Converg¨¨ncia y Ferrovial ¡°articularon un pacto criminal¡± toda una d¨¦cada
Anticorrupci¨®n acusa a CDC de cobrar 6,6 millones de euros por adjudicar obras
El fiscal admite que no sabe qui¨¦n dio el primer paso, si fue Ferrovial o fue Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC). El caso es que, durante una d¨¦cada, sellaron un ¡°pacto criminal¡± que permiti¨® a la constructora hacerse con suculentas adjudicaciones de obra p¨²blica en Catalu?a a cambio del pago de comisiones ilegales que ascienden a 6,6 millones de euros, seg¨²n el escrito que el fiscal anticorrupci¨®n Emilio S¨¢nchez Ulled ha enviado al juez que investiga el saqueo del Palau de la M¨²sica.
Hay ¡°indicios suficientes¡±, seg¨²n el fiscal, de que el partido que dirige Artur Mas se financi¨® de forma irregulary particip¨® en una ¡°trama de comisiones il¨ªcitas¡± que permiti¨® a Ferrovial ¡°garantizarse un caudal de adjudicaciones p¨²blicas¡±. Dos de las m¨¢s relevantes son la Ciudad de la Justicia y la l¨ªnea 9 del metro, que fueron proyectadas durante el ¨²ltimo Gobierno nacionalista de Jordi Pujol.
La empresa hizo llegar al partido, por tres canales distintos, ¡°cuantiosos pagos¡±, sigue el escrito. M¨¢s de la mitad del dinero (3,7 millones) fueron entregas en efectivo a los tesoreros Carles Torrent ¡ªfallecido en 2005¡ª y su sucesor, Daniel Os¨¢car, imputado en la causa, lo mismo que dos directivos de Ferrovial ¡ªPedro Buenaventura y Juan Elizaga¡ª que actuaron ¡°a espalda del accionariado¡± y ¡°abusaron de sus facultades¡± para crear una ¡°relaci¨®n privilegiada¡± con CDC.
La responsabilidad de Converg¨¨ncia, incide el fiscal, no termina en los tesoreros. Las comisiones iban dirigidas a ¡°personas con ascendencia pol¨ªtica suficiente¡± como para ¡°influir de forma determinante¡± en los ¨®rganos p¨²blicos encargados de adjudicar las obras. ¡°Debieron necesariamente intervenir tambi¨¦n altos responsables del partido pol¨ªtico, que no han podido ser adecuadamente identificados¡±, precisa S¨¢nchez Ulled. Esos ¡°altos responsables¡± son los que deb¨ªan influir para garantizar que se cumpl¨ªa el ¡°pacto criminal¡±.
La fiscal¨ªa sospecha que intervinieron ¡°altos responsables¡± de la formaci¨®n
Las comisiones ilegales supon¨ªan, como norma general, un 4% del importe de la adjudicaci¨®n. El 2,5% iba al partido; el 1,5% restante al bolsillo de los que fueron m¨¢ximos responsables y saqueadores confesos del Palau de la M¨²sica, F¨¨lix Millet y Jordi Montull. Ambos ejercieron, seg¨²n el fiscal, como ¡°torcidos intermediarios¡± en la trama y garantizaron, gracias a la compleja estructura jur¨ªdica y financiera de la instituci¨®n musical, que los fondos llegasen de forma ¡°opaca¡± al partido.
Uno de los testigos del <CF1001>caso Palau<CF1000> relat¨® que Torrent, el tesorero, visitaba con cierta frecuencia el coliseo modernista, emblema cultural de Catalu?a. Recib¨ªa una llamada en su despacho de la sede central de Converg¨¨ncia ¡ªla misma que el partido ha tenido que poner como aval para afrontar la fianza de 3,3 millones impuesta por el juez¡ª y en cuesti¨®n de minutos se presentaba ante Millet. Aparcaba el coche en la puerta y, tras una breve reuni¨®n, se marchaba. Con un sobre de dinero, seg¨²n los investigadores.
La investigaci¨®n se sustenta en testimonios como ¨¦se, pero tambi¨¦n en las comprometedoras anotaciones manuscritas de las agendas de Millet y en la documentaci¨®n hallada en el ordenador de su secretaria de confianza. A partir de 2005, la hija de la mano derecha de Millet, Gemma Montull, que ejerc¨ªa como directora financiera, invent¨® un sistema m¨¢s ¡°sofisticado¡±: cuatro empresas facturaron al Palau por trabajos que, o no exist¨ªan, o prestaban directamente al partido. Por esa v¨ªa llegaron a las arcas de CDC 1,2 millones de euros m¨¢s.
La tercera v¨ªa de entrada fue la fundaci¨®n Trias Fargas, rebautizada como CatDem tras el registro del Palau, en julio de 2009. La fundaci¨®n, ligada al partido, firm¨® siete supuestos convenios de colaboraci¨®n con la instituci¨®n que sirvieron para que llegaran al partido otros 630.655 euros.
9 de los 25 millones del expolio ¡°han desaparecido sin dejar rastro alguno¡±
El pago de las comisiones, relata el escrito, se ¡°fraccionaba en el tiempo¡± por su elevado importe y para ¡°garantizar la estabilidad¡± del acuerdo. S¨¢nchez Ulled admite que, al tratarse de una gran compa?¨ªa, ¡°no puede afirmarse¡± que las adjudicaciones de Ferrovial ¡°resultaran clara y patentemente arbitrarias o irrazonables¡±. Pero es ¡°innegable¡±, dice, que la ¡°influencia¡± ejercida en el partido era un ¡°factor determinante¡± para resolver a su favor. Todo ello, a?ade, en detrimento de las administraciones p¨²blicas y de los competidores privados.
Pese a que no hay noticias de los ¡°altos responsables¡±, es significativa la participaci¨®n en la trama de otras personalidades del partido; por ejemplo, Jaume Camps, que entonces era parlamentario y ejerci¨® de ¡°enlace¡± para los tesoreros. O del secretario de Inmigraci¨®n de CDC, ?ngel Colom, que en 2000 percibi¨® de forma injustificada 75.000 euros procedentes de los fondos del Palau. Colom se ha comprometido a devolver el dinero.
Las comisiones ilegales supon¨ªan un 4% del importe de la adjudicaci¨®n
A los imputados por la financiaci¨®n irregular, el fiscal les acusa de tr¨¢fico de influencias, falsedad documental y apropiaci¨®n indebida. El ministerio p¨²blico pide que se considere a Converg¨¨ncia y a su fundaci¨®n af¨ªn ¡°part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo¡±. Inicialmente, el fiscal consider¨® que Converg¨¨ncia se hab¨ªa lucrado con 3,3 millones, pero en este ¨²ltimo escrito ha elevado de forma notable la cifra. CDC es ahora titular de fondos ¡°susceptibles de ser decomisados en sentencia condenatoria¡±, remacha el texto.
En su escrito, de 37 p¨¢ginas, Anticorrupci¨®n considera que la investigaci¨®n ha concluido y pide al juez que recoja su relato de hechos en el auto que debe dictar antes para cerrar la instrucci¨®n. La financiaci¨®n irregular de Converg¨¨ncia es solo uno de los seis apartados de la causa sobre el Palau. La entidad sufri¨® un expolio cifrado en m¨¢s de 25 millones.
Millet y Montull saquearon, presuntamente, los fondos del Palau para lucrarse personalmente. Con dinero p¨²blico y privado, el expresidente de la instituci¨®n pag¨® las bodas de sus dos hijas, se hizo construir un auditorio a peque?a escala en su mansi¨®n de L¡¯Ametlla del Vall¨¨s (Barcelona) y disfrut¨® de viajes ex¨®ticos por medio mundo junto a su familia: M¨¦xico, Polinesia, Kenia, Maldivas o Dubai, entre otros.
El escrito pide que se archive la causa para las esposas de los saqueadores
La mayor parte del dinero desviado (18 millones) se cobr¨® en cheques al portador que ¡°inmediatamente se convert¨ªan en dinero efectivo por ventanilla¡±. Millet y Montull se quedaron la mitad de ese dinero. Los nueve millones restantes, sin embargo, ¡°han desaparecido sin dejar rastro alguno¡±.
El fiscal pide al juez, adem¨¢s, que archive la causa, de forma ¡°provisional y parcial¡± para ocho de los imputados, al no hallar pruebas de que participaran en la trama. Entre ellos, las esposas de Millet y Montull, Marta Vall¨¨s y Merc¨¨ Mir. A su juicio, aunque se han beneficiado injustificadamente de la riqueza obtenida por sus maridos, no se puede probar que supieran que se les estaba usando para desviar fondos a trav¨¦s de empresas instrumentales. El fiscal tambi¨¦n pide el archivo para la secretaria de Millet, Elisabet Barber¨¤, y para los empresarios Emilio Vidal y Marc Puig.
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