No lo cuentes, escr¨ªbelo en el BOJA
Andaluc¨ªa tiene competencias en defensa de los consumidores con las que conseguir¨ªa frenar el 70% de los desahucios
Si la democracia espa?ola tuviera cara estar¨ªa roja de verg¨¹enza por lo que ocurre en nuestro pa¨ªs. Ha tenido que llegar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia europeo para que se haga p¨²blico lo que toda la ciudadan¨ªa sab¨ªamos: que las leyes que se aplican en los desahucios son un abuso y una injusticia.
Hace apenas seis meses, un grupo de magistrados elabor¨® un informe para el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios que expon¨ªa a las claras la sinraz¨®n de estos procedimientos. Afirmaban los magistrados que algunas de las leyes que se aplican se redactaron en 1909, que el procedimiento carece de garant¨ªas para el consumidor y que convierte a los jueces en cobradores del frac al servicio de las entidades financieras. El CGPJ no desaprovech¨® la ocasi¨®n de demostrar su falta de independencia y ecuanimidad y, en vez de requerir una reforma legal en profundidad, rest¨® importancia a sus conclusiones y enterr¨® el informe en los cajones donde duermen todas las esperanzas de justicia.
Si la democracia espa?ola tuviera rostro, se pondr¨ªa roja de indignaci¨®n al comprobar que el Gobierno no se inmuta ante la sentencia e incluso afirma que avala su intenci¨®n de modificar las normativa actual, pero que es necesario ser cuidadoso para no alarmar al sector financiero.
Si en Andaluc¨ªa de verdad existe un Gobierno con sensibilidad y pol¨ªticas distintas a las practicadas por el Gobierno central, ahora es el momento de los hechos, no de las palabras ni las confrontaciones in¨²tiles. Cuando nuestros gobernantes proclaman que tienen en el Estatuto de Autonom¨ªa una hoja de ruta para la acci¨®n, es el momento de exigirles que hagan uso de este instrumento y no lo saquen de paseo cada 28 de febrero como si fuera la procesi¨®n de la Macarena.
Andaluc¨ªa, seg¨²n el art¨ªculo 58 del Estatuto, tiene competencias exclusivas en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Nada impide a la Junta de Andaluc¨ªa ejercer una eficaz protecci¨®n de estos derechos en el caso sangrante de los desahucios de forma directa, evitando los abusos y tomando parte en las causas cuando as¨ª se determine.
Hay, adem¨¢s, muchos casos en los que la aplicaci¨®n de los desahucios atenta contra los derechos de protecci¨®n de colectivos especialmente vulnerables. El Estatuto de Autonom¨ªa establece en su art¨ªculo 18 una protecci¨®n y atenci¨®n integral a los menores de edad y obliga a los poderes p¨²blicos a velar por su bienestar y seguridad. ?Se puede, con el Estatuto en la mano, desalojar de sus viviendas, sus habitaciones, su entorno a miles de menores de edad en nuestra tierra? En los casos de desahucios que conozco los menores sufren de forma terrible este exilio familiar, se resienten sus estudios y se producen numerosos cuadros de depresi¨®n y angustia.
En un caso parecido est¨¢n los desahucios de personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres afectadas por violencia de g¨¦nero para los que nuestro Estatuto establece la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de velar especialmente por su bienestar y su autonom¨ªa personal. Con el simple desarrollo de estos art¨ªculos se conseguir¨ªan frenar el 70% de los desahucios en nuestra comunidad.
Finalmente, en aplicaci¨®n del Estatuto, que convierte en derecho subjetivo el derecho a una vivienda digna, ser¨ªa posible prorrogar cualquier desahucio hasta tanto las personas afectadas no dispongan de una vivienda alternativa bien a trav¨¦s de la ayuda p¨²blica o del alquiler social.
Si el Tribunal de Justicia Europeo ha puesto patas arriba la legislaci¨®n espa?ola bas¨¢ndose solo y exclusivamente en los derechos que nos asisten como consumidores, la actual situaci¨®n puede ser impugnada por instituciones con competencias en materias afectadas como es, en este caso, la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa.
Por eso, lo que tengan que decirnos los gobernantes andaluces, que no lo hagan en rimbombantes ruedas de prensa y en papel de colorines sino en las monocrom¨¢ticas p¨¢ginas del BOJA. El ¨²nico riesgo: un recurso de competencias con el Gobierno central que ser¨¢ bienvenido si el objetivo es proteger, de verdad, el inter¨¦s general.
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