La sanidad mira a las urnas

Los tiempos son los que son. Falta bastante m¨¢s de un a?o para las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas (mayo de 2015), pero todo asesor pol¨ªtico sabe que la carrera hasta las urnas empieza muchos meses antes de la campa?a oficial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han decidido esta semana devolver los recursos contra la privatizaci¨®n sanitaria a sus juzgados de procedencia, lo que tiene dos lecturas. Por un lado, la marea blanca, el movimiento de protesta que ha sacado a la calle a miles de personas contra el plan regional, ha ganado un tiempo precioso para dilatar el proceso y demorar la entrada de las empresas en la gesti¨®n de los hospitales. Por otro, el tictac del reloj se le vuelve en contra al presidente madrile?o, Ignacio Gonz¨¢lez, que ve c¨®mo una de sus apuestas estrella de la legislatura sigue suspendida cautelarmente por orden judicial. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ?le interesa seguir adelante y reactivar las manifestaciones y los plantes de la marea blanca?

La principal consecuencia de la decisi¨®n de los 43 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM es que los siete recursos presentados por partidos pol¨ªticos, asociaciones de m¨¦dicos y sindicatos vuelven a los juzgados de origen, que son los que deben resolverlos. Hay uno especialmente relevante, el de AFEM (Asociaci¨®n de Facultativos Especialistas de Madrid), la organizaci¨®n que ha liderado el movimiento de protesta contra los planes del Gobierno regional durante los ¨²ltimos 15 meses. Fue su recurso el que propici¨® que la secci¨®n tercera ordenara en septiembre pasado la suspensi¨®n cautelar del proceso, que sigue vigente despu¨¦s de que la supersala del TSJM ¡ªel pleno de todos los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativa¡ª acordara devolverle la competencia. Los jueces, con su votaci¨®n, han tumbado la decisi¨®n de Gerardo Mart¨ªnez-Trist¨¢n, expresidente de la sala, recusado por el PSOE por sus relaciones con el PP, y que fue quien avoc¨® al pleno todos los recursos, un movimiento ¡°inusual¡± seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

La Comunidad de Madrid recurri¨® la decisi¨®n de paralizar el proceso, as¨ª que ahora la secci¨®n tercera tiene que determinar si mantiene la suspensi¨®n o acepta los argumentos del Gobierno regional y la levanta. Fuentes judiciales apuntan a que dif¨ªcilmente un juzgado va a contradecirse a s¨ª mismo. M¨¢s a¨²n cuando el auto en el que la secci¨®n tercera orden¨® la suspensi¨®n apuntaba a posibles irregularidades que iba a investigar y alud¨ªa a que paralizar el proceso era lo ¨²nico que pod¨ªa evitar las ¡°irreversibles¡± consecuencias de la privatizaci¨®n si finalmente, una vez analizado el fondo del asunto, fallaba que la adjudicaci¨®n de seis hospitales p¨²blicos a tres empresas no hab¨ªa sido correcta. La decisi¨®n de este juzgado sobre el recurso de la Comunidad puede demorarse desde semanas hasta meses, seg¨²n estas mismas fuentes. Si todo sigue igual, el siguiente paso ser¨ªa la sentencia, es decir, de a?o a a?o y medio m¨¢s.

¡°Que se levante la suspensi¨®n ser¨ªa tambi¨¦n una p¨¦sima noticia para el Gobierno del PP de Madrid, como reconocen en privado algunos de sus expertos m¨¢s respetados¡±, se?ala el portavoz de Sanidad del PSM, Jos¨¦ Manuel Freire, m¨¦dico y profesor en el Instituto de Salud Carlos III, que considera que la marea blanca es ¡°el mayor movimiento c¨ªvico de la democracia¡±. ¡°Desenterrar ahora la privatizaci¨®n tendr¨ªa un gran coste electoral para el PP de Madrid, tanto si se produjera antes de las elecciones europeas de mayo de 2014, como antes de las regionales. ?Se lo puede permitir un PP que tiene en la picota a todos sus responsables madrile?os (Gonz¨¢lez, Botella, Aguirre) y sufre una continua sangr¨ªa moral por todo lo que se va conociendo de Blesa, B¨¢rcenas, G¨¹rtel, etc.? En esta legislatura, la privatizaci¨®n est¨¢ muerta¡±, sentencia. Tom¨¢s G¨®mez, l¨ªder de los socialistas madrile?os, ha pedido a Gonz¨¢lez que incluya la gesti¨®n privada de los hospitales p¨²blicos en su programa electoral para 2015. ¡°Que los ciudadanos decidan¡±, desaf¨ªa.

Lo cierto es que la marea blanca ha desgastado la imagen del consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, y del presidente Gonz¨¢lez. Miembros del Gobierno regional reconocen en privado que el plan no se ha explicado bien desde el principio y que la apuesta por llevarlo adelante sin contar con los profesionales fue arriesgada y, como se vio despu¨¦s, fracasada. El Gobierno de Madrid ha estado completamente solo en su intenci¨®n de introducir la gesti¨®n privada. Ninguna organizaci¨®n, colegio profesional o sociedad cient¨ªfica ha apoyado el plan. Es m¨¢s, la mayor¨ªa lo ha criticado duramente por su improvisaci¨®n y porque Lasquetty no ha sido capaz de justificar el supuesto ahorro de la medida ni la mayor eficiencia.

La privatizaci¨®n no figuraba en el programa electoral del PP. Sin embargo, el 31 de octubre de 2012, d¨ªa de presentaci¨®n de los presupuestos para 2013, el flamante presidente madrile?o ¡ªapenas llevaba un mes en el cargo en sustituci¨®n de Esperanza Aguirre¡ª anunci¨® su intenci¨®n de sacar a concurso la gesti¨®n de seis hospitales p¨²blicos inaugurados en 2008 por su predecesora.El argumento siempre ha sido el de la necesidad de ahorro en tiempos de crisis; Gonz¨¢lez asegur¨® el pasado mayo en una entrevista con EL PA?S que si Madrid no hubiera perdido en 2013 mil millones de euros de financiaci¨®n estatal no habr¨ªa decidido privatizar.

SEn cuanto se anunci¨® el plan, la indignaci¨®n prendi¨® enseguida en los hospitales afectados ¡ªInfanta Leonor (Vallecas), Infanta Sof¨ªa (San Sebasti¨¢n de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez)¡ª, pero tambi¨¦n en el resto. El de La Princesa, amenazado con convertirse en una especie de geri¨¢trico, se convirti¨® en el basti¨®n de la lucha. En cuesti¨®n de d¨ªas, la sanidad madrile?a estaba incendiada: encierros, concentraciones, manifestaciones...

Y por primera vez las protestas no estaban lideradas por los sindicatos, sino por profesionales hasta entonces sin conexi¨®n con partidos pol¨ªticos u otro tipo de organizaciones. Los m¨¦dicos, generalmente poco dados a la protesta p¨²blica, salieron a la calle. Los jefes de servicio de los hospitales p¨²blicos, a reunirse y consensuar cartas de protesta. Las sociedades cient¨ªficas, a hacer p¨²blicos textos que condenan el plan regional. El Ilustre Colegio de M¨¦dicos de Madrid (Icomem) abandon¨® su tradicional equidistancia y emiti¨® comunicados muy duros que, entre otras cosas, alertaban de que con la gesti¨®n privada ¡°los tratamientos podr¨ªan estar supeditados a criterios economicistas en lugar de a los puramente cl¨ªnicos¡±.

Pese a la oposici¨®n en bloque de todo el sector sanitario, el Gobierno regional sigui¨® adelante. El 19 de agosto de 2013 culmin¨® la adjudicaci¨®n de los hospitales a tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorrique?o Hima San Pablo). No hubo competencia real. Solo se presentaron ellas tres, y les interesaron centros distintos, algo que los partidos de la oposici¨®n no atribuyeron al azar ¡ªla probabilidad de que se d¨¦ esa combinaci¨®n es inferior al 0,1%¡ª sino a una concertaci¨®n o reparto previo. Para entonces el conflicto sumaba 10 meses, 22 jornadas de huelga, 8.000 cirug¨ªas aplazadas y 76.000 consultas suspendidas.

El concurso fue controvertido por m¨¢s cosas que la falta de competencia. Las empresas ofrecieron una c¨¢pita (gasto anual por habitante asignado) que solo rebajaba en unos c¨¦ntimos la propuesta por el Gobierno regional. Ribera Salud, por ejemplo, que optaba a dos centros, ofert¨® solo cuatro c¨¦ntimos menos en el de Vallecas ¡ª549,35 euros frente a 549,39¡ª y uno menos en el de Arganda ¡ª450,06 euros frente a 450,07¡ª. Es decir, la Comunidad de Madrid iba a pagar pr¨¢cticamente el m¨¢ximo previsto en los pliegos de condiciones pese a que generalmente en los concursos p¨²blicos se hacen ofertas a la baja para conseguir mejor puntuaci¨®n que los rivales.

El auto de la secci¨®n tercera que orden¨® paralizar el proceso se fij¨® en otra supuesta irregularidad que le denunciaron los m¨¦dicos de AFEM. El texto (24 p¨¢ginas) aseguraba que el tribunal debe ¡°ponderar los perjuicios¡± para los recurrentes, los licitadores y ¡°el inter¨¦s general¡± que se producir¨ªan si estimara el recurso de AFEM una vez adjudicados los hospitales. El plan privatizador ¡°es de unas dimensiones tan extraordinarias¡± ¡ªlos profesionales sanitarios afectados son 5.000; 1,2 millones de ciudadanos¡ª, dec¨ªa, que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situaci¨®n anterior, los cambios en la gesti¨®n sanitaria p¨²blica ser¨ªan ya ¡°irreversibles¡±.

La secci¨®n tercera destacaba la modificaci¨®n en el concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro d¨ªas antes de que se cerrara el plazo. Mediante una correcci¨®n de errores en el bolet¨ªn oficial, Sanidad cambi¨® las garant¨ªas que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, da?os y perjuicios...) y las redujo a una d¨¦cima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposici¨®n pol¨ªtica y la marea blanca lo calificaron de ¡°regalo¡± a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dijo el tribunal, ¡°supone una modificaci¨®n sustancial de las condiciones¡± que ¡°podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva¡±. Esta es, a?ad¨ªa, ¡°una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala¡±.

Todas estas cuestiones a¨²n est¨¢n pendientes de ser estudiadas por los tribunales. Y a¨²n pueden sumarse m¨¢s, puesto que AFEM acus¨® hace unos d¨ªas a la Consejer¨ªa de Sanidad de haber hecho c¨¢lculos econ¨®micos que benefician a las concesionarias. Su presidente, Pedro Gonz¨¢lez, explic¨® que se cometieron ¡°errores¡± al calcular el coste por habitante de la asistencia sanitaria, un dato fundamental, puesto que la Comunidad de Madrid basa su apuesta por la privatizaci¨®n en la presunta reducci¨®n de costes que conllevar¨ªa.

Los siete recursos del TSJM son solo una parte del enorme embrollo judicial que tiene pendiente el Gobierno regional a cuenta de su plan privatizador. El procedimiento m¨¢s da?ino para la imagen de los gestores sanitarios de Madrid es la querella abierta en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Madrid. El magistrado Marcelino Sexmero la admiti¨® a tr¨¢mite en junio pasado y decidi¨® investigar el proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n hospitalaria que inici¨® el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisi¨®n solicit¨® una extensa lista de informaci¨®n de tipo econ¨®mico, mercantil, de facturaci¨®n y administrativa.

Y tambi¨¦n imput¨® a la c¨²pula de la sanidad madrile?a: dos exconsejeros de Sanidad (Manuel Lamela y Juan Jos¨¦ G¨¹emes) y dos altos cargos actuales (Patricia Flores, viceconsejera, y Antonio Burgue?o, director general de Hospitales), y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones pol¨ªticas. Sexmero se reafirm¨® en la necesidad de investigar los posibles delitos denunciados por AFEM (prevaricaci¨®n, cohecho...) en octubre pasado, cuando desestim¨® un recurso de G¨¹emes contra el auto de admisi¨®n de la querella.

Las cifras han sido uno de los talones de Aquiles del Gobierno regional durante estos 15 meses de marea blanca. Primero no quiso ofrecerlas, y despu¨¦s no supo explicarlas: la falta de informaci¨®n le estall¨® en la cara. Sindicatos y asociaciones de m¨¦dicos se pusieron manos a la obra y con simples comprobaciones en los presupuestos y las memorias del Servicio Madrile?o de Salud rebatieron los supuestos ahorros que Gonz¨¢lez y Lasquetty dec¨ªan que iban a conseguir.

Varias fuentes consideran que el Gobierno regional subestim¨® a los profesionales sanitarios. Al anunciar el plan privatizador, solo dio dos cifras. Asegur¨® que los hospitales cuya gesti¨®n quer¨ªa entregar a manos privadas costaban 600 euros por habitante y a?o y los de gesti¨®n enteramente privada eran m¨¢s baratos, 441 euros. Adem¨¢s de que las propias cuentas regionales desment¨ªan ese c¨¢lculo, los m¨¦dicos pusieron el grito en el cielo. No pod¨ªan entender c¨®mo se planteaba un cambio de tal envergadura en la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica madrile?a sin una memoria econ¨®mica detallada y p¨²blica.

La Comunidad entr¨® en un baile de cifras. Lasquetty admiti¨® en diciembre de 2012 que no sab¨ªa cu¨¢nto iba a ahorrar con la privatizaci¨®n. Unos d¨ªas despu¨¦s habl¨® de 200 millones; posteriormente el dato ya fue 169. Unos meses m¨¢s tarde, en octubre de 2013 el presidente, Ignacio Gonz¨¢lez, volvi¨® a cambiar la cifra: el ahorro ser¨ªa de 130 millones.

Hoy el plan est¨¢ paralizado, las empresas concesionarias disgustadas y probablemente perdiendo dinero por los avales bancarios que firmaron, y al PP madrile?o le espera su primera carrera electoral sin Aguirre como cabeza de lista. No solo la justicia decidir¨¢ el futuro de la privatizaci¨®n en Madrid.