El Tribunal Superior valenciano pide juzgados de delincuencia econ¨®mica
De la Oliva lo considera necesario para perseguir delitos y desvelar el patrimonio de los autores
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha reclamado este jueves juzgados especializados en delincuencia econ¨®mica con el fin de poder perseguir de forma eficaz las tramas y desvelar el verdadero patrimonio de los autores, ante la dificultad que ahora encuentran para ello los magistrados.
Varios de los grandes casos de corrupci¨®n descubiertos en los ¨²ltimos a?os en la comunidad aut¨®noma se han zanjado sin que recuperase el dinero defraudado, incluso cuando se ha producido sentencia firme sobre los hechos.
De la Oliva ha hecho las declaraciones en unas jornadas sobre justicia y Administraci¨®n tributaria en las que han participado representantes de ambas, as¨ª como miembros de la Fiscal¨ªa, la polic¨ªa y la Guardia Civil celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La presidenta del TSJ ha apostado por la "especializaci¨®n de los ¨®rganos judiciales" en el ¨¢mbito de la delincuencia econ¨®mica. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha solicitado, adem¨¢s de la especializaci¨®n de los juzgados, un cuerpo de peritos contables cualificado.
Viguer, en una reclamaci¨®n que ya han hecho anteriormente los jueces decanos de toda Espa?a, ha recordado la cada vez mayor complejidad de los procesos penales que investigan los jueces de Instrucci¨®n. Una dificultad que en varios de los casos de corrupci¨®n m¨¢s importantes destapados en los ¨²ltimos a?os en la Comunidad Valenciana ha impedido recuperar los fondos p¨²blicos desviados por las tramas, incluso cuando estas han sido desarticuladas por las fuerzas de seguridad y han reca¨ªdo condenas sobre sus cabecillas.
As¨ª ocurri¨® en el llamado caso Blasco, en el que fue condenado el exconsejero de la Generalitat valenciana Rafael Blasco por liderar una red que malvers¨® fondos destinados a la cooperaci¨®n internacional. En el caso G¨¹rtel, en el que el patrimonio localizado a los supuestos cabecillas es mucho menor del que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cree que llegaron a amasar.
Tampoco se ha hallado el dinero presuntamente apropiado en el caso de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad An¨®nima (Emarsa). Y m¨¢s recientemente en el caso Taula el magistrado V¨ªctor G¨®mez no ha hallado de momento el dinero presuntamente acumulado durante m¨¢s de una d¨¦cada por los cabecillas de la trama tejida en torno a la Diputaci¨®n de Valencia.
Las jornadas persiguen, entre otros fines, aumentar el intercambio de informaci¨®n entre los distintos agentes que combaten los delitos econ¨®micos, como son los jueces, los fiscales, inspectores de Hacienda y grupos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Civil.
Petici¨®n de m¨¢s jueces
No es la ¨²nica petici¨®n realizada ¨²ltimamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Su Sala de Gobierno aprob¨® un informe que fijaba en 68 las plazas judiciales consideradas necesarias para normalizar la situaci¨®n de tribunales y juzgados en la comunidad aut¨®noma.
El Tribunal Superior solicit¨® cinco nuevos magistrados para s¨ª mismo y 12 para las Audiencias de Valencia, Alicante y Castell¨®n. Especialmente necesario resulta tambi¨¦n, seg¨²n el TSJ, el refuerzo de juzgados de lo Mercantil, sobrecargados por el alto n¨²mero de procesos generados a ra¨ªz de la crisis econ¨®mica.
El documento, que fue elevado al Consejo General del Poder Judicial precisaba, adem¨¢s, que la Comunidad Valenciana requer¨ªa de 15 jueces en los juzgados de Primera Instancia e Instrucci¨®n y de otros 13 en los de Primera Instancia de las capitales provinciales.
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