El Tribunal Superior anula la legalizaci¨®n masiva de viviendas en Barreiros

Una de las m¨¢s controvertidas actuaciones urban¨ªsticas del Gobierno de Feij¨®o, la legalizaci¨®n de cientos de viviendas en el municipio de Barreiros, en la costa de Lugo, ha recibido un severo correctivo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La m¨¢s alta instancia judicial de la comunidad aut¨®noma ha aceptado un recurso de la agrupaci¨®n ecologista Adega y ha anulado el llamado plan sectorial de Barreiros que aprob¨® el Consello de la Xunta en marzo de 2012. Con ese plan el Ejecutivo aut¨®nomo pretend¨ªa dar cobertura legal a la mayor actuaci¨®n urban¨ªstica de los ¨²ltimos a?os en el litoral gallego ¡ªel Ayuntamiento hab¨ªa concedido licencias para 5.800 pisos, una buena parte de ellas declaradas ilegales¡ª y a la vez aportar dinero p¨²blico para dotar de infraestructuras a unas urbanizaciones edificadas sin apenas servicios para las viviendas.

?El TSXG acepta los argumentos de Adega, que sosten¨ªa que la Xunta incurri¨® en ¡°desviaci¨®n de poder¡± al dar carta de naturaleza jur¨ªdica a unas urbanizaciones que en su mayor parte se construyeron sin cumplir los requisitos legales. El Gobierno gallego se hab¨ªa acogido a una f¨®rmula prevista en la ley de ordenaci¨®n del territorio y declar¨® el plan de Barreiros de inter¨¦s supramunicipal, pese a que su ¨¢mbito de actuaci¨®n se limitaba a ese Ayuntamiento.

Ning¨²n caso simboliza mejor el desenfreno de los a?os de euforia del ladrillo en Galicia que el de este municipio lucense. En 2006, el alcalde, Alfonso Fuente, del PP, concedi¨® licencias para construir 5.800 viviendas en una localidad de 3.200 habitantes, pese a la advertencia expresa de ilegalidad que formul¨® la secretaria municipal. Un a?o despu¨¦s, los socialistas paralizaron desde el Gobierno bipartito de la Xunta las autorizaciones de 3.174 pisos y entablaron una batalla judicial contra el Ayuntamiento. Algunos cientos de viviendas ya estaban en construcci¨®n, pese a que se trataba de suelo urbano no consolidado y no contaba con calles de acceso ni con conexi¨®n a las redes de abastecimiento p¨²blicas.

La llegada del PP a la Xunta supuso la retirada de los recursos judiciales contra el Ayuntamiento y, finalmente, la elaboraci¨®n de un plan sectorial que legalizaba lo construido y garantizaba la dotaci¨®n de servicios a las viviendas. El plan fue pactado con el municipio, los promotores urban¨ªsticos y la Diputaci¨®n de Lugo, presidida por un socialista, Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro, quien rompi¨® con la l¨ªnea beligerante que hab¨ªa mantenido en este asunto su partido bajo el Gobierno de Emilio P¨¦rez Touri?o. Los servicios para las urbanizaciones costar¨ªan 14 millones de euros, de los que la Xunta aportar¨ªa el 40%, la Diputaci¨®n el 10%, el Ministerio de Fomento 1,2 millones y el resto los propios promotores.

Con la llegada de la crisis, el plan no lleg¨® nunca a ponerse en marcha. Pero, mientras tanto, Adega planteaba una nueva batalla judicial, que ha terminado con victoria ante el TSXG. Los firmantes del plan todav¨ªa podr¨ªan presentar un recurso de casaci¨®n ante el Supremo.

En su sentencia, el tribunal gallego desmonta los argumentos que emple¨® la Xunta para declarar el convenio de inter¨¦s supramunicipal. El Gobierno gallego hab¨ªa apelado a que la suspensi¨®n de las licencias en Barreiros produc¨ªa un quebranto econ¨®mico en la comarca de A Mari?a y en el sector inmobiliario de toda la provincia. Los magistrados del TSXG replican que la dotaci¨®n de infraestructuras a las viviendas ¡°no tiene una incidencia que trascienda del t¨¦rmino municipal ni por su magnitud e importancia ni por la demanda social¡±. Los argumentos de la Xunta, advierte el tribunal, permitir¨ªan que ¡°cualquier actividad con efectos beneficiosos, aunque tuviese un ¨¢mbito territorial muy concreto¡± pudiera ser declarada de inter¨¦s supramunicipal ya que ¡°algunos de esos efectos, por escaso que fuese, se extender¨ªa a otros ¨¢mbitos pr¨®ximos¡±. El fallo tambi¨¦n explica que el origen del problema no es la ¡°falta de previsi¨®n legal¡± sino una actuaci¨®n del Ayuntamiento que la misma sala del TSXG ya declar¨® en otras sentencias ¡°no conforme a la legalidad¡±.