La Junta expedienta a cinco bancos por no dar uso social a su VPO

La Junta de Andaluc¨ªa ha abierto expediente sancionador a cinco bancos por no ofrecer sus viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes. Las multas derivadas de estos procedimientos pueden ascender a 11,1 millones de euros, seg¨²n ha adelantado este jueves la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cort¨¦s (IU), en el Parlamento andaluz.

La obligaci¨®n por parte de las entidades financieras de poner sus viviendas protegidas a disposici¨®n de los registros municipales est¨¢ fijada en la ley de VPO, integrada en la ley andaluza de la Funci¨®n Social de la Vivienda, la conocida como ley antidesahucios. Las entidades expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros p¨²blicos), BBVA (29), La Caixa (32), Banco Santander (24) y Banco Sabadell (3). En el caso de BBVA, Banco Santander y La Caixa, los expedientes se han abierto por viviendas a su nombre o de sociedades inmobiliarias de su propiedad. El Banco Popular es el que se expone a la multa m¨¢s elevada, de hasta 5,82 millones de euros. BBVA, a 2,4 millones; La Caixa, a 1,92; el Banco Santander, 1,44 millones; y el Sabadell, a 180.000 euros.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos de forma cautelar varios art¨ªculos de la norma andaluza recurridos por el Gobierno central. Pero la obligaci¨®n por parte de los bancos de informar sobre sus viviendas p¨²blicas y ponerlas a disposici¨®n de los registros municipales son dos de los apartados de la ley antidesahucios que no fueron impugnados, por lo que siguen en vigor. ¡°Los inmuebles protegidos, construidos con dinero p¨²blico, deben prestar una funci¨®n social¡±, recalc¨® Cort¨¦s, que ha desgranado las actuaciones de su departamento en respuesta a una pregunta planteada por su partido en la comisi¨®n parlamentaria de Fomento y Vivienda.

Entre los cinco bancos suman 185 viviendas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, los encargados de fijar los mecanismos de selecci¨®n para la adjudicaci¨®n de VPO y los requisitos socioecon¨®micos para el acceso a estos inmuebles. Estas entidades entregaron a la Junta el inventario de sus VPO, una obligaci¨®n recogida en la ley antidesahucios. Ha sido al cotejar esa informaci¨®n con la existente en los registros p¨²blicos de demandantes cuando la Junta se ha percatado de que al menos 185 de las viviendas protegidas que las entidades admit¨ªan tener no constaban en los listados de sus correspondientes municipios.

Cort¨¦s ha advertido de que estas VPO no son las ¨²nicas sin asignar a los registros p¨²blicos, pero s¨ª las que ha podido acreditar por ahora su departamento a partir de la informaci¨®n remitida por las propias entidades financieras tras la aprobaci¨®n de la Ley de Funci¨®n Social de la Vivienda. ¡°Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposici¨®n de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan¡±, ha se?alado la consejera.

Por provincias, hay 43 VPO afectadas en Sevilla, 30 en C¨¢diz, 22 en Almer¨ªa, 22 en C¨®rdoba, 20 en Granada, 17 en Ja¨¦n, 17 en M¨¢laga y 14 en Huelva. Cada VPO protegida que no haya sido ofrecida al registro municipal puede suponer una infracci¨®n muy grave que, seg¨²n la ley antidesahucios, puede acarrear multas de entre 30.001 y 120.000 euros. La Consejer¨ªa que dirige Elena Cort¨¦s ha iniciado el procedimiento con la sanci¨®n media, de 60.000 euros, al no apreciar en principio ning¨²n aspecto atenuante ni agravante de los recogidos por la ley.

El Banco Sabadell ha sido el ¨²nico de los bancos expedientados que este jueves se ha pronunciado sobre la decisi¨®n de la Junta. Seg¨²n fuentes consultadas por Europa Press, la entidad ha recurrido el procedimiento abierto porque entiende que ha cumplido con los requerimientos de informaci¨®n solicitados por la Junta, pero no con la de remitir tambi¨¦n la informaci¨®n a cada uno de los Ayuntamientos. Seg¨²n precisaron estas fuentes, el banco ha regularizado ya la situaci¨®n informando a los registros municipales.

Los expedientes abiertos ahora se suman a los que la Junta ya hab¨ªa iniciado contra la Sareb (el banco malo). En este caso, la entidad se expone a una sanci¨®n de 120.000 euros por no comunicar su inventario de VPO y otra de 109 millones por no ofrecer a los registros municipales las 911 VPO de su propiedad. Seg¨²n inform¨® ayer Cort¨¦s, la Sareb ha presentado alegaciones, pero no ha respondido a los requerimientos de informaci¨®n formulados por la Junta, por lo que el Gobierno andaluz mantiene abiertos los expedientes.