Las multas del botell¨®n, en el limbo

El consumo de alcohol en las calles de Madrid tensa la convivencia por el jaleo que ocasiona hasta altas horas de la madrugada bajo las ventanas de los vecinos. Para combatirlo, el Gobierno regional (PP) modific¨® la normativa en verano de 2012, elevando la cuant¨ªa de las multas y cerrando la posibilidad a sustituirlas por trabajos sociales. Adem¨¢s, traslad¨® su gesti¨®n a los municipios. Sin embargo, estas medidas no se han traducido en mayor eficacia ni han permitido atenuar la ubicuidad de j¨®venes haciendo botell¨®n en calles y plazas durante el fin de semana. El Ayuntamiento de la capital (PP) impuso 40.000 sanciones en 2013, pero tan s¨®lo consigui¨® cobrar una de cada cinco. De esta forma, si la suma total de ingresos por estas multas ascendi¨® a 15,2 millones de euros el a?o pasado, el Ayuntamiento ¨²nicamente recaud¨® 3,4 millones.

Un estudio hecho p¨²blico por el Ministerio de Sanidad hace dos semanas, tras sondear a 27.500 estudiantes de entre 14 y 18 a?os en toda Espa?a, se?alaba que la mitad de encuestados ha participado en un botell¨®n en el ¨²ltimo mes. El alcohol lo compran la mayor¨ªa de las veces en supermercados, pese a que su venta est¨¢ prohibida a menores, y en el 57% de las ocasiones lo consumen en parques, calles o plazas.

En junio de 2012, la Asamblea de Madrid aprob¨® una modificaci¨®n en la Ley sobre Drogodependencias, que entr¨® en vigor el 15 de julio, en virtud de la cual se dobl¨® la sanci¨®n para los mayores de edad (de 300 a 600 euros) y se fij¨® en 500 euros la multa para los menores. Desapareci¨® as¨ª mismo la posibilidad de eludir el pago realizando a cambio trabajos sociales (unas 120 horas), una medida que pilot¨® Ana Botella cuando era edil de Medio Ambiente y que ella misma decidi¨® eliminar ya como alcaldesa, pensando que la mano dura surtir¨ªa m¨¢s efecto para atajar el botell¨®n.

Adem¨¢s, el Ayuntamiento quiso reforzar la batalla contra el botell¨®n por otra v¨ªa: persiguiendo directamente el ruido que causa. La ordenanza contra el ruido aprobada en enero de 2011 contempla sanciones de 300 a 600 euros por este motivo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anul¨® el pasado mes de abril la posibilidad de cobrar la multa a los padres de los menores. El Ayuntamiento reconoci¨® entonces que, si los j¨®venes se negaban a pagar, la sanci¨®n quedar¨ªa desactivada. Recalc¨® eso s¨ª que esta circunstancia no se hac¨ªa extensible a las multas por consumo de alcohol, puesto que, al contrario que en el caso de la ordenanza del ruido, ¨¦stas s¨ª se apoyan en una ley regional.

Pese a ello, la recaudaci¨®n de esas sanciones no est¨¢ corriendo mejor suerte. En 2012, la Polic¨ªa Municipal interpuso 44.700 denuncias; en 2013 se produjo ¡°un descenso considerable¡±, seg¨²n la concejal¨ªa de Seguridad, que cifr¨® en unas 40.000 las denuncias. De ellas, sin embargo, s¨®lo 25.000 expedientes pudieron concluirse (el tr¨¢mite administrativo se traba si, por ejemplo, el denunciado reside fuera de Madrid).

El organismo que gestiona las sanciones, Madrid Salud (dependiente de Seguridad), ha liquidado sus presupuestos de 2013 con un ingreso previsto por esas sanciones de 15,2 millones de euros; sin embargo, solo ha logrado recaudar 3,4 millones y tiene pendiente de cobro 11,8 millones.

Hay tres razones fundamentales que explican esas dificultades. En primer lugar, el sistema de cobro: una vez que el agente levanta acta de la infracci¨®n, el afectado tiene 10 d¨ªas en los que, si reconoce su responsabilidad, ver¨¢ rebajada en un 40% la sanci¨®n (a 360 euros si es mayor de edad, 300 si es menor). El problema es que los j¨®venes que reciben la multa no suelen correr a cont¨¢rselo a sus padres, de forma que, cuando estos reciben noticia por escrito en su domicilio, ese plazo ya se ha agotado. Enfrentados a la tesitura de pagar 500 ¨® 600 euros, la mayor¨ªa opta por recurrir, de forma que el Ayuntamiento tiene que acudir a la v¨ªa ejecutiva, demor¨¢ndose el cobro hasta cuatro a?os. Eso si se cobra, porque si el chaval es mayor de edad no se puede hacer responsables a sus padres, de forma que podr¨ªa evadir el pago si carece de ingresos.

Antes de 2012, cuando era la Comunidad la responsable de gestionar estos expedientes, la gran mayor¨ªa ni siquiera eran tramitados por otro motivo: la dificultad para probar la falta cometida. Si la multa se paga, no hay problema. Pero si se litiga, ?c¨®mo puede el agente, pese a su presunci¨®n de veracidad, demostrar que el joven estaba bebiendo en la calle (tener el vaso en la mano no es sin¨®nimo de beber), y que lo que estaba bebiendo era alcohol (sin necesidad, claro, de probarlo)?

El Ayuntamiento ya sabe que tiene un problema judicial en ciernes. En abril de 2013, reconoci¨® a este peri¨®dico que estaba buscando un aparato con el que medir el alcohol en una bebida f¨¢cilmente, pero ten¨ªa dificultades al no encontrar ninguno homologado oficialmente. As¨ª se lo repiti¨® tambi¨¦n al Defensor del Pueblo, que le transmiti¨® las ¡°numerosas quejas¡± de ciudadanos.

Un a?o despu¨¦s, nada se sabe a¨²n de esos etil¨®metros. Y las multas del botell¨®n, entre tanto, se siguen amontonando sin cobrar ni solucionar el problema.