Ibarra nunca quiso investigar a los contribuyentes que incluy¨® en su lista

Juan Ram¨®n Ibarra, exjefe de la Inspecci¨®n Fiscal de Bizkaia, nunca tuvo la pretensi¨®n de investigar a las m¨¢s de 200 personas, tanto f¨ªsicas como jur¨ªdicas, que llegaron a integrar el listado protegido de contribuyentes que elabor¨® para impedir o dificultar, mediante la traba de un programa inform¨¢tico, que se les realizaran inspecciones tributarias. Este uno de los puntos nucleares de la sentencia del Tribunal Supremo, cuyo fallo avanz¨® EL PA?S el martes, que revoca la absoluci¨®n previa del acusado por la Audiencia vizca¨ªna y le condena a cuatro a?os y medio de prisi¨®n y a pagar una multa de m¨¢s de 4.500 euros.

Tomando como punto de partida el propio relato de hechos probados que hizo el fallo de la Audiencia de Bizkaia, el Supremo considera ahora, en cambio, que Ibarra cometi¨® un delito continuado de falsedad documental, al impulsar la citada lista protegida ¡°con el conocimiento y la voluntad de que trastocaba la realidad y convert¨ªa en veraz lo que no era¡±. ¡°Aparentaba en el programa inform¨¢tico de la Hacienda foral que estaba investigando a una serie de contribuyentes cuando era consciente de que no los estaba investigando ni proyectaba tampoco hacerlo¡±, prosigue la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

La condena a Ibarra supone un caso ¡°extraordinario¡±, seg¨²n aseguran fuentes jur¨ªdicas, ya que las causas de revocaci¨®n ¡°son muy restringidas¡±.

La sentencia ha estimado el recurso presentado por la Fiscal¨ªa vizca¨ªna, que incid¨ªa en la comisi¨®n de un delito de falsedad documental por el acusado, quien fue responsable de la Inspecci¨®n fiscal entre 1989 y 2004.

El alto tribunal enmienda al territorial al se?alar que la traba inform¨¢tica que dificultaba el acceso a la informaci¨®n de las personas protegidas pudo provocar que los funcionarios de Hacienda, ¡°en buena l¨®gica¡±, ni siquiera intentaran gestionar el caso del contribuyente que figuraban en la lista.

El Supremo va incluso m¨¢s all¨¢ al ubicar ¡°en la l¨®gica de lo razonable¡± el argumento del Ministerio P¨²blico de que Ibarra pretend¨ªa ¡°darle un trato de favor a los integrantes del listado inform¨¢tico¡±. Tampoco comparte con la Audiencia la justificaci¨®n exculpatoria de que la citada lista no afectaba a las relaciones jur¨ªdicas entre la Hacienda foral y los administrados, al entender que el hecho de que algunas personas quedaran sin inspeccionar conllevaba un perjuicio directo para los ciudadanos que s¨ª abonaban sus impuestos. ¡°No es preciso entrar a dilucidar si concurr¨ªa o no un ¨¢nimo de favorecimiento de ciertos contribuyentes por parte del acusado¡±, sostiene el fallo, en el que se concreta que ¡°ese ¨¢nimo espec¨ªfico ser¨ªa necesario constatarlo para la aplicaci¨®n de otros tipos penales, pero no para el delito de falsedad¡±.

La condena a Ibarra supone un espaldarazo para la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Ad¨¢n, quien se qued¨® como ¨²nica acusaci¨®n tras retirarse del caso la Diputaci¨®n en 2010, siete a?os despu¨¦s de iniciarse el caso y meses antes de que se celebrara la vista oral en la Audiencia vizca¨ªna.

La defensa anuncia que recurrir¨¢ la decisi¨®n ante el Constitucional

El Supremo descarta, sin embargo, el delito continuado de prevaricaci¨®n que la fiscal tambi¨¦n imput¨® al acusado. Entiende en este sentido que la orden que Ibarra dio a una subordinada para confeccionar el pol¨¦mico listado puede considerarse un acto administrativo, pero no tiene la condici¨®n ni la naturaleza de una resoluci¨®n administrativa, un ¡°requisito objetivo que no concurre en este caso¡±.

La sentencia solo es recurrible ya ante el Tribunal Constitucional. La defensa de Ibarra anunci¨® ayer que lo har¨¢.