Un juez colombiano ordena a una filial del Canal a devolver las infraestructuras del agua de Santa Marta

El auto, fechado el pasado 15 de febrero, obliga a la empresa del Canal a entregar todos sus bienes a la ciudad de Santa Marta. Metroagua ¡ªque est¨¢ participada en un 35% por el Canal, un 33% por un inversor privado y un 28% por el municipio¡ª dispone de 10 d¨ªas para acatar la decisi¨®n judicial. El ente p¨²blico madrile?o, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa, est¨¢ dispuesto a abandonar la ciudad, pero anuncia que continuar¨¢ luchando judicialmente por recuperar sus inversiones, valoradas en 19,8 millones de euros.

Desde el Canal de Isabel II se sostiene que su intenci¨®n era dejar la ciudad el 17 de abril pr¨®ximo, fecha en la que finaliza el contrato que lleva en vigor 25 a?os. Los mismos portavoces aseguran que lo ten¨ªan todo preparado para el traspaso, con el inventario realizado, el ¨²nico problema era que el distrito no les comunicaba a qui¨¦n ten¨ªan que entregar los bienes junto con las bases de datos de los clientes.

El exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, que pidi¨® las medidas cautelares, indic¨® ayer a EL PA?S en conversaci¨®n telef¨®nica que el municipio ten¨ªa muy avanzado el contrato p¨²blico que regir¨¢ la pr¨®xima concesi¨®n de suministro del agua en la ciudad. Hay dos empresas interesadas en el proyecto, Veolia y Aqualia. En su opini¨®n, la decisi¨®n judicial no hace sino reforzar sus denuncias sobre el mal servicio que estaba prestando Metroagua. ¡°Pensamos que las inversiones que ha realizado la empresa se hicieron con plata p¨²blica y habr¨¢ que determinarlo¡±, asegur¨®.

Expropiaci¨®n ¡®de facto¡¯

Tambi¨¦n considera que el auto avala la decisi¨®n que tom¨® el 11 de febrero pasado el actual regidor, Rafael Alejandro Mart¨ªnez, cuando modific¨® una cl¨¢usula del contrato de arrendamiento inicial del acueducto y del alcantarillado firmado por las partes. El punto que cambi¨® le permit¨ªa rescindir de forma unilateral el contrato con la empresa, algo con lo que no estaba de acuerdo el Canal porque consideraba que era una ¡°expropiaci¨®n de facto¡±. De hecho, el ente p¨²blico madrile?o hab¨ªa pedido la suspensi¨®n de ese ¡°acto de expropiaci¨®n¡± hasta que no se decidiera cu¨¢l era el modo de transmisi¨®n de la empresa y a qui¨¦n. Tambi¨¦n ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo colombiano.

El conflicto hac¨ªa temer a los ciudadanos que se produjera un desabastecimiento de agua cuando se finalizara el contrato, donde se contemplaba una pr¨®rroga que el alcalde no deseaba.

Santa Marta es una gran ciudad de veraneo, que ha recibido a m¨¢s de 100.000 desplazados huyendo de la violencia en los ¨²ltimos a?os. Caicedo asegur¨® ayer que el nuevo contrato de licitaci¨®n est¨¢ muy avanzado y ¡°no existir¨¢ ning¨²n problema¡±. Es m¨¢s, ¡°se solucionar¨¢n¡±, porque est¨¢ mucho mejor estudiado y ser¨¢ m¨¢s beneficioso para el distrito.

Tanto el alcalde actual como su predecesor en el puesto coinciden en que el servicio que est¨¢ prestando Metroagua es muy deficiente, llevando ¡°agua no potable¡± a la poblaci¨®n, con cortes continuos y falta de las infraestructuras adecuadas; de tal forma que las aguas negras salen por muchos puntos y se mezclan con el agua potable. Una situaci¨®n que niega de forma rotunda el Canal.

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid denunci¨® la situaci¨®n en la que supuestamente se encontraba Santa Marta. Tras la decisi¨®n judicial, el diputado Eduardo Guti¨¦rrez sostiene que ¡°una vez m¨¢s se pone de manifiesto c¨®mo hace las cosas la empresa p¨²blica el Canal¡±. ¡°La Justicia est¨¢ dando la raz¨®n a los samarios [gentilicio de los habitantes de la ciudad]¡±, puntualiza.

La salida de la ciudad, seg¨²n fuentes del Canal, deber¨ªa haberse producido sin dificultad, debido a que su pol¨ªtica actual no incluye la expansi¨®n por Sudam¨¦rica como en ¨¦pocas anteriores, durante el mandato del expresidente Alberto Ruiz-Gallard¨®n. De hecho, la empresa madrile?a est¨¢ cerrando aquellas sociedades cuyo objeto no tiene nada que ver con el ciclo del agua.

Los mandatarios de la ciudad colombiana consideran, adem¨¢s, que el contrato que se firm¨® hace 25 a?os contiene cl¨¢usulas abusivas, entre ellas un arrendamiento en vez de la concesi¨®n administrativa. Tambi¨¦n denuncian que a lo largo de los a?os se han llevado a cabo modificaciones del acuerdo inicial que benefician al contratista. Ha desaparecido el pago inicial comprometido de 183 millones de pesos anuales ¡ªunos 55.000 euros¡ª y se ha reducido el porcentaje del 33% mensual de la recaudaci¨®n bruta a solo un 2%. Tambi¨¦n se pact¨® que las mejoras en las infraestructuras de cancelar¨ªan a costa del distrito de Santa Marta.

Fuentes del Canal de Isabel II explican que el suministro en la ciudad se ha ido complicando desde hace unos 10 a?os a esta parte, debido a la persistente sequ¨ªa que ha vaciado los r¨ªos de los que obten¨ªan el agua. Por ese motivo, tuvieron que construir varios pozos, desde donde se bombea a las casas.