Fianza civil de 7,2 millones para otro ex alto cargo de la Junta

Otro ex alto cargo de la Junta ha desfilado este jueves ante Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos financiados por el Gobierno andaluz. Justo Ma?as, viceconsejero de Empleo entre marzo de 2010 y mayo de 2012, se ha negado a declarar. La magistrada ha decretado su libertad provisional y una fianza civil de 7,2 millones. Alaya le acusa de tres delitos continuados: omisi¨®n del deber de perseguir delitos, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. En el escrito en el que decreta la libertad provisional, la instructora le reprocha que conociera la "ca¨®tica situaci¨®n" en la que estaba la Direcci¨®n General de Trabajo de la Junta y que no denunciara las irregularidades.

La juez afirma que cuando Ma?as lleg¨® a la viceconsejer¨ªa ya exist¨ªan "m¨²ltiples informes" que "pon¨ªan de manifiesto la ca¨®tica situaci¨®n". Tras enumerar algunos de esos informes internos, la magistrada asegura que su contenido le fue "puesto de manifiesto al nuevo viceconsejero". Para apuntalar su tesis Alaya recurre a la t¨¦cnica Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa. Seg¨²n la magistrada, esta asesora de la consejer¨ªa se dirigi¨® a Ma?as y le expuso "en s¨ªntesis los problemas que ella hab¨ªa encontrado y el contenido de tales informes". La instructora asegura que el exviceconsejero respondi¨® que estaba "acostumbrado a este tipo de situaciones y en tono jocoso le contest¨®: ¡®?Tengo que ir a fiscal¨ªa?¡¯".

Las aportaciones de Rofa a la investigaci¨®n de los ERE han desencadenado alg¨²n enfrentamiento entre la juez y la fiscal¨ªa. La exasesora de Empleo se neg¨® a declarar ante Alaya, pero la juez decidi¨® no aplicarle medidas cautelares por su contribuci¨®n a la causa. "Dif¨ªcilmente puede hablarse de tal contribuci¨®n cuando la imputada se acogi¨® a su derecho a no declarar", se quej¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el escrito en el que censuraba la actitud de Alaya. El ministerio p¨²blico tambi¨¦n ha lamentado que se le oculte la informaci¨®n que Rofa ha aportado a la Guardia Civil.

Seg¨²n el auto que Alaya ha dictado este jueves sobre Ma?as, cuando este fue informado de los "problemas expuestos" adopt¨® como "din¨¢mica" la sustituci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n por una encomienda de gesti¨®n, que, seg¨²n la magistrada, no ten¨ªa justificaci¨®n y "no sirvi¨® m¨¢s que para aparentar un cambio que en realidad no se produjo porque no se requiri¨® la fiscalizaci¨®n previa de las subvenciones solicitadas y otorgadas como control de legalidad". Alaya, que considera "indiciariamente ilegal" ese procedimiento, afirma que se tramitaron con esa encomienda 105 expedientes de subvenciones en 2010 y 2011.