Catalu?a sufri¨® los mayores recortes sanitarios durante el ¡®proc¨¦s¡¯

La sanidad catalana ha sido uno de los sectores m¨¢s perjudicados por los tres adelantos electorales consecutivos que se han producido en Catalu?a desde 2012 a causa de los vaivenes del proc¨¦s independentista. La inestabilidad pol¨ªtica ha pasado factura al sistema sanitario p¨²blico, azotado por los recortes ejecutados por el gobierno de Artur Mas e incapaz de tirar adelante cambios estructurales para mejorar el sistema a causa de los paros gubernamentales. Seg¨²n un estudio de la Asociaci¨®n Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Catalu?a fue donde m¨¢s se recort¨® el gasto social durante la recesi¨®n, entre 2009 y 2015.

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La gesti¨®n de las estrecheces en el ¨¢mbito sanitario discurri¨®, durante los dos breves gobiernos de Artur Mas ¡ªentre 2010 y 2015¡ª, en paralelo al auge del proc¨¦s. La mayor parte de las competencias en materia sanitaria est¨¢n transferidas a la Generalitat, as¨ª que de poco serv¨ªa como arma arrojadiza el Gobierno central m¨¢s all¨¢ de la ¡°infrafinanciaci¨®n cr¨®nica¡± que denunciaba constantemente el consejero de Salud de la ¨¦poca, Boi Ruiz, para justificar los tijeretazos y los problemas de financiaci¨®n del sector.

Pero la vor¨¢gine del proceso independentista, que copaba el debate parlamentario d¨ªa s¨ª d¨ªa tambi¨¦n, s¨ª sirvi¨® de cortina de humo para tapar los intentos de privatizaci¨®n de servicios p¨²blicos y los grandes recortes que puso en marcha Artur Mas en su primer gobierno para aliviar el d¨¦ficit p¨²blico. Mientras el ejecutivo de Mariano Rajoy hac¨ªa lo propio a nivel estatal, Mas reduc¨ªa en m¨¢s de 1.500 millones de euros el presupuesto sanitario ¡ªpas¨® de 9.875 millones de euros en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.290 millones¡ª. Seg¨²n un estudio de la Asociaci¨®n Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Catalu?a fue, junto a Castilla-La Mancha (presidida por Cospedal entre 2011 y 2015), la comunidad aut¨®noma que m¨¢s recort¨® el gasto social (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales) entre 2009 y 2015. En total, m¨¢s de un 26%. El informe constata una reducci¨®n de 5.538 millones de euros en las partidas sociales catalanas.

El Departamento de Salud orden¨® cerrar quir¨®fanos por las tardes, reducir horarios de centros de atenci¨®n primaria e incluso cerrar puntos de atenci¨®n continuada en algunos municipios. Tambi¨¦n dej¨® de cubrir bajas y cerr¨® plantas hospitalarias enteras para reducir gasto de personal. Durante los a?os de gobierno de Mas, la sanidad catalana perdi¨®, seg¨²n los datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios (pas¨® de 76.306 en 2011 a 73.899 en 2015) y m¨¢s de 1.100 camas hospitalarias (en 2010 hab¨ªa 14.072 y en 2015 sumaban 12.902). Trabajadores, sindicatos y plataformas sociales se lanzaron a la calle para protestar contra lo que se avecinaba: listas de espera disparadas, colapsos en urgencias por falta de camas en planta donde derivar a los pacientes, trabajadores desbordados¡­ Mientras, Mas se reun¨ªa con el Gobierno central para buscar un pacto fiscal.

CiU empezaba ya a abrazar el soberanismo cuando la CUP de Reus (Tarragona) levant¨® la manta de lo que terminar¨ªa convirti¨¦ndose en el mayor esc¨¢ndalo de corrupci¨®n vinculado a la sanidad catalana: el caso Innova. La investigaci¨®n indagaba sobre contratos y pagos ilegales hechos desde el Ayuntamiento de Reus a altos cargos sanitarios como Carles Mant¨¦, director del Servicio Catal¨¢n de Salud entre 2004 y 2006, y Josep Prat, presidente entonces del Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS), la gran empresa p¨²blica que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atenci¨®n primaria en Catalu?a.

El segundo gobierno de Mas aprovech¨® el foco pol¨ªtico para distraer la atenci¨®n y tejer, entretanto, una controvertida remodelaci¨®n del sistema sanitario. Las particularidades de la red p¨²blica catalana, que est¨¢ formada por proveedores muy distintos ¡ªdesde empresas p¨²blicas hasta fundaciones y entidades con ¨¢nimo de lucro¡ª, favorecieron que el Govern de entonces maquinase un plan para despedazar el ICS y privatizar algunos servicios p¨²blicos. Un informe encargado por Salud a la consultora PwC desvelado por EL PA?S, revelaba que Mas quer¨ªa privatizar varios hospitales. El documento recomendaba incluso ¡°una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto pol¨ªtico y social¡± del plan. Artur Mas tambi¨¦n sac¨® a concurso la gesti¨®n de varios centros de atenci¨®n primaria que terminaron adjudic¨¢ndose a la empresa Eulen, sin experiencia en la atenci¨®n sanitaria directa.

Sin embargo, a la Generalitat no le qued¨® m¨¢s remedio que recular en alguna de sus decisiones tras el rechazo de los actores sociales y buena parte de la oposici¨®n parlamentaria.

El segundo Gobierno de Artur Mas contaba con el favor de ERC, su socio de gobierno, que apoy¨® unos presupuestos que consolidaban los recortes ejecutados en 2011 e incluso salv¨® a Boi Ruiz de la reprobaci¨®n en el Parlament. Pero esta alianza sucumbi¨® a la presi¨®n social. Sindicatos y plataformas de afectados por los recortes criticaron duramente la posici¨®n de ERC, que finalmente opt¨® por retirar su apoyo al gobierno catal¨¢n en algunos temas como el proyecto de Boi Ruiz de unificar los hospitales de Lleida bajo una nueva figura jur¨ªdica.

Los recortes sanitarios generaron, de hecho, una movilizaci¨®n social sin precedentes: los trabajadores del hospital de Bellvitge, en el t¨¦rmino de L¡¯Hospitalet con Barcelona, cortaron semanalmente la Gran V¨ªa, la arteria que une ambas ciudades, durante varios meses para protestar por los recortes; los pacientes se organizaron y montaron mesas a las puertas de los hospitales ¡ªtodav¨ªa hoy funcionan¡ª para informar de c¨®mo reclamar los retrasos en la lista de espera; en el verano de 2014, vecinos y enfermos se atrincheraron en las plantas de hospitales como Bellvitge para evitar que se cerrasen durante la ¨¦poca estival.

La presi¨®n social fue tal que Boi Ruiz tuvo que retirar adem¨¢s una instrucci¨®n que regulaba la actividad privada en algunos centros p¨²blicos. Tambi¨¦n redibuj¨® y finalmente fren¨® el VISC+, un plan por el que se propon¨ªa, en un principio, vender a entes p¨²blicos y privados datos sanitarios an¨®nimos con fines cient¨ªficos.

Mas tuvo que echar atr¨¢s tambi¨¦n, por imperativo judicial, un controvertido copago que supuso, de facto, uno de los primeros choques de competencias con el Gobierno central. Se trataba del euro por receta, una medida disuasoria que pretend¨ªa poner fin a posibles abusos en la compra de medicamentos, seg¨²n el Govern. Pero adem¨¢s del rechazo en bloque del sector sanitario, el Gobierno central lo llev¨® al Tribunal Constitucional, que lo suspendi¨® cautelarmente y lo declar¨®, poco despu¨¦s, inconstitucional, alegando que las competencias en materia de financiaci¨®n sanitaria son exclusivas del Estado.

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