El incierto futuro del megadecreto de Milei tiene en vilo a los argentinos

La Corte Suprema argentina ha vuelto esta semana de sus vacaciones de verano con pilas de trabajo tras la asunci¨®n de Javier Milei y tendr¨¢ que decidir sobre uno de los temas que han encendido el debate en el pa¨ªs: el gran decreto de desregulaci¨®n econ¨®mica que present¨® el presidente el pasado 21 de diciembre, m¨¢s de 300 reformas que tocaron desde el despido de miles de empleados estatales hasta el r¨¦gimen de alquiler de propiedades. La norma ejecutiva est¨¢ vigente desde el 29 de diciembre, pero acumula al menos un centenar de demandas en su contra y algunos tribunales ya han frenado reformas, como la flexibilizaci¨®n laboral o los aumentos sin discreci¨®n en los seguros de salud privados. Hay todav¨ªa demandas abiertas, incluso contra la totalidad del decreto, que empezar¨¢n a ser tratadas por el m¨¢ximo tribunal para definir el futuro del decreto.

Al decreto se han opuesto actores de todo tipo. Desde la provincia de La Rioja, en el noroeste del pa¨ªs, que busca frenar el decreto en su totalidad, hasta la Confederaci¨®n Central del Trabajo (CGT), cuyo amparo contra la reforma laboral fue avalado por la C¨¢mara del Trabajo. En el caso de esta ¨²ltima, el pasado 30 de enero, el tribunal de apelaciones decidi¨® dejar sin efecto toda la reforma laboral que limitaba el derecho de huelga, eliminaba las sanciones a empleadores por contratos irregulares, autorizaba jornadas de hasta 12 horas diarias o habilitaba cambios en las indemnizaciones. El Gobierno apelar¨¢ a esta ¨²ltima en la Corte Suprema. ¡°Se va a apelar cada una de las instancias¡±, asegur¨® el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

La Corte tambi¨¦n anunci¨® durante la feria judicial que tratar¨¢ a partir de febrero el recurso de la provincia de La Rioja. El gobernador, el peronista Ricardo Quintela, present¨® a fines de diciembre una acci¨®n declarativa de certeza, es decir, un recurso para controlar la constitucionalidad del megadecreto. Quintela consider¨® que la iniciativa ¡°produce perjuicios irreparables¡± en la sociedad argentina y afecta ¡°m¨²ltiples actividades productivas y econ¨®micas¡± y ¡°relaciones jur¨ªdicas¡± en la provincia. La Procuraci¨®n General de la Naci¨®n dictamin¨® esta semana que la Corte debe intervenir en la demanda que present¨® la provincia. Los jueces la estudiar¨¢n a partir de ahora y no tienen un plazo para resolver la causa.

Adem¨¢s, ha sido validado en tribunales un amparo de la Liga Deportiva de Salto, una asociaci¨®n de f¨²tbol de la provincia de Buenos Aires que se opuso al desembarco de los capitales privados en el f¨²tbol profesional argentino, y ha sido suspendida la desregulaci¨®n de los aumentos de los precios de los seguros de salud privados en casos puntuales, como la demanda de un jubilado de 78 a?os que reclam¨® no poder afrontar las cuotas con su pensi¨®n. Incluso los veteranos de la Guerra de Malvinas se han movilizado contra el decreto: un centro de excombatientes de la ciudad de La Plata, al sur de la ciudad de Buenos Aires, logr¨® la suspensi¨®n de la derogaci¨®n de la ley de tierras, que limita la venta de territorio argentino a empresas o particulares del extranjero. Estas son solo algunas de las demandas contra el decreto que han encontrado curso en los tribunales. Hay m¨¢s de un centenar pendiente.

La justicia federal rechaz¨®, en cambio, dos amparos contra el decreto en su totalidad, uno del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una ONG de Buenos Aires, y otro de la asociaci¨®n civil Gente de Derecho, una organizaci¨®n de abogados de la capital argentina. Para el juez federal que los revis¨®, Enrique Lavi¨¦ Pico, ninguno cumpl¨ªa con probar la ¡°ilegalidad y arbitrariedad¡± que fundamentaban ambas demandas.

¡°Es muy din¨¢mico, todo el tiempo se siguen presentando [recursos judiciales]. Holgadamente hay ya m¨¢s de 100¡±, explica Pablo Salinas, polit¨®logo y consultor pol¨ªtico. Para Salinas, la Corte empezar¨¢ a dar ¡°novedades concretas¡± sobre sus resoluciones la pr¨®xima semana y la jurisprudencia, explica, es contraria a la voluntad del Gobierno. ¡°Las veces que ha ocurrido que el Poder Ejecutivo quiere avanzar sobre determinadas materias, principalmente laborales y algunas de derecho administrativo, [la Corte] lo ha tirado para atr¨¢s para que [el Gobierno] recurra al Poder Legislativo. Si la Corte accede a determinadas cuestiones del DNU, ser¨ªa un cambio de 180 grados¡±, afirma Salinas.

El polit¨®logo se?ala que si eso ocurre se estar¨ªa ¡°generando un antecedente muy complicado para Argentina¡±: ¡°Cambia 100 a?os de historia jur¨ªdica del pa¨ªs¡±. ¡°Hoy lo hace La Libertad Avanza, pero ma?ana lo podr¨ªa hacer otro Gobierno. El Ejecutivo tiene que dialogar y tener una convivencia con el Poder Legislativo y Poder Judicial¡±, se?ala. Lo expres¨® as¨ª el dirigente social peronista Juan Grabois despu¨¦s que Milei impuso el DNU: ¡°Si el d¨ªa de ma?ana me toca ser presidente y defino una reforma agraria, una reforma urbana, poner topes a los precios de los alquileres, nacionalizar empresas estrat¨¦gicas y lo hago por DNU, ?tambi¨¦n voy a poder hacerlo?¡±.

El Congreso, otro cortafuego

El frente judicial no es el ¨²nico dolor de cabeza de Milei. El Congreso discuti¨® todo enero la otra pata de su refundaci¨®n argentina: la ley ¨®mnibus con la que persigui¨® otras 600 reformas, como la privatizaci¨®n de 41 empresas p¨²blicas, mayores impuestos a las exportaciones o hasta facultades legislativas de emergencia para el presidente durante todo su mandato. La ley se desinfl¨® mientras el Gobierno ced¨ªa en sus pretensiones buscando consensos y fue aprobada el viernes con casi la mitad los art¨ªculos del proyecto original. La iniciativa ser¨¢ sometido a una segunda votaci¨®n en la que los legisladores votar¨¢n aprobar o rechazar uno a uno los art¨ªculos el pr¨®ximo martes; despu¨¦s pasar¨¢ al Senado. El debate en la C¨¢mara de Diputado transcurri¨® mientras crec¨ªa la tensi¨®n en las calles: el mi¨¦rcoles y el jueves las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas ante el Congreso.

El debate ha tenido a la ciudadan¨ªa enganchada durante unas amargas vacaciones de verano y ocupados a los propios legisladores, que no conformaron en el plazo establecido la comisi¨®n bicameral para analizar el decreto. Despu¨¦s de que entr¨® en vigor la norma ejecutiva, a fines de diciembre, el Congreso ten¨ªa 10 d¨ªas para conformar una comisi¨®n bicameral de ocho senadores y ocho diputados para analizar si la ¡°necesidad¡± y la ¡°urgencia¡± de la norma ejecutiva est¨¢n justificadas. Vencido el plazo para hacerlo, el peronismo de Uni¨®n por la Patria pidi¨® una sesi¨®n especial para abordar el jueves el megadecreto, pero la vicepresidenta, Victoria Villarruel, retras¨® la convocatoria. Por eso, la validez de la norma ejecutiva, por ahora, est¨¢ en manos de la justicia.

La distracci¨®n y el aturdimiento han sido las formas de Milei durante sus dos primeros meses de Gobierno. El decreto y la ley han impulsado a la calle a sindicalistas, jubilados, inquilinos, artistas, activistas clim¨¢ticos y miles de autoconvocados, cada uno con un punto en contra de la gran reforma que planea llevar a cabo el Gobierno. Incluso a los fan¨¢ticos del f¨²tbol. En diciembre, los socios de Boca Juniors, uno de los equipos m¨¢s populares del pa¨ªs, se movilizaron de a decenas de miles para elegir como presidente del club al exjugador Juan Rom¨¢n Riquelme, que se present¨® como dique de contenci¨®n a las aspiraciones de Mauricio Macri, expresidente de la naci¨®n y del club, que aspiraba volver al poder como uno de los impulsores del desembarco de las sociedades an¨®nimas en el f¨²tbol argentino.

Mientras la oposici¨®n m¨¢s cr¨ªtica con Milei repudia las pretensiones del presidente de concentrar el poder p¨²blico, el Gobierno reclama que les permitan gobernar. El presidente ha planteado que existe en el pa¨ªs hoy ¡°dos Argentinas¡±. ¡°Hay una que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un pa¨ªs desarrollado, que es el que nosotros proponemos¡±, dijo en una entrevista televisiva. Es cierto que otros presidentes argentinos han gobernado imponiendo una gran cantidad de decretos: lo hicieron los peronistas Eduardo Duhalde, tras la crisis de 2001, o Alberto Fern¨¢ndez, durante la pandemia de covid-19, cuando la emergencia estaba claramente justificada; tambi¨¦n usaron esta herramienta de la Constituci¨®n N¨¦stor y Cristina Kirchner y el conservador Mauricio Macri. Pero la cantidad de art¨ªculos que re¨²ne el DNU de Milei ¡ªcientos de art¨ªculos impuestos en menos de un mes de Gobierno¡ª es excepcional.

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