El juez anula la comisi¨®n que investigaba los gobiernos de Botella y Gallard¨®n

La justicia ha decidido bloquear una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la gesti¨®n de dos anteriores alcaldes,Alberto Ruiz-Gallard¨®n (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015), ambos del Partido Popular, al considerar que incumpl¨ªa el reglamento municipal. En concreto, el juzgado contencioso administrativo n¨²mero 9 de Madrid recoge el recurso interpuesto por el partido liderado por Esperanza Aguirre en Madrid, que denunci¨® que la comisi¨®n no ten¨ªa un objeto espec¨ªfico de investigaci¨®n, sino que pretende abarcar un juicio sobre un curso pol¨ªtico, y que por lo tanto no era leg¨ªtima. El Ayuntamiento tiene 15 d¨ªas a partir de este jueves para presentar un recurso.

La comisi¨®n, presidida por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras (Ahora Madrid), se reun¨ªa una vez al mes desde junio y en ella tambi¨¦n comparecieron varios concejales del PSOE y de Ciudadanos. Su objetivo era investigar el origen del endeudamiento municipal (de 990 millones a finales del a?o 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012) y todas "aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales".

Los ediles del PP decidieron no participar en ella, al suponer que el fin de la iniciativa no era analizar casos concretos de mala gesti¨®n (es decir, sobre los que hab¨ªa indicios concretos), sino proceder hac¨ªa una investigaci¨®n a todoterreno de los contratos de obras y servicios del Ayuntamiento, adem¨¢s de la actuaci¨®n de las cuatro sociedades y consorcios municipales (Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid y Feria de Madrid), para ir averiguando caso por caso si se detectaban fallos de gesti¨®n o irregularidades.

Por esta raz¨®n, en abril el PP present¨® un recurso ante el contencioso-administrativo, cuyo resultado ha sido conocido este jueves. En el auto, al que ha tenido acceso EL PA?S, se establece que la comisi¨®n no permanente del Ayuntamiento tiene que interrumpir sus labores al carecer de un objetivo concreto que justifique su actividad. En su interpretaci¨®n el juez da la raz¨®n al PP, al considerar que esta comisi¨®n se organiz¨® para "investigarlo todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubr¨ªa". "No tiene un objetivo concreto, sino gen¨¦rico, vedado a este tipo de comisiones no permanentes", concluye el documento.

La portavoz de los populares en Madrid, Esperanza Aguirre, manifest¨® toda su satisfacci¨®n ante la decisi¨®n judicial. "El reglamento no se puede interpretar de esta manera", afirm¨® Aguirre. La portavoz exige a Carmena excusas oficiales por una maniobra que, en su opini¨®n, estuvo dirigida a deslegitimar una fuerza pol¨ªtica tras un juicio de sus 12 a?os de gesti¨®n en la capital. "Quiero que Carmena pida perd¨®n a Botella y Gallard¨®n", remarc¨® Aguirre, e incidi¨® en que espera que el gobierno de Ahora Madrid pida disculpas a los votantes y a los funcionarios, "que eran quienes fiscalizaban todos los contratos".

La popular calific¨® de "varapalo judicial" el auto, en su significado de "enmienda a la totalidad" a los conocimientos jur¨ªdicos y administrativos de los partidos que apoyaron la comisi¨®n (Ahora Madrid, una confluencia de fuerzas alrededor de Podemos, PSOE y Ciudadanos). Adem¨¢s, seg¨²n la portavoz, este fallo "ratifica" los argumentos de los populares respecto a que la comisi¨®n era una "una causa general contra la gesti¨®n del Partido Popular: "Un proceso inquisitorial que pretend¨ªa anular al PP por razones de inter¨¦s electoral".

El Ayuntamiento, que tiene 15 d¨ªas para recurrir el auto, mantiene su posici¨®n de respeto ante las decisiones judiciales. Pero recuerda que el fallo llega "despu¨¦s de que se registraran dos proposiciones para la sesi¨®n ordinaria del pleno del pr¨®ximo 23 de diciembre".

Las dos proposiciones a las que hace referencia el Consistorio implican modificaciones de los acuerdos para la creaci¨®n de dos nuevas comisiones no permanentes: una sobre la gesti¨®n de la Empresa Municipal de Vivienda, bajo cuya lupa estar¨¢ la venta de m¨¢s de 2.000 viviendas protegidas a fondos de inversiones en 2013; y la otra sobre la empresa Madrid Calle 30, cuya gesti¨®n p¨²blico-privada est¨¢ siendo criticada por el Ayuntamiento, que cree que estuvo al origen de pagos de obras con sobrecostes y sin terminar.