Los errores urban¨ªsticos amenazan a Sanxenxo con la bancarrota
Derribos, indemnizaciones y expropiaciones pendientes asfixian las finanzas municipales
La pol¨ªtica urban¨ªstica de Sanxenxo ha generado un lastre financiero insoportable para la ya debilitada econom¨ªa municipal, 15 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de un plan general cuyos patentes errores castigados por los tribunales crearon una de las mayores burbujas inmobiliarias en la costa gallega. El principal centro tur¨ªstico de las R¨ªas Baixas sigue acumulando un nivel de endeudamiento que hipotecar¨¢ las arcas municipales hasta al menos la mitad de este milenio. Con 19 imputados por dudosas licencias urban¨ªsticas, entre los que se encuentran pol¨ªticos (como la alcaldesa, Catalina Gonz¨¢lez, del PP, y la actual secretaria de Urbanismo de la Xunta, Encarnaci¨®n Rivas), t¨¦cnicos y promotores, implicados en presuntos delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, contra la ordenaci¨®n del territorio y la administraci¨®n p¨²blica, el gobierno local tiene que acatar en el horizonte m¨¢s inmediato la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le obliga a expropiar una parcela de 3.000 metros cuadrados declarada zona verde en el centro urbano. La ejecuci¨®n del fallo llega cuando el municipio ya est¨¢ pagando por otros errores urban¨ªsticos un mill¨®n de euros al a?o m¨¢s intereses y debe afrontar otros casi cinco por indemnizaciones y derribos pendientes. El precio de la expropiaci¨®n que se debate ahora en los tribunales podr¨ªa ser la vuelta de tuerca para acabar estrangulando sus exiguos ingresos desde que la crisis oblig¨® a cerrar la Xerencia de Urbanismo, creada para administrar la euforia de la ¨¦poca dorada del ladrillo, que lleg¨® a multiplicar por cuatro el actual presupuesto municipal (de unos 30 millones). Este fallo judicial amenaza al Ayuntamiento desde 2008, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG admiti¨® parcialmente la demanda de los propietarios de la parcela a partir de los planos del plan general aprobado en 2003 cuando era alcalde el hoy diputado nacional del PP Telmo Mart¨ªn. El caso inicia su recta final despu¨¦s de que los due?os, los hermanos Rocafort, hayan presentado ante el Xurado de Expropiaci¨®n de Galicia una tasaci¨®n de 47 millones de euros bas¨¢ndose en los precios vigentes cuando el plan entr¨® en vigor, al comienzo del bum.
?Los propietarios intentaron anular el Plan de Ordenaci¨®n que calific¨® como zona verde la parcela situada en la R¨²a das Cunchas, en la segunda l¨ªnea de la playa de Silgar, y exigieron que se les diera los mismos derechos de edificaci¨®n que a las fincas colindantes. Uno de los motivos para impugnar el documento urban¨ªstico fue la ausencia de un estudio financiero sobre las actuaciones previstas, adem¨¢s de un flagrante error que afectaba a la parcela en litigio: la empresa que elabor¨® el documento, Interurban, adscribi¨® la finca en litigio a la zona de Canelas, en Portonovo, que se encuentra a dos kil¨®metros de distancia y con unas caracter¨ªsticas de suelo diferentes. El TSXG enmend¨® ese error en 2008 y acord¨® que el Ayuntamiento deb¨ªa expropiar la finca. Eso s¨ª, ¡°aun admitiendo como irregular la actuaci¨®n de la Administraci¨®n municipal demandada¡±, el tribunal desestim¨® la anulaci¨®n del conjunto del plan de urbanismo que hab¨ªa sido aprobado cinco a?os antes. El Ayuntamiento ha intentado todos los recursos legales posibles para retrasar lo inevitable, pero el asunto est¨¢ de nuevo en el TSXG, ahora para que la misma Sala de lo Contencioso determine el precio final de la expropiaci¨®n. El consistorio esper¨® hasta el ¨²ltimo momento para impugnar la tasaci¨®n de los propietarios, mientras el Xurado de Expropiaci¨®n estipulaba en 3.010.872 euros el valor de la parcela, a los que hay que sumar otro medio mill¨®n de euros hasta la fecha por los intereses acumulados.
Los propietarios han recurrido las estimaciones del Xurado de Expropiaci¨®n y elevan notablemente sus exigencias bas¨¢ndose en los par¨¢metros de edificabilidad de la parcela si esta se hubiese declarado urbanizable como las otras fincas colindantes. Adem¨¢s, los hermanos Rocafort se?alan que Xurado ha reducido la superficie real a 1.750 metros cuadrados y les ha otorgado un valor de 1.800 euros por metro, cuando ellos defienden que el justiprecio debe ascender a 14.000 por metro. Tambi¨¦n el Ayuntamiento ha recurrido la tasaci¨®n del Xurado. Mientras el caso se dirime en los tribunales, los intereses que van engordando la cuenta para la Administraci¨®n municipal suman 100.000 euros al a?o.
El TSXG deber¨¢ dirimir estas diferencias sobre la superficie y los bienes a valorar, que, en ning¨²n caso, ser¨¢n inferiores a los tres millones, m¨¢s intereses, que ya fij¨® el Xurado de Expropiaci¨®n. Aunque el fallo judicial est¨¢ a¨²n en el aire, expertos consultados apuntan a que lo habitual en casos como este es que el finiquito est¨¦ muy por encima del que determina el Xurado y muy por debajo del que reclaman los propietarios. Las mismas fuentes se?alan que, de mantenerse esa l¨ªnea de actuaci¨®n, la cifra final podr¨ªa rondar los 10 millones de euros.
Agobiados por las deudas
El Ayuntamiento de Sanxenxo ha tenido que hacer muchos n¨²meros para encajar otro de los errores m¨¢s flagrantes de su anterior gobierno local: el pago de 3,8 millones de euros a tres constructoras y la censura de los tribunales a la decisi¨®n pol¨ªtica, amparada en una cl¨¢usula de la Lei de Ordenaci¨®n do Territorio, de que los promotores pagasen en dinero el coste de las viviendas p¨²blicas que estaban obligados a entregar a cambio de levantar dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro.
Con 12 millones de deuda que ya arrastraba antes de ese ¨²ltimo fallo judicial, el Ayuntamiento ha ido aumentando el lastre de los pelotazos urban¨ªsticos en la misma medida que ha crecido su recurso a los pr¨¦stamos bancarios. Y a¨²n sigue enredado en otros procesos judiciales, como el de una parcela para una Ciudad Deportiva, que amenaza con acabar en otro quebranto econ¨®mico para las arcas municipales. Un suma y sigue que ha puesto en bandeja los argumentos para una oposici¨®n (PSdeG, BNG y los independientes de SAL) que no ha hecho otra cosa que reaccionar con la calculadora en mano ante cada varapalo de los tribunales para echar cuentas de cu¨¢ntos a?os estar¨¢ endeudado el Ayuntamiento y qu¨¦ porcentaje le saldr¨¢ a pagar a cada vecino.
Entretanto, un juez de Cambados ha pedido la ampliaci¨®n de algunas pruebas documentales que obran ya en la causa abierta contra el gobierno local por licencias urban¨ªsticas supuestamente ilegales. La Audiencia de Pontevedra tiene pendientes de resolver ocho recursos presentados contra el auto de imputaci¨®n y contra el desglose de la causa en cinco piezas separadas. La alcaldesa, Catalina Gonz¨¢lez, del PP ¡ªimputada junto a la que fuera responsable local de urbanismo y actual secretaria general de este departamento en la Xunta, Encarnaci¨®n Rivas¡ª afront¨® esta etapa con una tesorer¨ªa al borde de la quiebra y unos presupuestos prorrogados que han recortado los proyectos de inversi¨®n. Gonz¨¢lez, que anunci¨® su despedida hace unos meses, ha dado muestras de que ahora est¨¢ reconsiderando esa decisi¨®n. Y en algunos c¨ªrculos del PP se especula con la vuelta a la vida municipal del exalcalde y actual diputado Telmo Mart¨ªn.
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