Los derechos humanos se imponen a la v¨ªa penal
La Sareb responde a la paralizaci¨®n del desalojo de Salt que "acata las decisiones judiciales"
De nuevo ha sido Europa y sus tribunales. Como cuando en febrero de este a?o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fren¨® un derribo en la Ca?ada Real de Madrid hasta que la familia afectada tuviera un alojamiento alternativo. O como cuando un mes despu¨¦s el Tribunal de Justica de la UE dio un varapalo a la ley espa?ola sobre hipotecas y desahucios y sentenci¨® que no protege suficientemente los derechos de los consumidores, una decisi¨®n tomada a ra¨ªz del caso de Mohamed Aziz y el tes¨®n de su abogado.
Esta vez ha sido de nuevo Estrasburgo quien ha aplazado el desalojo (dentro de la v¨ªa penal) de las familias que ocupan un edificio de Salt (Girona) propiedad de la Sociedad de Gesti¨®n de Activos Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria (SAREB) que antes perteneci¨® a la banca nacionalizada y llevaba a?os vac¨ªo. El Tribunal solicita al Gobierno espa?ol informaci¨®n para garantizar qu¨¦ pasar¨¢ con las familias que han ocupado el edificio y garantizar que no se viole ning¨²n art¨ªculo del convenio europeo.
"Los tribunales europeos enmiendan la inacci¨®n de los poderes p¨²blicos en casos de urgencia y de extrema gravedad", destaca el abogado del Observatorio DESC (de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales) y experto en cuestiones de vivienda, Jaume Asens. Asens entiende que "la justicia ordinaria deber¨ªa haber actuado mucho antes" y subraya "el desconocimiento del derecho internacional en materia de derechos humanos de los tribunales espa?oles". En el caso de Salt, el juez de instrucci¨®n deneg¨® el desalojo, recuerda el abogado, pero fue la audiencia provincial quien tumb¨® la decisi¨®n y orden¨® ejecutar el desalojo. El tribunal tambi¨¦n desoy¨® la petici¨®n de la Secretar¨ªa de Vivienda de la Generalitat de paralizar el desalojo hasta realojar a las familias afectadas.
Por su parte, preguntada por su respuesta, la Sareb, a trav¨¦s de un portavoz, entiende que "se trata de un proceso judicial de naturaleza penal que est¨¢ en marcha" y considera que "como es l¨®gico la sociedad solo puede acatar las decisiones judiciales".
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