El juez investiga la financiaci¨®n ilegal del PP en todos los municipios

La vertiente valenciana del caso G¨¹rtel, que incluye la investigaci¨®n de la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP por parte de una decena de empresas constructoras en la ¨¦poca del boom del ladrillo y la obra p¨²blica, sigue complicando el futuro del partido. El magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Jos¨¦ Ceres, ha reclamado por medio de una providencia a todas las delegaciones municipales de la formaci¨®n en la comunidad aut¨®noma ¡°una relaci¨®n de contratos celebrados con Orange Market¡±, la sucursal en Valencia de la red que administraba ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, as¨ª como ¡°los pagos efectuados a dicha entidad¡±.

El juez requiere dicha informaci¨®n referida a los a?os 2007 y 2008, que fue cuando supuestamente los populares financiaron irregularmente las campa?as de las elecciones municipales y auton¨®micas (en el primer caso) y generales (en el segundo). Para evitar las posibles f¨®rmulas de ocultaci¨®n de los verdaderos servicios prestados por la trama corrupta, el magistrado ordena que se le remitan los contratos firmados por ¡°todo tipo de actos, sean o no electorales¡±.

En la causa est¨¢n imputados, adem¨¢s de los cabecillas de la trama G¨¹rtel, el extesorero nacional del PP Luis B¨¢rcenas; el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; el ex n¨²mero dos del PP valenciano Ricardo Costa, la extesorera Yolanda Garc¨ªa, y el exvicesecretario general del partido David Serra. Todos, salvo B¨¢rcenas, son diputados en las Cortes Valencianas. Junto a ellos, est¨¢n imputados los responsables de las empresas Lubasa, Grupo Cyes, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Piaf y Construcciones Hormigones Mart¨ªnez.

Varias de las empresas cambiaron de denominaci¨®n tras el estallido del caso G¨¹rtel, en febrero de 2009. Para evitar confusiones, el magistrado requiere al Registro Mercantil la certificaci¨®n del ¡°historial de las sociedades¡±. Y al Registro de Patentes y Marcas, las ¡°inscripciones y modificaciones de las marcas y nombres comerciales¡± que se hubieran producido.

Las constructoras, que se beneficiaron de grandes contratos del Gobierno valenciano durante los mandatos del expresidente Francisco Camps, ocultaron, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el pago de actos electorales del PP bajo falsos contratos suscritos con Orange Market en los que se fijaban distintos conceptos. El juez solicita por ello al hotel Meli¨¤ Valencia Palace y al Palacio de la Exposici¨®n de Valencia informaci¨®n sobre la celebraci¨®n en sus establecimientos de las entregas de premios de la Fundaci¨®n Sedesa entre 2003 y 2008. El instructor requiere igualmente varias facturas concretas de Orange Market al PP y la Agencia Valenciana de Turismo.