11 a?os de c¨¢rcel por el fraude de Ir¨²n
Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo deber¨¢ pagar dos millones de multa y devolver 1,9 millones al fisco de Gipuzkoa. La Audiencia condena a tres a?os y cuatro meses a su mujer
Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo cargar¨¢ con la pena de ser el responsable del mayor esc¨¢ndalo que ha salpicado a la Hacienda de Gipuzkoa, el fraude fiscal cometido en la agencia tributaria de Ir¨²n. La Audiencia de Gipuzkoa le condena a 11 a?os de prisi¨®n y al pago de dos millones de euros de multa, adem¨¢s de exigirle la devoluci¨®n de los 1,9 millones por el dinero sustra¨ªdo a las arcas forales. A su esposa, Rosa Cobos, como colaboradora en los hechos, el tribunal le impone penas de tres a?os y cuatro meses de c¨¢rcel y otros dos millones de sanci¨®n. Los jueces del caso consideran acreditado que Bravo no ingres¨® en la Hacienda guipuzcoana las cantidades que le entregaron una treintena de contribuyentes, sino que se apropi¨® de esas sumas para su enriquecimiento.
Los delitos
- Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo es condenado a siete a?os de prisi¨®n por malversaci¨®n de caudales y a 16 a?os des inhabilitaci¨®n absoluta por este delito. Por el de prevaricaci¨®n, queda inhabilitado durante otros nueve a?os. Se le impone una pena de tres a?os de c¨¢rcel y debe pagar una multa de dos millones por blanqueo de dinero, con un d¨ªa de privaci¨®n de libertad por cada 10.000 euros no abonados. Est¨¢ condenado a un a?o de prisi¨®n por alzamiento de bienes. Tiene que abonar a la Hacienda de Gipuzkoa, como responsabilidad civil, 1,9 millones m¨¢s intereses.
- Rosa Mar¨ªa Cobos es autora de un delito de blanqueo de capitales, por el que ha sido condenada a dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n, adem¨¢s del pago de una multa de dos millones de euros. Un a?o de prisi¨®n por el delito de alzamiento de bienes.
La sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, de 380 folios de extensi¨®n, encuentra a Bravo culpable de sendos delitos continuados malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y de prevaricaci¨®n, adem¨¢s de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes. De estas dos ¨²ltimas infracciones tambi¨¦n responsabiliza a Cobos. Pedro Mar¨ªa Atristrain, exsocio de Bravo y a quien le levantaron los cargos, queda absuelto.
Adem¨¢s de las penas de reclusi¨®n ¡ªsiete a?os por malversaci¨®n, tres por blanqueo y uno por alzamiento de bienes¡ª, la Secci¨®n Primera de la Audiencia de Gipuzkoa condena pr¨¢cticamente de por vida a Bravo para ejercer cualquier cargo p¨²blico. A sus 48 a?os, queda inhabilitado en los pr¨®ximos 16 a?os para desempe?ar un empleo p¨²blico y en otros nueve a?os no podr¨¢ trabajar en la administraci¨®n tributaria. Tanto a Bravo como a su mujer, se les impone a una multa de dos millones a cada uno. Si no hacen frente a esta sanci¨®n, permanecer¨¢n ¡°un d¨ªa de privaci¨®n de libertad¡± por cada 10.000 euros no abonados. Al matrimonio le ser¨¢n decomisados bienes hasta un l¨ªmite de 1,66 millones, que incluyen varias fincas en Jerte, entre las que se incluye el hotel que regentan, otra finca en ?vila y una vivienda en Barcelona.
El hotel que regenta el matrimonio en Jerte queda decomisado
La sentencia reproduce el modus operandi de Bravo al frente de la oficina tributaria de Ir¨²n, de la que fue su m¨¢ximo responsable entre 1990 y 2004. Durante este periodo, el condenado cobr¨® diversas cantidades de dinero a contribuyentes morosos que luego no ingresaba en su totalidad en las cuentas de la Hacienda guipuzcoana. La defensa del principal acusado insisti¨® durante el juicio en que no se pudo probar durante las 19 sesiones que dur¨® que su cliente se hubiese apoderado de un solo euro.
El tribunal, del que ha sido ponente el presidente de la Audiencia, I?aki Subijana, analiza uno a uno de forma pormenorizada todos los expedientes que el fiscal consider¨® irregulares y en los que supuestamente intervino Bravo con la intenci¨®n de sustraer cantidades de dinero. Y llega a una conclusi¨®n que se repite en todos los casos: ¡°El se?or Bravo recibi¨® el dinero y no lo ingres¨® en la Tesorer¨ªa Foral. Elocuente es el dictamen pericial de la se?ora Henar que ya ha sido valorado por el Tribunal¡±. La se?ora Henar es la autora de un informe pericial que analiza los ingresos contabilizados en las cuentas de la Hacienda foral entre 1991 y 2004, donde no figuran las cifras recibidas por Bravo.
Una sentencia ¡°justa y ejemplar¡±
Tras una lectura de urgencia del fallo que condena a Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo a 11 a?os de prisi¨®n por el fraude de la Hacienda de Ir¨²n, la presidenta de las Juntas Generales y el director del fisco guipuzcoano, Lohitzune Txarola y Xabier Olano, respectivamente, realizaron una valoraci¨®n muy positiva de la sentencia. A las puertas de la Audiencia provincial, aseguraron que la resoluci¨®n judicial es ¡°justa y ejemplar¡±.
De la misma, los responsables de Bildu destacaron, sobre todo, que los condenados deber¨¢n abonar dos millones de euros cada uno a la Hacienda foral por blanqueo de dinero, adem¨¢s de devolver 1,9 millones por el dinero sustra¨ªdo. ¡°En resumen, no creo que la Hacienda pierda mucho si es que recupera esos 5,9 millones. Esa es la labor dif¨ªcil y laboriosa que hay que desarrollar en los pr¨®ximos meses¡±, afirm¨® Olano.
Tambi¨¦n incidieron en que muchos de los inmuebles que son propiedad del matrimonio Bravo-Cobos han sido embargados y, consecuentemente, la Diputaci¨®n de Gipuzkoa podr¨ªa ¡°ejecutarlos¡± en el caso de que los condenados no hagan frente a las responsabilidades civiles que recoge la sentencia.
La vista oral por este caso, que comenz¨® a investigarse en 2006 tras una denuncia presentada ante la Fiscal¨ªa por la Diputaci¨®n guipuzcoana, se celebr¨® en la Audiencia de Gipuzkoa entre el 16 de abril y el 23 de mayo, cuando qued¨® visto para sentencia. Tanto la Diputaci¨®n de Gipuzkoa como las Juntas Generales, que han ejercido la acusaci¨®n particular, solicitaban penas que sumaban 27 a?os de prisi¨®n para Bravo y siete a?os y cinco meses de reclusi¨®n para su mujer. Por su parte, el Ministerio P¨²blico pidi¨® penas que sumaban 24 a?os y 3 meses de c¨¢rcel para Bravo y de seis a?os y tres meses para Cobos.
La resoluci¨®n judicial considera que Bravo recibi¨® de los contribuyentes ¡°pagos en met¨¢lico o en cheques¡± y no los ingres¨® en las arcas forales. Parte de ese dinero se detect¨® ¡°en sus cuentas corrientes o en las inversiones inmobiliarias y mercantiles realizadas¡±. Bravo cobraba el dinero y, seg¨²n el fallo judicial, ¡°guard¨® el mismo durante un periodo de tiempo¡± hasta que ¡°decidi¨® hacer aflorar el mismo ocultando su origen delictivo¡±. Esas sumas fueron a parar a sus cuentas bancarias y las emple¨® en ¡°la compra de empresas, la adquisici¨®n de determinados bienes inmuebles, la rehabilitaci¨®n de una vivienda familiar de Jerte (C¨¢ceres) y, finalmente, la construcci¨®n de un hotel rural y un spa en esta ¨²ltima localidad¡±. Es por ello que Bravo ¡°cometi¨® plurales injustos¡± de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
La sentencia explica asimismo que los ¡°at¨ªpicos ingresos¡± permitieron al matrimonio Bravo-Cobos obtener ¡°una financiaci¨®n bancaria que, de forma evidente no hubieran podido captar con los ingresos que percib¨ªan de forma legal¡±. La extensa resoluci¨®n incluye una tabla en la que figuran por un lado los salarios del matrimonio y, por otro, los pr¨¦stamos solicitados y cancelados. Hay tal desproporci¨®n entre ambos que los jueces s¨®lo encuentran la siguiente explicaci¨®n: ¡°La solvencia solapada que ofrec¨ªa el latrocinio p¨²blico que se protagonizaba¡±.
La Audiencia considera que Cobos cometi¨® un delito de blanqueo de capitales por ¡°actos encaminados a encubrir y ocultar el origen delictivo del dinero¡±.
Bravo queda absuelto del delito de estafa que se le imputaba, porque lo recoge en el de malversaci¨®n. Tambi¨¦n es culpable de usurpaci¨®n p¨²blica, porque el tribunal no considera probado que recibi¨® dinero de un contribuyente ocult¨¢ndole que hab¨ªa dejado de ser jefe del servicio de recaudaci¨®n de Ir¨²n.
Bravo, que cumpli¨® 16 meses de prisi¨®n durante la fase de instrucci¨®n de este caso, podr¨¢ recurrir esta sentencia en casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. La acusaci¨®n particular, que ejercen la Diputaci¨®n y las Juntas Generales de Gipuzkoa, aseguraron que no piensan recurrirla.
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