Un nuevo informe sobre derechos humanos aumenta la tensi¨®n entre el Gobierno colombiano y la ONU
El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el pa¨ªs con m¨¢s defensores asesinados en Am¨¦rica Latina
Colombia sigue siendo el pa¨ªs de Am¨¦rica Latina donde se asesinan a m¨¢s defensores de derechos humanos, ¡°y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos ¨ªndices de impunidad¡±, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, adem¨¢s, ha aumentado en los tres a?os transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que present¨® este mi¨¦rcoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensi¨®n entre el Gobierno de Iv¨¢n Duque y Naciones Unidas.
Las personas en mayor riesgo son los l¨ªderes sociales ¡°que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos ¨¦tnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder¡±, se?ala el informe. Tambi¨¦n apunta que carecen de un reconocimiento p¨²blico positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, ¡°otros actores estatales y no estatales¡± los deslegitiman y criminalizan. Seg¨²n el documento, los dirigentes pol¨ªticos y funcionarios p¨²blicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como ¡°guerrilleros¡±, ¡°terroristas¡±, ¡°antidesarrollos¡± o ¡°informantes¡±.
En un nuevo episodio de la encendida pol¨¦mica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechaz¨® ¡°tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones¡±, pues asegura que Forst ¡°no aporta suficiente sustento f¨¢ctico para soportarlas¡± y ¡°desconoce informaci¨®n proporcionada por el Estado durante su visita¡±, de manera que sus observaciones ¡°no reflejan fidedignamente la situaci¨®n actual del pa¨ªs¡±.
Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situaci¨®n de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un d¨ªa despu¨¦s de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores m¨¢s afines al expresidente ?lvaro Uribe en el Gabinete, desat¨® una nueva pol¨¦mica al afirmar que en Colombia ¡°mueren m¨¢s personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos¡±. Una declaraci¨®n que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de l¨ªderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.
La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este a?o, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra l¨ªderes sociales. En la tarde de este mi¨¦rcoles, por ejemplo, se conoci¨® que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido l¨ªder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se hab¨ªa tenido que desplazar a comienzos de a?o de su natal Bojay¨¢.
La desmovilizaci¨®n de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido pol¨ªtico, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales ¨Cque incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes¨C han copado el vac¨ªo. ¡°Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustituci¨®n de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques¡±, advierte el relator. En esos entornos dif¨ªciles carecen de la protecci¨®n efectiva del Estado. ¡°El retraso y falta de determinaci¨®n pol¨ªtica y de designaci¨®n de fondos suficientes¡± para implementar el acuerdo de paz ¡°es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situaci¨®n de riesgo de los defensores¡±, apunta.
¡°En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno deber¨ªa fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementaci¨®n, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protecci¨®n para personas defensoras¡±, ha manifestado Gustavo Gall¨®n, de la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesi¨®n del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El relator visit¨® Colombia a finales de 2018, tres meses despu¨¦s de la posesi¨®n de Duque. Su documento se presenta una semana despu¨¦s de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situaci¨®n de violencia en en el pa¨ªs. Ante esas observaciones, los sectores m¨¢s radicales del Centro Democr¨¢tico, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil m¨¢s moderado con respecto a su partido, consider¨® ¡°una intromisi¨®n a la soberan¨ªa de Colombia¡± la sugerencia que conten¨ªa de acercar la polic¨ªa a la ¨®rbita del Ministerio del Interior.
El informe de este mi¨¦rcoles ya ven¨ªa precedido de controversia, pues Forst insinu¨® en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del a?o pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la naci¨®n. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de l¨ªderes sociales que han despertado el hast¨ªo de una sociedad ansiosa por pasar la p¨¢gina de la violencia.
La Cruz Roja confirma deterioro de la situaci¨®n humanitaria
El Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirti¨® durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organizaci¨®n, lo confirma: ¡°la situaci¨®n humanitaria en Colombia se ha deteriorado¡±. As¨ª lo subray¨® Christoph Harnisch, jefe de la delegaci¨®n del CICR, quien explic¨® que en 2019 hubo un aumento de v¨ªctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persisti¨® el desplazamiento forzado y se increment¨® la pr¨¢ctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones m¨¦dicas, entre otros fen¨®menos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.
¡°Nuestros equipos documentaron el a?o pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayor¨ªa fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La poblaci¨®n civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las v¨ªctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia¡±, dijo Harnisch.
Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona caus¨® una v¨ªctima diaria durante el a?o pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 v¨ªctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las v¨ªctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonaci¨®n controlada y no advierten a las comunidades.
Seg¨²n la Unidad para la Atenci¨®n y Reparaci¨®n Integral para las V¨ªctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta ¨²ltima es una pr¨¢ctica que se observ¨® en regiones como Choc¨®, en el occidente de Colombia. ¡°Hubo una ligera disminuci¨®n del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundizaci¨®n del conflicto armado¡±.
El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. ¡°Uno entre la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y el Ej¨¦rcito Popular de Liberaci¨®n (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz¡±, explic¨® el delegado.
La fragmentaci¨®n y existencia de tantos grupos hace que la situaci¨®n humanitaria sea m¨¢s compleja que en 2018. En ese contexto el CICR document¨® 93 nuevos casos de desaparici¨®n. ¡°Lamentablemente la desaparici¨®n no es un fen¨®meno de la historia pasada sino del presente¡±, agreg¨® Harnisch sobre uno de los fen¨®menos que arrastra el pa¨ªs. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.
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