Una deuda municipal de 536.000 euros atasca la ayuda a domicilio en Ourense

El Ayuntamiento socialista de Ourense debe medio mill¨®n de euros a la empresa que gestiona el servicio municipal de ayuda a domicilio y que atiende a unas 600 personas altamente dependientes de la tercera ciudad de Galicia. Seg¨²n un informe del jefe municipal de Gesti¨®n Econ¨®mica y Presupuestaria al que ha accedido este diario, la deuda acumulada por la Concejal¨ªa de Bienestar suma 536.000 euros desde diciembre de 2013. El funcionario detalla en un documento firmado la pasada semana que ¡°consultados los registros contables oportunos, resulta que de las facturas presentadas est¨¢n pendientes de pago seis¡±, siendo la de mayor cuant¨ªa de 120.000 euros.

La falta de liquidez ha atascado el funcionamiento de la ayuda prestada a personas con problemas de autonom¨ªa. Los trabajadores, que tienen pendiente una paga extra y que denuncian reiterados retrasos en sus n¨®minas, han iniciado movilizaciones para reclamar la dimisi¨®n de la concejala de Bienestar Social por ¡°dejadez¡±. Adem¨¢s han convocado una primera jornada de huelga el pr¨®ximo 30 de abril. Hace meses ya amagaron con un par¨®n indefinido, cuando la empresa anunci¨® decenas de despidos mediante un ERE que acab¨® convertido en un expediente de regulaci¨®n de empleo temporal. Fomento de Servicios Sociosanitarios, una uni¨®n temporal de empresas formada por la multinacional FCC y por una sociedad del c¨®nsul de Costa de Marfil en Ourense, reconoce problemas pero los achaca ¡°a la alta deuda contra¨ªda con el Ayuntamiento¡±. La concesionaria considera insostenible el servicio tras la p¨¦rdida de ingresos y por eso reclam¨® la resoluci¨®n formal del contrato. El gobierno local se neg¨®.

La edil Marga Mart¨ªn, imputada judicialmente por la gesti¨®n de la ayuda a domicilio, se desentiende del conflicto laboral y niega deudas. Tras las primeras quejas, asegur¨® que la administraci¨®n ¡°paga cuando tiene que pagar¡± y explic¨® que las facturas pendientes desde diciembre se pagar¨ªan en abril porque ¡°pagar dos meses despu¨¦s es algo habitual estos ¨²ltimos a?os¡±. La ley vigente obliga a pagar en menos de 30 d¨ªas, acumul¨¢ndose intereses de demora si no se cumple el plazo. El servicio, con un coste anual de tres millones de euros, lleva meses instalado en una punzante pol¨¦mica. El juez de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Ourense est¨¢ a punto de concluir una extensa investigaci¨®n en la que mantiene imputada a la teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social por presuntos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y cooperaci¨®n para estafa. Fuentes de la investigaci¨®n afirman que los delitos imputados a Mart¨ªn podr¨ªan incrementarse al cerrar la instrucci¨®n. A la espera de que los investigadores policiales rematen las pesquisas y de que se efect¨²en testificales pendientes, el magistrado Antonio Pi?a ha recabado pruebas del pago de facturas presuntamente falsas o infladas por 335.000 euros, de un sobrecoste en la adjudicaci¨®n de 250.000 euros y de una deuda de 900.000 euros con la Seguridad Social. En este sumario judicial tambi¨¦n est¨¢n imputados por supuesta estafa agravada en concurrencia de falsedad en documento mercantil los empresarios a cargo de la contrata entre los a?os 2007 y 2011, as¨ª como funcionarios de la Concejal¨ªa de Bienestar Social a los que el juez acusa de mantener una ¡°conducta dolosa¡± que motiv¨® ¡°un quebranto patrimonial¡± a las arcas p¨²blicas. A su vez, la justicia ha dado carpetazo a las denuncias cruzadas entre los exsocios por plagio o apropiaci¨®n.