El resultado de la demanda del fiscal beneficiar¨¢ a todos los afectados
El ministerio p¨²blico pide la nulidad de los contratos con cl¨¢usulas abusivas
Los 43.000 clientes que suscribieron participaciones preferentes de Caixanova y Caixa Galicia tienen desde el martes un motivo de esperanza para poder llegar a recuperar sus ahorros. La demanda que present¨® ese d¨ªa la fiscal¨ªa general de Galicia contra Novagalicia Banco asume que la mayor parte de los suscriptores de este producto financiero de alto riesgo fueron v¨ªctimas de cl¨¢usulas abusivas, por parte de las antiguas cajas gallegas. Por esta raz¨®n, se reclama que Novagalicia reintegre a los ahorradores el total de la inversi¨®n realizada e incluso apunta la posibilidad de que ¨¦stos sean indemnizados por los da?os y perjuicios causados. El fiscal jefe, Carlos Varela, indic¨® que deber¨ªan declararse nulos los contratos en los que se hayan producido pr¨¢cticas abusivas. La demanda pide que cesen este tipo de pr¨¢cticas y que se evite repetirlas en el futuro.
Entre los argumentos de la demanda se incluye la descripci¨®n de una veintena de casos particulares, al ser considerados ejemplo del modo en el que fueron comercializadas las preferentes. Los ahorradores explican que siempre creyeron que estaban suscribiendo un dep¨®sito y que nunca les explicaron con claridad las condiciones de lo que estaban firmando en realidad. A la mayor¨ªa de ellos se les dijo que podr¨ªan recuperar el dinero con celeridad en cualquier momento y no se les realiz¨® un test de idoneidad. A los que se les realiz¨® la citada prueba se les colocaron igualmente las preferentes, aunque su perfil no se ajustaba al de inversor de alto riesgo al que iban destinadas.
En la demanda el fiscal solicita medidas cautelares para garantizar que se podr¨¢ realizar el pago a los afectados. As¨ª, se pide que Novagalicia Banco deposite la cantidad de 1.108 millones de euros para cubrir el dinero desembolsado por los ahorradores, dado el incierto escenario financiero en el que se mueve Novagalicia Banco. Desde la entidad recordaron ayer que esta cifra resulta excesiva ya que la cantidad que se distribuy¨® entre los inversores minoristas, a trav¨¦s de las diversas emisiones realizadas, s¨®lo alcanz¨® los 960 millones de euros.
Durante la explicaci¨®n de los t¨¦rminos de la demanda, el fiscal explic¨® que la forma de comercializaci¨®n de las preferentes llev¨® a que los clientes fuesen sorprendidos ¡°en su buena fe¡± y se convirtiesen sin saberlo en inversores de riesgo. ¡°No se entiende que hayan quedado en esa situaci¨®n cuando solo pretend¨ªan realizar un dep¨®sito¡±, a?adi¨® Varela, quien record¨® que las preferentes llegaron a ser vendidas a personas analfabetas y a menores de edad.
El fiscal considera que todas las emisiones de preferentes realizadas por las antiguas Caixanova y Caixa Galicia incluyen cl¨¢usulas abusivas, aunque la legislaci¨®n se endureci¨® a partir de diciembre de 2007, cuando entr¨® en vigor una directiva europea que obligaba a las entidades a realizar tests de idoneidad a los posibles suscriptores de productos de riesgo como las preferentes. ¡°Tambi¨¦n era obligatorio dar informaci¨®n suficiente a los clientes sobre este tipo de productos antes de la entrada en vigor de la normativa MiFID¡±, indic¨® Varela.
El fiscal explic¨® que una vez que se emita la sentencia sobre este asunto todos los afectados por las preferentes podr¨¢n reclamar la devoluci¨®n del dinero invertido, aunque no est¨¦n presentes en la demanda colectiva que incluye 1.613 casos de particulares. De todas formas, cada caso deber¨¢ ser analizado particularmente ya que hay suscriptores de preferentes que s¨ª sab¨ªan lo que estaban firmando cuando las compraron.
Varela se?al¨® que durante la reuni¨®n que celebr¨® con otros fiscales de otras comunidades aut¨®nomas hace unos d¨ªas se acord¨® que la demanda realizada por la fiscal¨ªa gallega servir¨¢ de ejemplo para las acciones que puedan iniciarse en otros territorios. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunci¨® la semana pasada que incluir¨¢ casos gallegos en una demanda penal que se prepara sobre este asunto.
La demanda ha sido atribuida al juzgado n¨²mero 11 de A Coru?a. Un 59% de los casos que forman parte de la acci¨®n civil pertenecen a vecinos de la provincia de Pontevedra, un 25% de A Coru?a, el 8% son de Lugo e id¨¦ntico porcentaje de Ourense. El Instituto Galego de Consumo fue la entidad que aport¨® un mayor n¨²mero de reclamaciones (1.166), mientras que la asociaci¨®n Adicae facilit¨® otras 435 y la fiscal¨ªa de Pontevedra remiti¨® 12 casos.
¡°Un caso as¨ª puede llevar a?os¡±
Aunque la mayor¨ªa de las plataformas de afectados no conocen en detalle el contenido de la demanda, algunas s¨ª que han podido acceder a la misma. Jos¨¦ Manuel Est¨¦vez, uno de los portavoces de la plataforma de Vigo, considera que en general lo que reclama la fiscal¨ªa ¡°est¨¢ bien¡±, aunque echa en falta que no se haya incluido a los afectados por la compra de obligaciones subordinadas en la demanda. Est¨¦vez espera que los ahorradores puedan llegar a recuperar su dinero pero tambi¨¦n reclama que se emprendan acciones penales para buscar y castigar a los responsables de lo ocurrido.
Por su parte, Agenor G¨®mez, abogado que gestiona varios casos de afectados, expres¨® sus dudas sobre el recorrido que pueda tener la demanda, dado que cuando se pide la nulidad de los contratos los jueces tienden a analizar cada uno de los casos incluidos en la demanda ¡°y eso puede llevar a?os¡±. G¨®mez, que conoce de cerca el problema ya que hasta esta misma semana era vicepresidente de Adicae-Galicia, explica que cada afectado tendr¨¢ que recurrir de forma individual para recuperar su dinero ya que ¡°cada caso es diferente¡±.
En lo que se refiere a las medidas cautelares solicitadas, el abogado indica que tampoco tienen muchas posibilidades de ser admitidas ya que Adicae present¨® una petici¨®n similar hace dos a?os por el caso de los cl¨¢usulas swaps de las hipotecas y el juez rechaz¨® las medidas cautelares que se hab¨ªan solicitado.
Desde Novagalicia Banco no se valoran los t¨¦rminos de la demanda y se limitan a se?alar que son los primeros interesados en que pueda solucionarse el problema. Fuentes de la entidad reconocieron que hubo preferentes que se comercializaron de forma incorrecta y otras se vendieron de forma adecuada. Adem¨¢s, indicaron que lav¨ªa del arbitraje, que tambi¨¦n propone la Xunta, es la m¨¢s adecuada para los ahorradores que se consideran perjudicados.
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