La informaci¨®n que deniega Javier Milei

Soy, lo confieso, un requirente compulsivo. He presentado cientos de pedidos de acceso a la informaci¨®n p¨²blica durante las ¨²ltimas dos d¨¦cadas. Tanto a nivel nacional, como provincial. Me ha ido bastante mal. S¨®lo me respondieron, calculo, algo m¨¢s del 5% de mis solicitudes. Y en ese porcentaje incluyo las veces que al menos tuvieron la deferencia de responderme que no me iban a responder. Aun as¨ª, creo que la decisi¨®n del presidente argentino de restringir el acceso a la informaci¨®n por decreto es un grav¨ªsimo error, como m¨ªnimo, si es que podemos definirlo como un mero ¡°error¡±.

Aludo al decreto 780/2024 que Javier Milei firm¨® hace unos d¨ªas, modificando las pautas de la ley 27.275. Porque, en efecto, el presidente reform¨® por decreto una norma superior del Congreso y por su sola voluntad restringi¨® qu¨¦ se considera informaci¨®n p¨²blica en la Argentina, ampli¨® las excepciones a la obligaci¨®n general de entregar datos que afrontan los funcionarios y aument¨® los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para pedir esos datos.

Para Milei y sus defensores, el decreto s¨®lo busca ¡°ordenar¡± un poco el tsunami descontrolado de pedidos que el Gobierno afirma que afronta. ¡°El decreto no va en contra de la informaci¨®n¡±, argument¨® su vocero, Manuel Adorni. ¡°Simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario p¨²blico o a la honestidad de los funcionarios, y que adem¨¢s concentran mucha utilizaci¨®n de recursos¡±. Pero la reforma es inconstitucional, seg¨²n coinciden expertos como Pablo Secchi, presidente de Poder Ciudadano, una fundaci¨®n que recurre a los pedidos de acceso de manera intensiva desde hace a?os como herramienta para controlar al poder. O el ex relator especial para la Libertad de Expresi¨®n de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) ¡ªy primer director de la Agencia de Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica en la Argentina¡ª, Eduardo Bertoni. O el constitucionalista F¨¦lix Lonigro, entre otros.

No se trata, aclaro, de una discusi¨®n te¨®rica, sino muy pr¨¢ctica. Porque mucha informaci¨®n oficial que deber¨ªa ser visible s¨®lo sale a la luz gracias a estos pedidos insistentes. ?Un ejemplo? Acceder a los registros de ingresos y salidas de la Quinta de Olivos nos permiti¨® vislumbrar qui¨¦nes accedieron a la intimidad de los presidentes Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner o Mauricio Macri. O qui¨¦nes visitaron a Alberto Fern¨¢ndez en plena cuarentena por el covid-19. O qui¨¦nes integran ahora el c¨ªrculo ¨¢ulico de Milei.

A veces, en cambio, los pedidos nos aportan indicios por aquello que no figura en las respuestas que recibimos. ?Un ejemplo? Los ingresos a la Quinta de Olivos que no fueron registrados, pero que s¨ª ocurrieron. Como las entradas a la residencia presidencial del br¨®ker de seguros H¨¦ctor Mart¨ªnez Sosa, acreedor de Alberto Fern¨¢ndez y marido de su secretaria privada, que ahora sabemos que ingres¨® porque la Justicia encontr¨® en su tel¨¦fono algunas selfies que se tom¨® dentro de Olivos. La conclusi¨®n es l¨®gica: ?por qu¨¦ no aparecen esas visitas de Mart¨ªnez Sosa a Olivos? Y yendo m¨¢s lejos: ?qu¨¦ otros ingresos de otros visitantes tampoco se registraron o no nos informaron?

Los pedidos de acceso a la informaci¨®n p¨²blica tambi¨¦n aportan contexto. ?Un ejemplo? Durante los primeros meses de la gesti¨®n Milei present¨¦ m¨¢s de treinta pedidos ante una decena de ¨¢reas distintas del Estado nacional para acceder a datos sobre los fondos fiduciarios que controlaba ¡ªo deb¨ªa controlar¡ª ese mismo Estado nacional. Algunas respuestas fueron valiosas por s¨ª mismas, pero en muchas m¨¢s ocasiones result¨® m¨¢s valioso comprobar cu¨¢n disperso estaba el material y cu¨¢n opaco era.

Por si todo esto fuera poco, los pedidos tambi¨¦n aportan informaci¨®n sobre lo que cada Gobierno se niega a entregar. A menudo eso refleja sus prioridades o, al menos, sus sensibilidades. ?Un ejemplo? De todos los pedidos que present¨¦ al Gobierno de Milei durante estos primeros meses, el que registr¨® m¨¢s demoras y evidenci¨® m¨¢s reticencia fue cuando consult¨¦ una cuesti¨®n menor ¡ªpero de inter¨¦s p¨²blico¡ª sobre sus perros. Y quien lee estas l¨ªneas podr¨¢ pensar que las mascotas presidenciales resultan un asunto banal y le dir¨¦ que coincido en ese punto, aunque eso mismo me lleva a una pregunta subsiguiente: si el asunto es banal, ?por qu¨¦ les cost¨® tanto responder esa consulta?

Mis intentos por acceder a informaci¨®n p¨²blica durante las ¨²ltimas dos d¨¦cadas me han permitido, adem¨¢s, comprobar una tradici¨®n. ?Cu¨¢l? Todos los gobiernos se muestran r¨¢pidos y dispuestos a responder los requerimientos que presentamos durante sus primeras semanas de gesti¨®n¡­ porque esas solicitudes versan sobre la gesti¨®n anterior ¡ªen especial si es de otro signo pol¨ªtico¡ª, pero comienzan a mostrarse m¨¢s remisos a medida que los pedidos comienzan a concentrarse en sus propias acciones.

Ante este panorama, la iniciativa de Milei no s¨®lo es inconstitucional, seg¨²n los expertos, porque con un decreto ha modificado una ley, sino porque abre la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad. ?Por qu¨¦? Porque ser¨¢n los bur¨®cratas quienes definan si los datos que pedimos se vinculan a la esfera p¨²blica o privada de los funcionarios. Y ser¨¢n ellos quienes determinar¨¢n si el requirente abus¨® de un derecho al pedir un dato o, incluso, si actu¨® de mala fe. ?Qui¨¦n tomar¨¢ esa decisi¨®n? ?Acaso el mismo funcionario al que queremos investigar?

Demos un ejemplo concreto: si las pautas del decreto de Milei hubieran regido durante la gesti¨®n anterior, Alberto Fern¨¢ndez podr¨ªa haberse negado a informar sobre los ingresos a la Quinta de Olivos de Sof¨ªa Pacchi durante la cuarentena. Porque Pacchi era funcionaria p¨²blica, pero era amiga de la entonces primera dama, aunque ahora tambi¨¦n le enrostran haber sido amante de Fern¨¢ndez. Y eso, sin contar que en algunas visitas ingres¨® junto a su entonces pareja, un empresario que quer¨ªa quedarse con el contrato de monitoreo de la residencia presidencial. Entonces, ?Pacchi entr¨® como funcionaria, como pareja de un potencial proveedor del Estado o como amiga/amante? Bajo las pautas del decreto de Milei, no sabr¨ªamos que la se?orita ingres¨® a Olivos.

Por supuesto, hay ocasiones en que resulta v¨¢lido rechazar pedidos de acceso a cierta informaci¨®n estatal. Por ejemplo, si los datos requeridos afectan la seguridad nacional. Pero el decreto 780/2024 no apunta a reforzar la protecci¨®n de la informaci¨®n oficial de m¨¢xima sensibilidad. Apunta a estrangular el acceso a la informaci¨®n y, por tanto, a acotar los derechos ciudadanos. Porque este decreto no s¨®lo complica la labor de los periodistas: cercena el derecho de cualquier ciudadano a conocer mejor sobre ¡°la cosa p¨²blica¡±. Y as¨ª lo decidi¨® Milei, que es funcionario p¨²blico y que, por tanto, no es m¨¢s que un servidor p¨²blico. Est¨¢ en su cargo para servirnos. No para ocultarnos informaci¨®n.

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