -y obsoleta- ¡®guerra contra las drogas¡¯ y de la persecuci¨®n penal como ¨²nico remedio.

Destaca, m¨¢s bien, la centralidad de la reducci¨®n de da?os en una respuesta adecuada a las sobredosis, la primera resoluci¨®n que se vota en d¨¦cadas.

Otros espacios de la ONU, como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detenci¨®n Arbitraria (informe del 2021) tambi¨¦n vienen dando, en los ¨²ltimos dos a?os, pasos sustantivos en esa direcci¨®n ¡®revisionista¡¯: ¡°La guerra contra las drogas puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. La penalizaci¨®n del consumo de drogas facilita el despliegue del sistema de justicia penal contra los consumidores de drogas de forma discriminatoria, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen dirigirse contra miembros de grupos vulnerables y marginados, como minor¨ªas, afrodescendientes, pueblos ind¨ªgenas, mujeres, personas con discapacidad, personas con sida y personas lesbianas, gays, bisexuales, transg¨¦nero e intersexuales. Tambi¨¦n pueden ser vulnerables las personas sin hogar, los profesionales del sexo, los migrantes, los menores, los desempleados y los ex convictos¡±, apunta dicho informe.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker T¨¹rk, ha venido haciendo llamamientos a los Estados para que ¡°se alejen del actual enfoque dominante en la prohibici¨®n, la represi¨®n y el castigo, y en su lugar adopten leyes, pol¨ªticas y pr¨¢cticas ancladas en los derechos humanos y dirigidas a la reducci¨®n de da?os¡±.

Pero estos cambios de lenguaje y en el an¨¢lisis han sido a menudo poco sistem¨¢ticos y no han eliminado por completo la l¨®gica punitiva. Es hora de que los gobiernos aborden con valent¨ªa esta contradicci¨®n aplicando pol¨ªticas que traten la drogodependencia como un problema de salud p¨²blica y no como un problema penal.

Colapso de los sistemas penitenciarios

La llamada ¡®guerra contra las drogas¡¯ alimenta el encarcelamiento masivo. Y lo hace de manera discriminatoria afectando a mujeres y a minor¨ªas ¨¦tnicas. Se calcula que en 2023 hab¨ªa 11.5 millones de personas encarceladas en todo el mundo. Aument¨® 24% desde el 2000.

De hecho, m¨¢s de 120 pa¨ªses de todo el mundo informan que sus sistemas penitenciarios funcionan a m¨¢s del 100% de su capacidad, y 15 de ellos superan el 250%, lo que da lugar a m¨¢s abusos y violaciones de los derechos humanos, as¨ª como a crisis sanitarias, de acuerdo con el reporte Tendencias Penitenciarias Mundiales 2023, publicado este a?o por Reforma Penal Internacional y el Instituto de Justicia de Tailandia.

Conectado a un hecho: aproximadamente el 20% de la poblaci¨®n penitenciaria mundial est¨¢ encarcelada por delitos de drogas, con casi medio mill¨®n de personas encarceladas ¨²nicamente por posesi¨®n para uso personal.

Uno de los principales factores que contribuyen al encarcelamiento masivo por delitos de drogas es la detenci¨®n preventiva. Esto genera v¨ªas de detenci¨®n discriminatorias para los detenidos y acusados de delitos de drogas con lo que suele comenzar el proceso de justicia penal. En pa¨ªses como Brasil, M¨¦xico y Honduras, la detenci¨®n preventiva es obligatoria para ciertos delitos de drogas. Esto no s¨®lo viola la prohibici¨®n de la detenci¨®n arbitraria, sino que tambi¨¦n menoscaba el derecho humano a un juicio justo, exponiendo a las personas detenidas a m¨¢s violaciones y abusos de derechos humanos, como tortura y malos tratos.

?Y las mujeres? Particularmente afectadas y perseguidas.

De 2000 a 2022, la poblaci¨®n reclusa femenina ha aumentado 60%. La poblaci¨®n masculina, 22%. Contexto en el que se ha producido un aumento de la poblaci¨®n reclusa femenina en pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses: 2000 a 2022 en Brasil: un 322%; en Ecuador de 2002 a 2018: un 329%; y de la poblaci¨®n reclusa femenina en Colombia: un 148% (2000-2018); de 2000 a 2022 en Camboya: un 793%; y aumento de 2000 a 2020 en Indonesia: un 602% y en Malasia, un 161%.

Todo esto dentro de un contexto en el que suele ser alta la proporci¨®n de mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas: Brasil (2017): 62%; Colombia (2020) 46% siendo el 93% de ellas madres y el 52% cabeza de familia (2015); Ecuador (2019): 54%. En Costa Rica, en 2012, m¨¢s del 95% de las mujeres encarceladas por introducir drogas en prisi¨®n eran madres solteras y cuidadoras ¨²nicas. En los Estados Unidos, el 12% de las mujeres encarceladas lo estaban por delitos relacionados con las drogas.

Est¨¢ bien documentado que las mujeres encarceladas por delitos de drogas, al igual que los hombres, proceden en gran medida de comunidades econ¨®micamente desfavorecidas, con una representaci¨®n desproporcionada de grupos raciales y ¨¦tnicos minoritarios. La mayor¨ªa est¨¢n implicadas en delitos de drogas de bajo nivel, impulsados por la necesidad econ¨®mica o la explotaci¨®n y la coacci¨®n.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana de la ONU ha destacado que ¡°la guerra contra las drogas ha funcionado m¨¢s eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el consumo y el tr¨¢fico de estupefacientes¡±. En Estados Unidos, los estadounidenses de raza negra son encarcelados por delitos de drogas a un ritmo cinco veces superior al de los blancos; en el 2022, el 40% de todos los presos federales condenados detenidos por un delito de drogas se identificaban como negros. En el caso de los latinos, la cifra se dispara hasta el 60%.

La despenalizaci¨®n

Al describir el fracaso de la as¨ª llamada ¡®guerra contra las drogas¡¯ la Comisi¨®n Global plantea un sugerente enfoque alternativo.

En 2016, en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS), los organismos de la ONU publicaron una carta abierta en la que ped¨ªan la despenalizaci¨®n, destacando que la penalizaci¨®n del consumo de drogas obstruye la realizaci¨®n de los derechos humanos, en particular el derecho a la salud. Los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU han abogado constantemente por la despenalizaci¨®n del consumo, el cultivo y las actividades relacionadas con las drogas. En 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), en un informe al Consejo de Derechos Humanos, recomend¨® ¡°despenalizar el uso personal de drogas y los delitos menores de drogas¡± para defender el principio de proporcionalidad y aliviar el hacinamiento en las c¨¢rceles.

Lo que pasa por respetar y mantener todas las garant¨ªas de un juicio justo; la eliminaci¨®n de las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional; la detenci¨®n preventiva obligatoria; las detenciones policiales o preventivas injustificadamente prolongadas; las disparidades con sesgo racial en las condenas; las exclusiones de las alternativas al encarcelamiento, las amnist¨ªas y los beneficios, incluidos el derecho a la libertad condicional y la libertad anticipada; y el fin del registro obligatorio de las personas que consumen drogas.

Pasa tambi¨¦n, por cierto, por abolir la pena de muerte por delitos de drogas y garantizar una nueva condena proporcionada, como paso previo a la abolici¨®n total. Pasos dentro de un contexto de ¡°una revisi¨®n exhaustiva de las leyes de control de drogas y reformar el sistema de justicia penal para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos, asegurando que se respetan y defienden plenamente los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y no discriminaci¨®n¡±.

Finalmente, respetar y mantener todas las garant¨ªas de un juicio justo en los casos relacionados con drogas y garantizar que las personas acusadas de delitos de drogas puedan beneficiarse de la aplicaci¨®n de la suspensi¨®n de la pena u otros beneficios de reducci¨®n de condena disponibles para otros tipos de delitos.

Pasos, todos ellos, enfocados dentro de la despenalizaci¨®n. Tomando en cuenta experiencias contempor¨¢neas interesantes en algunos pa¨ªses. Por ejemplo, Espa?a, Uruguay, Colombia, Alemania y los Pa¨ªses Bajos no castigan a las personas por posesi¨®n de drogas en sus modelos de despenalizaci¨®n. De hecho, ¡°muchos modelos de despenalizaci¨®n se iniciaron por decisiones del Tribunal Constitucional, como los de Espa?a, Colombia, Alemania y Sud¨¢frica, donde los jueces han reconocido expl¨ªcitamente el derecho del individuo a la autonom¨ªa corporal¡±. Esto impide a los Estados socavar ese derecho humano mediante medidas punitivas.

Centrarse en la salud

La Comisi¨®n Global apunta m¨¢s all¨¢. Y concluye se?alando que ¡°un enfoque de las drogas basado en pruebas y centrado en la salud y los derechos humanos debe abordar tambi¨¦n las estructuras econ¨®micas y sociales perpetuadas por el control punitivo de las drogas, que a menudo subyacen a las relaciones problem¨¢ticas con las drogas¡±.

Se calcula que los gobiernos gastan anualmente 100.000 millones de d¨®lares estadounidenses en pol¨ªticas de drogas punitivas ineficaces y perjudiciales. Un estudio reciente de Harm Reduction International (HRI) revel¨® que entre 2012 y 2021, los pa¨ªses gastaron m¨¢s de 974 millones de d¨®lares en ayuda al desarrollo en proyectos de ¡®control de narc¨®ticos¡¯, superando el gasto combinado en salud mental, seguridad alimentaria y seguridad alimentaria de los hogares.

Esta financiaci¨®n continuada agrava las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las drogas, refuerza los sistemas de justicia penal discriminatorios y violentos, y contradice las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.