La Generalitat s¨®lo aplica el 10% de las medidas anticorrupci¨®n que prometi¨®

La corrupci¨®n era una gran piedra en el zapato de CDC y de Artur Mas hace tres a?os, asediado por el caso Palau y las acusaciones contra Oriol Pujol, entonces secretario general. El presidente quiso dar un golpe de efecto y en febrero de 2013 convoc¨® dos cumbres e implic¨® a todos los organismos vinculados a la buena gobernanza, desde el Tribunal Superior de Justicia, la fiscal¨ªa, la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas o el S¨ªndic de Greuges.

Mas se hizo la fotos y publicit¨® un memorando con 51 medidas ¡°en materia de transparencia y regeneraci¨®n democr¨¢tica¡±. Tres a?os despu¨¦s, apenas se cumplen ¨ªntegramente media docena. El resto siguen esperando o se aplican con vericuetos.

El Gobierno catal¨¢n ha elaborado la prometida ley de transparencia y ha puesto en marcha una web sobre la materia, pero la comisionada de cargo, la juez N¨²ria Bassols fue sustituida tras la detenci¨®n de su marido en una operaci¨®n policial del 3%.

Tambi¨¦n se prometi¨® publicitar las retribuciones de los cargos electos, pero se incumple una resoluci¨®n del Parlament para que el salario de algunos altos cargos no supera al de los consejeros. S¨ª se ha dado publicidad, como se acord¨®, a la declaraci¨®n de bienes y patrimonio de los altos cargos electos al tomar posesi¨®n y al cesar.

No se cumple el requisito de hacer p¨²blicas las retribuciones de los miembros de los consejos de administraci¨®n y ¨®rganos equivalentes, pues en el caso de alg¨²n consorcio hospitalarios se han presentado dimisiones para evitar el tr¨¢mite.

Tampoco se ha elaborado un c¨®digo ¨¦tico de los cargos p¨²blicos como se prometi¨®, ni existe un plan formativo para funcionarios, ni se ha creado un registro de lobbies.

El registro p¨²blico de contratos es accesible, como se acord¨®, pero no as¨ª los criterios de valoraci¨®n. Se ha apostado por la transparencia y la concreci¨®n de los criterios para adjudicar contratos, pero sigue habiendo una gran fragmentaci¨®n en la adjudicaci¨®n.

La Oficina Antifraude de Catalu?a asegur¨® en un informe elaborado hace un a?o que s¨®lo se estaba cumpliendo el 7% de las medidas pactadas y desde entonces poco se ha avanzado.

Un ejemplo paradigm¨¢tico es la propuesta n¨²mero 25 que se acord¨® en 2013. Dice que los ¨®rganos de contrataci¨®n velar¨¢n para que los potenciales licitadores conozcan los criterios con los que se valoran sus propuestas. Sin embargo, el caso de la privatizaci¨®n de Aig¨¹es Ter Llobregat revela que, una vez conocidas, se modifican las condiciones del concurso.

El cap¨ªtulo de justicia es el que genera m¨¢s incumplimientos, pues no se ha aplicado ni una de las ocho medidas: desde acelerar la instrucci¨®n de los casos de corrupci¨®n -hay sigue esperando juicio el caso Palau, casi siete a?os despu¨¦s de estallar-, hasta acordar entre los partidos el trato que han de recibir los imputados o cumplir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que un poceso judicial no dure m¨¢s de cinco a?os. Por no hablar de la medida que promet¨ªa que jueces y fiscales explicar¨ªan a la sociedad los casos de corrupci¨®n.

En cuanto a la gesti¨®n de los partidos pol¨ªticos a¨²n est¨¢ pendiente de cumplir que la Sindicatura de Cuentas designe un auditor permanente para la contabilidad de las formaciones o el establecimiento de una metodolog¨ªa contable ¨²nica.

¡°El nivel de corrupc¨ª¨®n es un espejo del pa¨ªs que tenemos¡±, asegur¨® la semana pasada el exdiputado de la CUP David Fern¨¢ndez, cuando acudi¨® al Parlament en la comisi¨®n de estudio que se ha creado.

¡°Est¨¢ claro que no ha habido un desarrollo legislativo de aquella bater¨ªa de medidas que se prometi¨®¡±, asegura el diputado del PSC Jordi Terrades. ¡° Y algunas son simples, solo dependen de la voluntad pol¨ªtica¡±, a?ade.

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