La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n urge a Alaya para evitar que prescriban delitos

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido que la investigaci¨®n del caso ERE se acelere y con ese mayor impulso se asegure que los fondos p¨²blicos cobrados de manera indebida sean devueltos a la Junta de Andaluc¨ªa. Sobre la mesa est¨¢ el peligro de las prescripciones de ciertos delitos, ya que se investigan subvenciones otorgadas desde 2001, han pasado 12 a?os, y el riesgo de que caduque la persecuci¨®n de delitos es alto.

Desde que hace tres a?os se inici¨® la investigaci¨®n, liderada por la juez Mercedes Alaya, esta se ha enfocado en localizar a los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), y a los perceptores de las sobrecomisiones de cada ERE (consultores, abogados, sindicatos), al margen del sistema de financiaci¨®n instaurado por el Ejecutivo.

Ahora Anticorrupci¨®n ha dirigido un escrito a Alaya el pasado martes para que ponga la proa hacia los empresarios que recibieron las subvenciones para pagar los ERE y ayudas directas desde la Consejer¨ªa de Empleo. Especialmente las recibidas en 2001, 2002 y 2003, primeros a?os del fondo para empresas en crisis dotado con 721 millones por el Ejecutivo aut¨®nomo. "Es necesario conocer qu¨¦ personas f¨ªsicas, mediadores y sociedades han intervenido en cada ayuda para poder valorar la imputaci¨®n de hechos que permita su tipificaci¨®n", detallan los fiscales.

La elecci¨®n de los ERE que se investigan ha sido tomada por la instructora o los investigadores, al parecer guiados por los indicios de hechos il¨ªcitos que han ido aflorando a medida que prestaban declaraci¨®n los implicados. Y sobre todo tras observar las irregularidades que destap¨® la investigaci¨®n interna de la Junta, que identific¨® a decenas de intrusos que nunca debieron cobrar sus p¨®lizas. Pero ahora la fiscal¨ªa solicita que la antig¨¹edad sea un criterio para priorizar el examen minucioso de los expedientes, que implica entrevistas a los empresarios, presidentes de comit¨¦s de empresas y consultores que tramitaron las ayudas. Un trabajo ingente que probablemente necesitar¨ªa refuerzos policiales.

La l¨®gica que aplica la fiscal¨ªa para esta petici¨®n es que un expediente no es fraudulento por la presencia de intrusos, sino por el simple hecho de que fue subvencionado por la Junta, ya que considera todo el fondo fraudulento. "Han de seguir investig¨¢ndose todas las ayudas sociolaborables", aclara el documento.

El escrito de Anticorrupci¨®n se produce bajo los ecos del enfrentamiento entre Alaya y Anticorrupci¨®n por la reciente prescripci¨®n de los delitos en el caso Mercasevilla. Y esa tensi¨®n entre ambos aflora cuando la fiscal¨ªa resalta que la magistrada dirige la investigaci¨®n policial y el ministerio p¨²blico desconoce "las directrices dadas para la investigaci¨®n". Semanas atr¨¢s los fiscales acusaron a Alaya de ocultarles informaci¨®n, de su "extra?a dilaci¨®n" en la instrucci¨®n y de que haya evitado practicar diligencias "acordadas".

La magistrada le hab¨ªa preguntado a la fiscal¨ªa que se?alara "el periodo de prescripci¨®n que maneja" para intentar acotarlo y reaccionar a tiempo. Y ahora la fiscal¨ªa le contesta que, como ya se?al¨® hace un mes y medio en otro escrito anterior, es imposible destacar d¨®nde figura el peligro de que los delitos prescriban, mientras que no reciban los atestados de la Guardia Civil "sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en el fraude". Es decir, que para que ellos se pronuncien debe existir previamente el an¨¢lisis policial de los ERE para definir d¨®nde puede haber riesgo de prescripci¨®n.

Los fiscales han constatado que la informaci¨®n del caso les llega con un retraso considerable, ya que los agentes solo reportan a Alaya por orden expresa de la instructora. Y esta retiene la informaci¨®n clave durante semanas y a veces meses.

Anticorrupci¨®n subraya que la investigaci¨®n de "todas las ayudas sociolaborales" (m¨¢s de 500) es relevante porque los delitos asociados a estas subvenciones pueden afectar a la imputaci¨®n de los altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa, algunos de los cuales ya han comparecido en el juzgado, como el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, que estuvo en prisi¨®n preventiva por estos hechos. Adem¨¢s, los fiscales recuerdan a la juez que ya le instaron a priorizar el an¨¢lisis de los ERE de 2001 a 2003 en un escrito de hace un a?o.

Por ¨²ltimo, los fiscales le piden a la juez que le env¨ªe el resultado de las entradas y registros realizadas en la segunda y reciente parte de la Operaci¨®n Heracles. Entre ellos, diferentes documentos, cartas y dossieres sobre los sindicatos que podr¨ªan ser relevantes para sus indagaciones respecto a las centrales.

Este ¨²ltimo escrito es uno m¨¢s de una sucesi¨®n. La respuesta de la magistrada llega, a veces con retraso moderado, a veces con retraso prolongado, dada la inmensa dimensi¨®n de la causa. Y es un hecho que las discrepancias para priorizar las ramas de la investigaci¨®n entre instructora y fiscales son patentes. Est¨¢ por ver si estas ¨²ltimas peticiones son atendidas o ignoradas.