A juicio los nombres franquistas de las calles de Alicante

Plaza de La Libertad o Plaza de la Divisi¨®n Azul. De una juez depende que la ciudad de Alicante conserve en sus calles las reminiscencias franquistas por otros m¨¢s acordes con una sociedad democr¨¢tica, en aplicaci¨®n de la Ley de Memoria Hist¨®rica. El grupo municipal popular se ha escudado en defectos de forma para pedir este martes en un juicio que todo siga igual. Es decir, que se declare nulo el acuerdo adoptado por el tripartito de izquierdas que gobierna el consistorio (PSOE, Guanyar Alacant y Comprom¨ªs) el pasado mes de noviembre, para reemplazar los nombres de 46 viales y plazas.

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Los populares alegan como principal motivo de su recurso ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo que la decisi¨®n final era competencia del pleno del ayuntamiento. As¨ª lo preve¨ªan inicialmente las normas que regulaban la comisi¨®n municipal integrada por todos los partidos pol¨ªticos para elaborar una propuesta. Pero obvian que una ordenanza de 2009, aprobada en ¨¦poca de mayor¨ªa absoluta del PP, otorgaba esas mismas facultades, en exclusiva, a la junta local de gobierno, seg¨²n les responden desde el tripartito.

¡°Esperamos que hoy se inicie el fin de los obst¨¢culos jur¨ªdicos que impiden retirar los homenajes fascistas en las calles de Alicante. Nuestra ciudad es una excepci¨®n muy rara. Esperamos que se restaure la normalidad democr¨¢tica y tengamos unas calles libres de fascismo¡°, ha declarado el concejal de Cultura y Estad¨ªstica, Daniel Sim¨®n, antes de asistir junto a la edil de Memoria Hist¨®rica, Mar¨ªa Jos¨¦ Espuch, al juicio como oyentes.

La futura sentencia dirimir¨¢ uno de los principales puntos de fricci¨®n entre el gobierno y la oposici¨®n en la presente legislatura. Una pol¨¦mica que recab¨® la atenci¨®n medi¨¢tica de todo el pa¨ªs el pasado mes de marzo, cuando el equipo de gobierno comenz¨® por la Plaza de la Divisi¨®n Azul a reponer las antiguas placas de las calles. As¨ª se lo hab¨ªa ordenado dos meses antes, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, la juez Bego?a Calvet -la misma que ahora debe dictar una resoluci¨®n definitiva- en un auto de medidas cautelares impulsado por el PP.

El grupo popular sostiene que la propuesta emanada de la comisi¨®n municipal ¡°incumple la motivaci¨®n y el esp¨ªritu de reconciliaci¨®n y consenso¡± que rige la Ley de Memoria Hist¨®rica, es ¡°arbitraria¡°, adolece de la necesaria ¡°participaci¨®n ciudadana¡° y se extralimita tanto al proponer nombres alternativos para las calles afectadas, cuando solo deb¨ªa identificar los que deb¨ªan ser cambiados, como al incluir en el listado los homenajes a seis personajes hist¨®ricos fallecidos antes de la sublevaci¨®n militar franquista, como V¨¢zquez de Mella o Calvo Sotelo. ¡°Es bueno que se hiciera la Ley de Memoria Hist¨®rica¡°, ha dicho ante la juez el abogado del PP, pero a su juicio se deb¨ªan buscar ¡°nombres neutros¡° que generaran consenso y no reemplazar los que ensalzan ¡°a un bando por los de otro¡°. Del mismo modo, ha a?adido, no se puede ¡°estigmatizar¡° con la etiqueta de franquista a cualquiera sin pruebas de su adscripci¨®n a este r¨¦gimen.

Por el contrario, la abogada del ayuntamiento critica a los populares por no sustentar su demanda en ¡°la pr¨¢ctica de ning¨²n medio de prueba¡± y reafirma la competencia de la junta local de gobierno para aprobar la modificaci¨®n del callejero por imperativo de una ordenanza de 2009. Adem¨¢s, la corporaci¨®n mantiene que las modificaciones se aprobaron tras un proceso de participaci¨®n ciudadana ejemplar, pues las juntas de distrito municipal, el colectivo de comerciantes y varias asociaciones fueron incluidas en la comisi¨®n creada a tal efecto.

La concejal¨ªa de Memoria Hist¨®rica tambi¨¦n respondi¨® a las alegaciones vecinales y las recomendaciones de la comisi¨®n municipal fueron respaldadas en el ¨¢mbito acad¨¦mico por cuatro expertos, dos profesores de Historia Contempor¨¢nea y dos de Ciencias Pol¨ªticas designados por la Universidad de Alicante. ¡°Se trata de cumplir la Ley de Memoria Hist¨®rica. Aqu¨ª no estamos para enjuiciar cuestiones pol¨ªticas, sociales o culturales, sino para saber si un acto administrativo se ajusta a derecho¡±, ha se?alado en sus conclusiones la letrada municipal, y ¡°el proceso no pudo ser m¨¢s participativo¡°.