Penas a la carta

Las leyes penales son m¨¢s pragm¨¢ticas que moralizantes. Su finalidad no es ¨²nicamente el castigo y el escarmiento. Tambi¨¦n buscan la disuasi¨®n del condenado y de los posibles delincuentes futuros. A veces, el reproche moral queda postergado por criterios de eficacia inmediata. Un ejemplo claro de este pragmatismo penal es la regularizaci¨®n de las defraudaciones de Hacienda. Al que regulariza su situaci¨®n tributaria antes de que empiecen las actuaciones contra ¨¦l, se le exime de responsabilidad penal incluso por las falsedades con que ocult¨® su infracci¨®n tributaria. La ley penal busca, sobre todo, que pague. Con igual criterio se perdona al particular que soborna voluntariamente, cuando lo hace a petici¨®n de un funcionario, si lo denuncia en diez d¨ªas, y antes de que se inicie la investigaci¨®n. En este caso lo prioritario para la ley es descubrir y neutralizar al funcionario corrupto.

Otras veces la ley penal no perdona al delincuente, pero le da un trato benevolente a cambio de su colaboraci¨®n. As¨ª, se aten¨²a la pena si el delincuente confiesa la infracci¨®n a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirige contra ¨¦l. Y si lo hace despu¨¦s, tambi¨¦n se le aten¨²a la pena por ¡°confesi¨®n tard¨ªa¡±, seg¨²n expresi¨®n usada por el Tribunal Supremo. Pragmatismo legal, otra vez. No se premia el arrepentimiento del delincuente, sino su contribuci¨®n en la investigaci¨®n, si es ¨²til, eficaz, relevante. En ocasiones esta atenuaci¨®n exige, adem¨¢s, la delaci¨®n. Es el premio al chivato, o al arrepentido. Esto ocurre en casos de terrorismo.

Tambi¨¦n existe una atenuaci¨®n para el confeso y delator en los delitos de tr¨¢fico de drogas. Cuanto m¨¢s alto est¨¦ el delator en la trama, m¨¢s sabr¨¢, m¨¢s bazas tendr¨¢ en el intercambio de atenuaci¨®n por informaci¨®n. Los pobres camellos, sin embargo, carecen de informaciones verdaderamente importantes para intercambiar, y por eso llenan las c¨¢rceles cumpliendo largas penas.

Las caracter¨ªsticas del personaje, y lo sorprendente de la reducci¨®n de la pena han desencadenado rumores, suspicacias y veladas insinuaciones

Seg¨²n recientes noticias, el conocido abogado penalista de Barcelona Juan Piqu¨¦ Vidal se habr¨ªa beneficiado con la atenuante de confesi¨®n y habr¨ªa sido condenado con extraordinaria benevolencia por la Audiencia Nacional como responsable de blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico. La noticia no ha merecido, al parecer, una atenci¨®n preferente de los principales medios de comunicaci¨®n. El 6 de abril de 2005 EL PA?S informaba que la polic¨ªa hab¨ªa registrado el despacho del ilustre penalista por orden del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional. En la misma operaci¨®n policial se ocuparon dos toneladas de coca¨ªna y 16 millones de euros. La gravedad del delito justificaba la severidad de la acusaci¨®n fiscal: nueve a?os de prisi¨®n y una multa de 13 millones de euros. El caso, iniciado en 2004, lleg¨® al juicio oral el pasado d¨ªa 23 de marzo. M¨¢s de diez a?os de interminable proceso, que, sin embargo, termin¨® en diez minutos, sin necesidad de celebrar el juicio. Las noticias informan que Piqu¨¦ y los otros acusados reconocieron como ciertos los hechos de la acusaci¨®n. El abogado barcelon¨¦s era el ¡°hombre de confianza¡±, el principal responsable de la complej¨ªsima trama jur¨ªdica y econ¨®mica urdida para el blanqueo de las ganancias del sanguinario c¨¢rtel mexicano de Sinaloa.

Eso s¨ª, el abogado se conform¨® con la acusaci¨®n y con la pena pedida porque se hab¨ªa reducido a un a?o de prisi¨®n. Ocho a?os de rebaja. Las caracter¨ªsticas del personaje, y lo sorprendente de la reducci¨®n de la pena hasta una probable impunidad pr¨¢ctica, han desencadenado rumores, suspicacias y veladas insinuaciones. Se cuestiona la posibilidad legal de semejante beneficio, y, desde luego, se cuestiona que, aunque sea legal, sea justo.

El pragmatismo de las leyes penales permite atenuaciones as¨ª de escandalosas. Permite, adem¨¢s, que la lentitud de la justicia opere como otra atenuante, cuando se hayan producido dilaciones extraordinarias no atribuibles al inculpado. La raz¨®n es que el condenado merece una compensaci¨®n por haber sufrido el coste psicol¨®gico complementario de un proceso injustificadamente largo.

El problema surge cuando la investigaci¨®n depende de datos de bancos, instituciones o fuentes policiales de determinados pa¨ªses. Entonces la lentitud del proceso no es controlable por los jueces espa?oles. Y siempre queda la duda de si alguien, en aquellos pa¨ªses, ha pagado o propiciado esos retrasos desorbitados. As¨ª, la suma de diez a?os de dilaciones m¨¢s unas probables delaciones, permiten disfrutar de una verdadera pena a la carta. La ley penal y la pr¨¢ctica procesal son pragm¨¢ticas y no tienen por qu¨¦ ser moralizantes, pero a veces, ciertamente, son desmoralizantes.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es ex fiscal de la Audiencia de Barcelona