80 a?os en las cunetas

Este julio se cumplir¨¢n 80 a?os desde que la II Rep¨²blica fue asaltada por el golpe militar del general Franco que implant¨® desde sus inicios un r¨¦gimen totalitario regido por el terror y la represi¨®n. Entre las muchas v¨ªctimas de dicho terror figuran los republicanos asesinados y enterrados clandestinamente en fosas comunes. En 2008 se calcularon en 114.266. La gran mayor¨ªa de estas v¨ªctimas no ha sido localizadas ni identificadas. Y lo que es m¨¢s grave, salvo contadas excepciones, ni las Administraciones ni el Poder Judicial han asumido nunca la investigaci¨®n y esclarecimiento de unas conductas calificables como cr¨ªmenes contra la Humanidad.

A que ese pretendido ¡°punto final¡± tenga que esperar contribuy¨® el Tribunal Supremo en marzo de 2012 al excluir estos delitos de la persecuci¨®n penal con argumentos tan err¨®neos como carentes de fundamento legal. Los familiares de las v¨ªctimas quedaron en absoluto desamparo, vi¨¦ndose obligadas al silencio o, en limitados casos, a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de su derecho a recuperar los restos, identificarlos y darles digna sepultura. Pr¨¢cticamente nunca se lleg¨® a conocer qui¨¦nes y c¨®mo los asesinaron.

Ante tantas adversidades cobra especial significado el auto emitido el pasado 30 de marzo por el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 2 de El Escorial que, en un proceso civil de ¡°Informaci¨®n ad perpetuam memoriam¡±, ha decidido reconocer esos derechos a una persona, nieta y sobrina-nieta de dos ascendientes asesinados. Uno de ellos ¡°desaparecido¡± el 27 de julio de 1936 (¡­) fusilado por las autoridades en el barranco de la Bartolina (Calatayud) y enterrado en fosa com¨²n¡±. El otro, ¡°fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal, enterr¨¢ndose los restos en fosa com¨²n¡±. En dicho procedimiento ha quedado acreditado que a ra¨ªz de ¡°una orden cursada desde el Ministerio de la Gobernaci¨®n (¡­) los d¨ªas 3 y 4 de abril de 1959 se procedi¨® al traslado de los restos cadav¨¦ricos desde Calatayud al cementerio del Valle de los Ca¨ªdos sin que se pidiera autorizaci¨®n a la familia¡±.

Es ciertamente turbador cuanto relata la resoluci¨®n judicial sobre el trasiego gubernativo de restos humanos v¨ªctimas del terror, sin el conocimiento de los familiares. Es una muestra, conocida ahora, del terror impuesto por la dictadura. Afortunadamente, pese a la oposici¨®n del fiscal, el juez ha acordado la exhumaci¨®n de los restos depositados en el Valle de los Ca¨ªdos, la comprobaci¨®n de la relaci¨®n familiar mediante una prueba de ADN y, en caso positivo, su entrega a la demandante para satisfacer el derecho a darles digna sepultura. Se trata, en todo caso, de una reparaci¨®n limitada en relaci¨®n a lo que por ello entiende la resoluci¨®n de 2006 de Naciones Unidas sobre los derechos de las v¨ªctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. Basta constatar que la reparaci¨®n implica ¡°la verificaci¨®n de los hechos y la revelaci¨®n p¨²blica y completa de la verdad¡±. Lo que evidentemente no se ha producido.

Para llegar hasta aqu¨ª, el camino ¨®ptimo hubiera sido un proceso penal, como correspond¨ªa a la naturaleza delictiva de los hechos. Y, desde luego, frente al criterio profundamente desviado de la Ley de la Memoria Hist¨®rica de 2007 y del Tribunal Supremo, ¡°la b¨²squeda de los cad¨¢veres de las personas asesinadas y las ayudas para recuperarlos e identificarlos¡­¡± nunca debi¨® privatizarse, atribuy¨¦ndola a los familiares, la mayor¨ªa carente de recursos, y a las entidades memorialistas. En cuanto el Partido Popular lleg¨® al gobierno, derog¨® de facto la ley y suprimi¨® toda subvenci¨®n p¨²blica a estas necesarias y leg¨ªtimas iniciativas.

La noticia, sin duda positiva, de la decisi¨®n del juzgado de El Escorial contrasta con la absoluta pasividad de los poderes p¨²blicos en la b¨²squeda y localizaci¨®n de las fosas y de los miles de desaparecidos que en ellas permanecen. La situaci¨®n es tan dram¨¢tica como profundamente injusta. Sobre todo despu¨¦s de que el Comit¨¦ de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas exigiera en noviembre de 2013 al Gobierno espa?ol que ¡°todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial¡­¡±. La recomendaci¨®n ha sido abiertamente incumplida, lo que aboca a los familiares de las v¨ªctimas, muchos de ellos ya de edad avanzada, a entablar, desde el desamparo, denuncias y costosos pleitos civiles. ?Qui¨¦n se atreve a decir, desde la ignorancia o la mala fe, que las heridas abiertas por la dictadura est¨¢n cerradas?

Carlos Jim¨¦nez Villarejo fue Fiscal Anticorrupci¨®n y es miembro de Federalistes d'Esquerres.