Todos contra todos en el ¡®caso G¨¹rtel¡¯

Durante mucho tiempo nadie hablaba en la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel. El ejemplo m¨¢s claro de aquel silencio se vivi¨® en el juicio por el caso de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex n¨²mero dos del PP valenciano Ricardo Costa, en el que decenas de cargos de la Generalitat defendieron la rectitud de las decenas de adjudicaciones concedidas por la Administraci¨®n a empresas de la trama, negando haber recibido instrucciones para elegir sus servicios. Desde entonces han pasado casi dos a?os y han cambiado muchas cosas. Entre ellas, que numerosos testigos e imputados, muchos de ellos cargos intermedios de la Administraci¨®n, han se?alado hacia arriba en sus declaraciones ante el juez Jos¨¦ Ceres.

La consecuencia ha sido que en lo que va de a?o tres consejeros de la etapa Francisco Camps (2003-2011) han sido imputados en la causa: Alicia de Miguel, extitular de Bienestar Social, y Manuel Cervera y Luis Rosado (este mi¨¦rcoles), de Sanidad.

Con ellos se elevan a seis los exmiembros del Gobierno valenciano imputados en el caso. Completan la lista Vicente Rambla ¡ªque fue, entre otros cargos, vicepresidente de la Generalitat¡ª, y Ang¨¦lica Such y Milagrosa Mart¨ªnez ¡ªambas exconsejeras de Turismo y ahora a la espera de juicio¡ª. A ellos hay que sumar al tambi¨¦n ex vicepresidente V¨ªctor Campos, condenado por aceptar regalos de la trama en el mismo procedimiento en el que un jurado absolvi¨® a Camps y Costa por cinco votos a cuatro.

El silencio, evidente en el juicio a Camps, ha dado lugar al s¨¢lvese quien pueda

El excepcional n¨²mero ¡ªsi se compara con el resto de comunidades aut¨®nomas¡ª de consejeros imputados por corrupci¨®n sube hasta ocho contando, fuera de G¨¹rtel, a Rafael Blasco, que se enfrenta a m¨¢s de 10 a?os de c¨¢rcel por el supuesto desv¨ªo de dinero destinado al Tercer Mundo en el caso Cooperaci¨®n. Contra Blasco tambi¨¦n pesan, sobre todo, las declaraciones ante la justicia de funcionarios y cargos del segundo escal¨®n de la desaparecida Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa.

La primera oleada de altos responsables, tanto de la Administraci¨®n como del Partido Popular, imputados en el caso, lo fueron como consecuencia en gran medida de las grabaciones telef¨®nicas efectuadas por la polic¨ªa durante los meses anteriores a que la red fuera desarticulada, en febrero de 2009.

Desde entonces, sin embargo, y sobre todo desde que a principios de a?o el juez Ceres se hizo cargo de la investigaci¨®n de las decenas de contratos fraccionados para d¨¢rselos presuntamente a dedo a la trama, que han dado lugar a la pieza n¨²mero cinco de la causa, las imputaciones se han producido en gran medida como consecuencia de las explicaciones ofrecidas en el tribunal. Y m¨¢s concretamente porque mientras los altos responsables de las consejer¨ªas han tendido a descargar la responsabilidad de las contrataciones en t¨¦cnicos y otros subordinados, estos han ido cada vez m¨¢s haciendo lo mismo lo mismo, pero se?alando hacia sus superiores. En algunos casos, aportando correos electr¨®nicos como prueba.

El fraccionamiento de contratos pareci¨® una parte menor de la causa. El juez recuerda ahora que puede constituir tres graves delitos

Por ese motivo han sido imputados, entre otros, De Miguel, Rosado y Cervera. Pero tambi¨¦n David Serra, diputado auton¨®mico popular, ex n¨²mero tres del partido, que ya estaba imputado en las dos piezas que investigan la financiaci¨®n ilegal del PP y ahora lo est¨¢ tambi¨¦n por haber participado presuntamente en la adjudicaci¨®n fraccionada de dos actos a Orange Market, la empresa valenciana de la red. O Juan Miguel Bellver, exdirector de la empresa p¨²blica de medioambiente Vaersa. O Dora Ibars, exdirectora general de Promoci¨®n Institucional. O Enrique Navarro, ex secretario auton¨®mico de Familia. O de la exresponsable de prensa en varios gabinetes Paula de Cubas, entre muchos otros.

A su vez, estos han reaccionado en varios casos se?alando hacia otros, enterrando definitivamente la defensa cerrada que caracteriz¨® la primera fase de la investigaci¨®n de la trama y desatando una especie de batalla campal o s¨¢lvese quien pueda.

Durante cuatro a?os el fraccionamiento de contratos para d¨¢rselos a la red estuvo en el limbo judicial, saltando de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Madrid sin que nadie lo investigase m¨¢s que de forma superficial. Por entonces parec¨ªa una pieza menor del caso, comparada con las l¨ªneas que afectaban a Camps, a la financiaci¨®n ilegal del PP o la visita del Papa a Valencia. Hasta las cuant¨ªas parec¨ªan menores, con importes que incluso sin fraccionamiento ascend¨ªan en algunos casos solamente a 24.000 euros.

Hay fraccionamientos especialmente escandalosos, como el que ha llevado a imputar a dos exconsejeros de Sanidad

La cantidad de dinero no es, sin embargo, decisiva en ciertos delitos. Y el juez ha vuelto a recordar esta semana que partir contratos para poder darlos a dedo ¡ªviolando los principios de publicidad y libre concurrencia¡ª puede ser constitutivo de los delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y falsedad documental. Il¨ªcitos que llevan aparejados hasta ocho a?os de prisi¨®n y largas penas de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico.

Algunos de los fraccionamientos parecen especialmente escandalosos. Como el que ha provocado la imputaci¨®n de los dos extitulares de Sanidad y de otros tres ex directores generales de la misma consejer¨ªa, adem¨¢s de otros cargos. La Administraci¨®n no solo permiti¨® que la trama dividiera en seis una misma contrataci¨®n en apariencia sencilla, como era la grabaci¨®n de un v¨ªdeo sobre la ampliaci¨®n del Hospital Cl¨ªnico de Valencia. Sino que consisti¨® que las seis facturas resultantes se pasasen al cobro de otros tantos servicios, algunos de ellos con muy poca relaci¨®n con el asunto: Farmacia, Gerencia, Atenci¨®n al paciente, Asistencia Sanitaria, Subsecretar¨ªa y Drogodependencias.