Refer¨¦ndum y no consulta

Pere Navarro lleva semanas repitiendo que el PSC es partidario de que los catalanes ejerzan su derecho a decidir y que, llegado el d¨ªa, los socialistas pedir¨ªan el no. Sin embargo, en el borrador del programa electoral queda muy difuminada esa idea y se limita a recoger el texto que votaron los diputados socialistas en el Parlament. Y ni siquiera eso, pues en aquella resoluci¨®n se dec¨ªa que el PSC se compromete a promover todas las reformas necesarias para la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum o consulta acordado en el marco de la legalidad.

En el programa ha sido borrada la palabra consulta, lo que significa que los socialistas no son partidarios de que la Generalitat pueda convocar a los ciudadanos a que se pronuncien sobre la secesi¨®n al amparo de una ley catalana que redacte el Parlament y si el Gobierno central se niega a convocar el refer¨¦ndum, como es m¨¢s que previsible. Pero es que, adem¨¢s, la introducci¨®n del t¨¦rmino consulta en aquella resoluci¨®n del PSC sirvi¨® para desatascar un ¨¢spero debate que se produjo entre los diputados, profundamente divididos entre dos bloques.

Curiosamente, en el cap¨ªtulo titulado Calidad democr¨¢tica, el PSC propone una ley de consultas ¡°que permita dinamizar grandes procesos deliberativos a nivel de toda Catalu?a, sin excluir los procesos en que la participaci¨®n se expresa v¨ªa votaci¨®n¡±. Para disipar dudas, el programa dice que eso permitir¨ªa conocer la opini¨®n de los catalanes en cuestiones como ¡°la protecci¨®n social, la energ¨ªa nuclear o tantas otras¡±.

En otro cap¨ªtulo se propone reforzar la ley de iniciativas legislativas populares para hacerla m¨¢s garantista y blindar que, reunidas las firmas, la proposici¨®n se debata en el Parlament. Tambi¨¦n se sugiere un gran acuerdo de todas las fuerzas pol¨ªticas para que los acusados de corrupci¨®n econ¨®mica sean apartados de manera transitoria del cargo y del partido desde el momento en que sean imputados por un juez. Otra medida es promover una modificaci¨®n del C¨®digo Penal para que en los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica en los que se produzca un beneficio patrimonial, los partidos pol¨ªticos respondan cuando participen del beneficio obtenido. Es lo que ha pasado con Uni¨® en el caso Pallarols y con Converg¨¨ncia en el saqueo del Palau de la M¨²sica, con la imposici¨®n de una fianza de 3,3 millones de euros.