Catalu?a cierra filas contra la ¡°recentralizaci¨®n¡± de Rajoy

Cierre de filas en Catalu?a contra la reforma de las Administraciones que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. El informe, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, plantea la supresi¨®n de 14 organismos catalanes. Un nuevo cap¨ªtulo en las tensas relaciones entre el Ejecutivo central y el Gabinete de Artur Mas que se suma a otros frentes como el proceso soberanista, el reparto del d¨¦ficit, y la ley de Educaci¨®n. Igual que en la ley Wert,Mas cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario. Los partidos catalanes lamentaron la ¡°recentralizaci¨®n¡± que supone la reforma (Alfred Bosch, de ERC y Josep Antoni Duran Lleida, de Uni¨®, utilizaron ese t¨¦rmino) y los de izquierda a?adieron que supone una merma en los servicios p¨²blicos. Solo PP y Ciutadans est¨¢n a favor de la iniciativa.

El Gobierno central da lecciones cuando tiene Ministerios enteros sin competencias", dice Mas

La Generalitat ayer se plant¨® y anunci¨® que har¨¢ caso omiso de las recomendaciones del Gobierno central. Lo expres¨® con contundencia el consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell: ¡°No vamos a devolver, jam¨¢s, ninguna competencia¡±, dijo el consejero tras un acto organizado por el Instituto de Analistas Financieros.

La propuesta de reforma que valid¨® ayer el Consejo de Ministros afecta a algunas instituciones que la Generalitat considera b¨¢sicas: por ejemplo, las cinco embajadas en el exterior, que el Ejecutivo de CiU considera una pieza imprescindible para la internacionalizaci¨®n econ¨®mica y una v¨ªa para dar a conocer el proceso soberanista. Tambi¨¦n est¨¢ en la lista el Centro de Estudios de Opini¨®n, el ente demosc¨®pico de la Generalitat, y el Meteocat, el servicio meteorol¨®gico. Tres instituciones que son troncales en la actividad parlamentaria como el S¨ªndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, y el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias aparecen en la lista de organismos a suprimir para el Gobierno central.

Organismos en el punto de mira

El Gobierno recomienda la supresi¨®n de duplicidades entre las que se encuentran diversos organismos de la Generalitat de Catalu?a. Este proceso incluir¨ªa el Centro de Estudios de Opini¨®n (CEO) ya que, seg¨²n argumenta el Ejecutivo, las funciones ya las realiza el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS). Tambi¨¦n est¨¢n en el punto de mira el S¨ªndic de Greuges, el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, la Autoridad Catalana de la Competencia, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, la Autoridad Catalana de Protecci¨®n de Datos, la Sindicatura de Cuentas, el Instituto Catal¨¢n de Energ¨ªa, el ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalu?a, la Agencia Catalana de Consumo, el Instituto de Estad¨ªstica de Catalu?a, el Instituto Cartogr¨¢fico de Catalu?a y la Junta Consultiva de Contrataci¨®n Administrativa.

La respuesta de la Generalitat es pedir al Estado que tome ejemplo y elimine los ministerios cuyas competencias est¨¢n transferidas: Ense?anza, Sanidad, o Cultura. CiU tomar¨¢ esta propuesta y la convertir¨¢ en proposiciones al Congreso, con el detalle de qu¨¦ organismos centrales se pueden suprimir. ¡°El Gobierno da todas las lecciones, pero los deberes no los hace. El Estado tiene ministerios enteros, con centenares de funcionarios, que no tienen competencias porque est¨¢n traspasadas y pese a ello no est¨¢n suprimidos¡±, lament¨® el presidente de la Generalitat. Mas no solo cuenta con el apoyo de la oposici¨®n: tambi¨¦n los organismos afectados se unieron ayer para rechazar la reforma.

El Gobierno central no puede imponer las supresiones de los organismos, pero puede presionar: el l¨ªmite del d¨¦ficit y la dependencia auton¨®mica de las transferencias del Estado a trav¨¦s del Fondo de Liquidez Auton¨®mico (FLA). Mas-Colell apunt¨® que cualquier intento de coaccionar a las autonom¨ªas con el d¨¦ficit o el FLA supondr¨¢ un control del gasto que atentar¨ªa contra la Generalitat: ¡°Si esto pasara, ser¨ªa una forma de intentar condicionar cada una de las l¨ªneas de gasto e ir¨ªamos mucho m¨¢s all¨¢ de lo que establece el Estatut¡±, cerr¨® el consejero.

El l¨ªder de Uni¨®, Josep Antoni Duran Lleida, denunci¨® que el Gobierno quiere cambiar el modelo de competencias fijado en la Constituci¨®n para recentralizar servicios con la excusa de la solapaci¨®n. Los partidos independentistas se abonaron a esa tesis y vieron en la reforma un argumento m¨¢s para pedir la secesi¨®n. ERC, por v¨ªa de su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, denunci¨® que se utiliza la crisis ¡°como excusa para cerrar las instituciones hist¨®ricas que definen Catalu?a como pueblo¡±.

El Partit dels Socialistes e Iniciativa creen que la propuesta cercena derechos a la poblaci¨®n. ¡°Hay que mejorar la Administraci¨®n, pero no suprimiendo servicios¡±, pidi¨® Pere Navarro, primer secretario socialista. Y a?adi¨® el ecosocialista Joan Herrera: ¡°El Gobierno planea degradar la democracia de forma dr¨¢stica¡±. La CUP mezcl¨® ambas cr¨ªticas: ¡°Se impone la centralizaci¨®n del poder institucional y la privatizaci¨®n de los sectores p¨²blicos estrat¨¦gicos¡±, describi¨® la formaci¨®n en un comunicado.

El Sindic de Greuges cree que se pierde el sentido del Estado de las autonom¨ªas

Las entidades afectadas consideran que el Gobierno se equivoca y lamentan que se ataque a las competencias catalanas. ¡°Se pierde un sentido clar¨ªsimo del Estado de las autonom¨ªas¡±, denunci¨® el s¨ªndic de greuges, Rafael Rib¨®. Su instituci¨®n est¨¢ en el punto de mira por la existencia de la instituci¨®n del Defensor del Pueblo. ¡°Espa?a funciona de forma anacr¨®nica. Es el ¨²nico sistema en las democracias avanzadas donde un ¨²nico defensor llega a todos los rincones. Lo normal es que haya un defensor de la naci¨®n que se dedique a temas de la Administraci¨®n central y se mantenga la proximidad con estructuras territorializadas¡±.

El S¨ªndic lamenta los ¡°datos radicalmente err¨®neos¡± usados por el Gobierno. Rib¨® defiende que el coste de cada actuaci¨®n en Catalu?a es de 200 euros. El informe del Gabinete de Rajoy asegura, por contra, que el servicio cuesta en realidad 800 euros por los 400 del Defensor del Pueblo. ¡°Conf¨ªo en que esa instituci¨®n se d¨¦ cuenta de que est¨¢ participando en direcci¨®n contraria de lo que hacen el resto de democracias del mundo¡±, apostill¨® Rib¨®.

El director del CEO defiende el papel diferenciado del ente demosc¨®pico

¡°La propuesta del Gobierno es rid¨ªcula¡±, se sum¨® el director del CEO, Jordi Argelaguet. El gestor del ente demosc¨®pico considera que la labor del CIS y el CEO es complementaria, y concluy¨® por ello que la reforma ¡°es absurda. Si el CIS puede hacer ahora lo que hacen los centros auton¨®micos con su personal, es que est¨¢ sobredimensionado y lo pueden recortar. Y si no puede, ?qu¨¦ se gana?¡±. Argelaguet apunt¨® que el CEO realiza tareas diferentes al CIS, como asesorar al Gobierno o llevar un registro de todos los sondeos que se encargan desde la Administraci¨®n p¨²blica.

La Sindicatura de Cuentas tambi¨¦n rechaz¨® la reforma y defendi¨® su complementariedad con el Tribunal de Cuentas. A trav¨¦s de un comunicado, record¨® que su trabajo deriva del Parlament y que cumple ¡°una funci¨®n esencial en la democracia como es el control externo de las cuentas¡±.