S¨¢nchez Robles declara que no se encargaba de controlar los contratos
El imputado rompe ante el juez su silencio mantenido durante a?o y medio
Tras a?o y medio de silencio, sin querer dar su versi¨®n en la comisi¨®n de investigaci¨®n de la C¨¢mara vasca y en el juzgado de Vitoria en el que el juez Roberto Ramos instruye el caso de Miguel, Xabier S¨¢nchez Robles, director de Juventud bajo el mandato de Juan Jos¨¦ Ibarretxe, e imputado desde verano de 2010 por su presunto trato de favor al entramado de empresas del caso, acudi¨® ayer a los juzgados de Vitoria por iniciativa propia para dar explicaciones sobre los contratos que le vinculan con ¨¦l.
Lo hizo aportando grandes pilas de documentos con los que trat¨® de demostrar la legalidad de los contratos menores que su direcci¨®n adjudic¨® a varias empresas en las que los administradores eran sus amigos y compa?eros de partido, el exdiputado alav¨¦s Alfredo de Miguel y el exconcejal del PNV en Leioa I?aki San Juan. Fueron m¨¢s de 200.000 euros en numerosos contratos adjudicados a las empresas Errexal, Kataia y Ortzi Muga, supuestamente empresas pantalla para el cobro de comisiones, entre 2006 y 2009. que est¨¢n siendo investigados por la justicia por estar aparentemente injustificados.
Aport¨® cantidad ingente de escritos, mucha de ella sin firma para su v¨¢lidez
Sin embargo, al menos parte de la documentaci¨®n aportada por el imputado carec¨ªa de los elementos que contiene todo escrito oficial de las administraciones p¨²blicas para tener validez. Entre otras cuestiones, faltaban firmas en los documentos y la informaci¨®n del registro, as¨ª como la informaci¨®n de remitentes y el destinatario.
S¨¢nchez Robles, que ayer solo respondi¨® a las preguntas de su abogado, Javier Beramendi, y del juez, Roberto Ram¨®s, dedic¨® buena parte de su comparecencia a explicar aspectos relacionados con la contrataci¨®n y se sacudi¨® la responsabilidad de los contratos para realizar informes, de los que no hay constancia que se realizara ninguno, asegurando que corr¨ªan a cargo de una mesa de contrataci¨®n, tr¨¢mite que no es necesario en este tipo de contratos. Apunt¨®, asimismo, a otras personas de la Direcci¨®n de Juventud como responsables de la tarea de controlar que las entidades contratadas realizaran los trabajos, a pesar de que una funcionaria de Cultura declar¨® lo contrario hace d¨ªas, apuntando a S¨¢nchez Robles como la persona que realizaba las comprobaciones y autorizaba las facturas.
Para justificar uno de los correos electr¨®nicos m¨¢s esclarecedores que obran en poder del juzgado que instruye el caso, el que envi¨® I?aki San Juan, administrador de una de las empresas que logr¨® contratos de la direcci¨®n de S¨¢nchez Robles, Errexal, a Alfredo de Miguel en el que se pod¨ªa leer que ¡°Xabier no puede meternos un duro (Asunto Roberto) nos propone dos campos de trabajo cuyo margen es muy peque?o¡±, S¨¢nchez Robles neg¨® ante el juez conocer a qu¨¦ ¡°Xabier¡± se refer¨ªa y neg¨® que fuera ¨¦l.
Tampoco el propio Alfredo de Miguel fue capaz de explicar este correo electr¨®nico. ¡°Desconozco a qu¨¦ se refer¨ªa¡±, se?al¨® el exdiputado alav¨¦s en su declaraci¨®n ante el juez a finales de 2011. En su comparecencia de entonces, De Miguel trat¨® de justificar uno de los tres contratos de Cultura con Kataia al presentar un informe aunque, seg¨²n se desprendi¨® de su declaraci¨®n, no supo aclarar por qu¨¦ nada indica que el informe fuera de 2007 y por qu¨¦ en los registros del Gobierno vasco no figura su entrada.
A ojos del presidente de la comisi¨®n parlamentaria que ultima sus trabajos con la presentaci¨®n de enmiendas al borrador de dictamen que propuso este, S¨¢nchez Robles ¡°o actu¨® con negligencia o lo hizo en connivencia con las empresas¡± investigadas. Destaca en su escrito, a¨²n a falta de ser aprobado por la comisi¨®n, que hubo un quebrantamiento econ¨®mico para las arcas p¨²blicas con estos contratos. S¨¢nchez Robles, casado con una parlamentaria del PNV, ¡°dio el visto bueno a facturas sin la comprobaci¨®n previa necesaria¡±, relata el borrador de dictamen.
Su autor, Juanjo Aguirrezabala (EA) apunta a un posible delito de tr¨¢fico de influencias a tenor de la informaci¨®n que ha manejado la investigaci¨®n parlamentaria que se ha desarrollado a puerta cerrada durante el ¨²ltimo a?o.
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