El juez ordena sentar en el banquillo al delegado de la Xunta en Ourense

El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Mart¨ªnez, ha luchado con u?as y dientes por impedir su procesamiento acusado de desviar, durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de un grupo de acci¨®n local, m¨¢s de 51.000 euros de subvenciones de fondos estructurales de la Uni¨®n Europea (UE) y certificar obras que ya estaban realizadas. Ayer, casi ocho a?os despu¨¦s de que iniciara esta carrera de fondo ¡ªbasada en la petici¨®n constante del sobreseimiento de la causa y en los continuos recursos¡ª el representante de Feij¨®o en el territorio de los Baltar recibi¨® la noticia de que el juez instructor, Jos¨¦ Manuel Dea?o, hab¨ªa dictado el auto para la apertura del juicio oral que lo sentar¨ªa en el banquillo.

?Ocho a?os despu¨¦s de iniciada la investigaci¨®n judicial, el tercer instructor que dirige la causa reconoce ¡ªtras haberla archivado antes en dos ocasiones¡ª la existencia de indicios delictivos en la conducta del superdelegado y de otras personas, entre ellos el secretario y dos concejales del gobierno local de Arnoia que presid¨ªa Mart¨ªnez. Los acusados participaron en la gesti¨®n de aquellos fondos destinados al desarrollo de la comarca. Mart¨ªnez se aferra, sin embargo, a su inocencia y se propone continuar su carrera de fondo. Su defensa no ha parado de recurrir en esta larga instrucci¨®n iniciada en 2006. La ¨²ltima ocasi¨®n en que pidi¨® el sobreseimiento fue el pasado marzo, pero el juez instructor entiende ahora que existen indicios delictivos en la conducta del delegado. Pese a ello, recurrir¨¢ de nuevo este auto con el que Dea?o marcaba el punto final a su instrucci¨®n.

El juez explica en el auto de procesamiento c¨®mo el actual representante de la Xunta en Ourense firm¨® un contrato de construcci¨®n de una nave para el tratamiento de biomasa que ya estaba realizada y certific¨® la partida con cargo a los fondos comunitarios. El instructor relata que, lo que en realidad se hizo fue ¡°una reconstrucci¨®n de un galp¨®n¡± que hab¨ªa sido adquirido previamente por el Ayuntamiento que presid¨ªa el propio Mart¨ªnez. Tras exponer los indicios delictivos que encuentra en la actuaci¨®n del superdelegado, el juez conmina a las partes a que en el plazo de diez d¨ªas soliciten la apertura de juicio oral (lo que har¨¢n las dos acusaciones) o el sobreseimiento (que podr¨ªa solicitar el Ministerio Fiscal) y abre la puerta a la posibilidad de que, ¡°excepcionalmente¡±, las partes pidan diligencias complementarias.

Mart¨ªnez se agarra a la presentaci¨®n constante de recursos encaminados al archivo de la causa, pese a que la Audiencia Provincial ha intervenido ya en dos ocasiones reclamando que se reabriera y alertando de la existencia de ¡°indicios de criminalidad¡± en la conducta del imputado. Las acusaciones particulares (BNG, PSdeG y Asociaci¨®n polo Progreso do Ribeiro) imputan al delegado los supuestos delitos de fraude, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y falsedad documental.

El procesamiento de Rogelio Mart¨ªnez coincide en el tiempo con el del exbar¨®n del PP gallego Jos¨¦ Luis Baltar, acusado por otro juez de instrucci¨®n del supuesto delito de prevaricaci¨®n por el enchufe en la Diputaci¨®n de 104 personas en v¨ªsperas del congreso provincial del PP que gan¨® su hijo. Baltar y Mart¨ªnez han sido, adem¨¢s, recientemente acusados por los especialistas en anticorrupci¨®n de la UE de los supuestos delitos de prevaricaci¨®n, falsedad documental y tr¨¢fico de influencias en relaci¨®n con la gesti¨®n, desde la Diputaci¨®n, de otros fondos estructurales europeos. Ambos eran presidente y vicepresidente de la instituci¨®n provincial en la ¨¦poca (2003 y 2004) en que manejaron ¡°fraudulentamente¡± 13 millones de euros de los que cuales 10,1 fueron aportados por la UE, que ahora los reclama. La empresa Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado, aparece implicada tanto en la acusaci¨®n del juez instructor de Ribadavia como en el informe de los inspectores de Bruselas.

El BNG de O Ribeiro, grupo que inici¨® el proceso contra Mart¨ªnez por la supuesta malversaci¨®n de los fondos comunitarios, insiste en reclamar al presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, el cese de su representante institucional en Ourense a la vista de la decisi¨®n del juez de ordenar la celebraci¨®n de juicio. Mart¨ªnez ha tenido hasta ahora el respaldo inquebrantable del presidente de la Xunta, a cuya disposici¨®n puso el cargo a comienzos de este a?o, cuando el juez instructor rechaz¨® archivar la causa.