Los sindicatos cifran en 500 los puestos p¨²blicos eliminados
Unas 200 personas, muchas de ellas trabajadores de servicios dependientes de Benestar, montaron una cadena que rode¨® el per¨ªmetro de los edificios administrativos de la Xunta
Si hace un mes el s¨ªmbolo elegido para la protesta fue una subida al Gai¨¢s, objeto de todas las cr¨ªticas de despilfarro, ayer los empleados p¨²blicos indignados por los recortes de plazas se quedaron mucho m¨¢s cerca del lugar donde se toman las decisiones que afectan a sus puestos de trabajo y al futuro de los servicios que prestan. Unas 200 personas, muchas de ellas trabajadores de servicios dependientes de Benestar, montaron una cadena que rode¨® el per¨ªmetro de los edificios administrativos de la Xunta en Santiago para protestar por la amortizaci¨®n de plazas p¨²blicas, que este a?o ser¨¢ de unos 500 puestos, seg¨²n portavoces del CSIF y de CIG, dos de los cuatro sindicatos presentes en el Comit¨¦ Intercentros que convoc¨® el acto de protesta. En este c¨¢lculo de las centrales est¨¢n incluidas 270 plazas de centros de d¨ªa, escuelas infantiles o centros de educaci¨®n especial que este a?o no saldr¨¢n a concurso.
Al mismo tiempo que los trabajadores de los entes auton¨®micos sal¨ªan a la calle, el Tribunal Superior de Xustiza acog¨ªa una vista sobre el conflicto colectivo presentado en mayo por CIG, CSIF, CCOO y UGT contra la Lei de Medidas de Emprego P¨²blico de Galicia aprobada en marzo. La norma reduce las retribuciones de los funcionarios de baja por enfermedad y suspende determinados art¨ªculos del convenio colectivo del personal laboral de la Xunta, como el que afecta al trabajo en domingo o d¨ªa festivo, que ya no se intercambia por d¨ªas libres. Montse Rodr¨ªguez, portavoz del CSIF en Pontevedra, anuncia ¡°una subida del ratio cuidador-usuario¡± en servicios en los que el beneficiario necesita mucha atenci¨®n, como es el caso de los grandes discapacitados. Rodolfo Docampo, representante de la CIG en el comit¨¦ de empresa de la Xunta, ofrece id¨¦ntico diagn¨®stico y critica el recurso a la privatizaci¨®n. ¡°En el centro de menores de Montealegre (Ourense), la Xunta ha gastado 900.000 euros en obras para que al final lo gestione una empresa privada¡±, ejemplifica.
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