Autopistas radiales y fotos del Rey

Un nuevo hito¡±, ¡°la soluci¨®n a los problemas de transporte en torno a Madrid¡± o una ¡°apuesta clara que muchas generaciones de espa?oles tendr¨¢n que valorar y agradecer¡±. Las inauguraciones de las autopistas radiales de peaje b¨¢sicamente en torno a Madrid, en su mayor¨ªa del consorcio compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia, suscitaron una amplia muestra de vocabulario ¨¦pico. Las expresiones que encabezan estas l¨ªneas fueron pronunciadas en plena efervescencia desarrollista por el entonces presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar; el ministro de Fomento, Francisco ?lvarez Cascos, o el entonces alcalde de Madrid Alberto Ru¨ªz Gallard¨®n. Era tiempos en que no era cabal oponerse a esas v¨ªas que oxigenar¨ªan el coraz¨®n del gran Madrid. Apenas 10 a?os despu¨¦s de aquel Plan de Infraestructuras 2000-2007, el dinero p¨²blico acudir¨¢ al rescate de las autopistas. La fiesta va a costar entre 4.000 y 8.000 millones de euros. La cl¨¢usula de Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n (RPA) obliga al Estado a asumir una infraestructura en caso de quiebra y a pagar a las concesionarias el importe de la inversi¨®n que aun no han recuperado. La RPA es el comod¨ªn contra el riesgo de bancos y concesionarias.

Que las radiales no funcionaban era un secreto a voces. Contra la evidencia, Ana Pastor, anterior ministra de Fomento de Rajoy, mostraba gran aplomo al asegurar que las autopistas, m¨¢s all¨¢ del peaje, no iban a costar un euro al contribuyente. Esquizofrenia total, pues, entre relato y realidad, ya que en 2013, el tr¨¢fico hab¨ªa descendido en un 48% respecto a 2007 y , claro, no sal¨ªan las cuentas, como suced¨ªa en los planes quinquenales sovi¨¦ticos. Hay otros precedentes recientes de ese auxilio social obligatorio a negocios privados ruinosos. Con la paralizaci¨®n del proyecto Castor, por medio millar de peque?os se¨ªsmos en la zona de Tarragona y Castell¨®n, la Administraci¨®n ya tuvo que pagar 1.350 millones de euros ¡ªpactados bajo el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero¡ª a Escal UGS, controlada por ACS.

O sea que en el c¨ªrculo vicioso entre infraestructuras y dinero p¨²blico parece que Espa?a contin¨²a sumida en el siglo XIX, cuando el negocio consist¨ªa en hacer kil¨®metros de v¨ªas de ferrocarril para lograr subvenciones, aunque se tratase de un proyecto in¨²til. Tiempos aquellos del Marqu¨¦s de Salamanca, ministro de Hacienda, en que se concedi¨® un cr¨¦dito para la compa?¨ªa ferroviaria de la que ¨¦l mismo era principal accionista. Las ayudas p¨²blicas supusieron el 50% del capital desembolsado en la ¨¦poca de gran fiebre ferroviaria espa?ola. Los s¨ªntomas se prolongaron con vaivenes hasta la dictadura del general Primo de Rivera. La II Rep¨²blica supuso un punto de ruptura. El socialista Indalecio Prieto, ministro de Fomento, denunci¨® en referencia a la no nata l¨ªnea Santander-Mediterr¨¢neo su trazado ¡°caprichoso¡± que ¡°describ¨ªa curvas innecesarias cuyo objetivo era aumentar el beneficio de las empresas concesionarias¡±.

El desprop¨®sito ferroviario y de infraestructuras en Espa?a forma parte de una historia que llega hasta hoy d¨ªa. Trenes de alta velocidad vac¨ªos ¡ªcomo suced¨ªa con los convoyes que circulaban en el siglo XIX¡ª, o trazados radiales o innecesarios, expresi¨®n de una concepci¨®n centralista del Estado cuando no declaradamente comisionista: en beneficio propio o para financiar partidos. La ¨²nica enmienda pactada para los presupuestos de 2010 entre PP, PSOE y CiU fue la que conced¨ªa 250 millones de euros en cr¨¦ditos participativos a las concesionarias de las autopistas radiales.

Hay partidos con alma decimon¨®nica, que campea en muchos otros ¨¢mbitos. Ah¨ª est¨¢ el C¨®digo Penal, seg¨²n el cual quemar una foto del Rey supone una injuria grave y, como tal, puede ser castigada con penas de entre seis meses y dos a?os de c¨¢rcel. El art¨ªculo blinda a cualquiera de los integrantes de la Familia Real. Y la judicatura espa?ola y el Tribunal Constitucional abundan en esa l¨ªnea.

Independientemente de lo reprobable o no que se considere la quema de fotograf¨ªas del Rey, es un sinsentido que en pleno siglo XXI se prevean penas de c¨¢rcel para lo que no debiera estar tipificado como delito. Sostiene el catedr¨¢tico de Derecho Penal Joan Queralt que el Rey es un s¨ªmbolo del Estado y que cuando act¨²a no lo hace a t¨ªtulo personal sino con el respaldo y autorizaci¨®n expresa del Gobierno. Por tanto, castigar la cr¨ªtica al Monarca en cuanto a tal, ya que ning¨²n poder aut¨®nomo tiene, ser¨ªa nada menos que elevarlo a figura sagrada¡­ Y eso nos devolver¨ªa, una vez m¨¢s, al siglo XIX.