Trabajo exige seis millones al Gobierno regional por hacer mal las retenciones

La Seguridad Social ha detectado que la Comunidad de Madrid retuvo a una media de 3.700 funcionarios un importe menor del legal que se destina a la cotizaci¨®n de los trabajadores por accidentes de trabajo y enfermedad profesional entre 2013 y 2017. As¨ª se ha generado una deuda de 5.625.513 euros (la cantidad que no se pag¨® m¨¢s el 20% de recargo) con el Estado. La Consejer¨ªa de Econom¨ªa no est¨¢ de acuerdo e interpondr¨¢ alegaciones al acta de liquidaci¨®n, que no es firme.

En el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2017, la Comunidad de Madrid aplic¨® el 1% de retenci¨®n en la n¨®mina de alrededor de 3.700 funcionarios que trabajan en direcciones generales de diferentes consejer¨ªas del Gobierno regional. De esta cantidad, el 0,65% se destinaba para la incapacidad laboral y el 0,35% para invalidez, muerte y supervivencia, para el caso de que se produjeran accidentes de trabajo o enfermedades de tipo profesional.

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Pero esta retenci¨®n, seg¨²n la Inspecci¨®n de Trabajo de la Seguridad Social debe ser mayor, del 1,65%. El acta de liquidaci¨®n sostiene: ¡°Existe, por tanto, una diferencia en la cotizaci¨®n por invalidez, muerte y supervivencia por accidente de trabajo y enfermedad profesional de un 0,65%¡±. La Seguridad Social le pide al Ejecutivo regional ese importe aumentado con un 20% de recargo. El oficio no es firme, de tal forma que el Ejecutivo regional cuenta con 15 d¨ªas h¨¢biles a contar desde la recepci¨®n de la notificaci¨®n para interponer alegaciones.

Un portavoz del departamento de Comunicaci¨®n de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, asegur¨® ayer a EL PA?S que piensan ejercer ese derecho: ¡°No estamos de acuerdo con la conclusi¨®n a la que han llegado los inspectores de Trabajo¡±. La misma fuente a?ade que ¡°la normativa no es nada clara¡±, motivo que ha provocado la disparidad de opiniones, en la que no ha existido ¡°ninguna intenci¨®n de cometer una infracci¨®n¡±. Adem¨¢s, a?ade el portavoz gubernamental, ¡°parece que no se est¨¢ siguiendo el mismo criterio en otras comunidades¡±.

El problema se ha generado debido a que existen dos ep¨ªgrafes de cotizaci¨®n para dichos conceptos. La actividad de la Comunidad de Madrid de personal se inscribe en el r¨¦gimen general de la Seguridad Social como actividades generales de la Administraci¨®n P¨²blica. Ah¨ª se encuentran desde las actividades legislativas, al orden p¨²blico y la seguridad, pasando por los asuntos exteriores. ¡°Parece claro¡± que las actuaciones realizadas por la Comunidad de Madrid ¡°encajan plenamente¡± en este lugar. A esas actividades les corresponde una determinada cotizaci¨®n por las contingencias de accidentes de trabajo enfermedades profesionales.

Es en ese punto donde produce la discrepancia entre ambas administraciones. El Gobierno regional consider¨® que los 3.700 empleados p¨²blicos afectados se deb¨ªan inscribir en otro ep¨ªgrafe: el de las personas que ejercen un trabajo de oficina, no en el de Administraci¨®n P¨²blica. ¡°Es decir, empleados que realizan su labor sin salir del recinto donde trabajan¡±, explica el portavoz de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa. A partir de 2016, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha determinado que la inscripci¨®n en personal exclusivo de oficina debe ser una excepci¨®n, a?ade. Como el Gobierno regional segu¨ªa otro criterio, se ha acumulado la deuda que ahora reclama la Seguridad Social.

Incompetencia

El diputado del PSOE Jos¨¦ Luis Garc¨ªa considera que este varapalo a las arcas p¨²blicas se debe a la ¡°incompetencia del Gobierno de Cifuentes¡±. ¡°No solo hay que hacer frente a la diferencia que no se abon¨®, sino al recargo¡±.

El parlamentario recuerda que el acta de liquidaci¨®n llega despu¨¦s de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que anula los pactos de gesti¨®n que el Servicio Madrile?o de Salud (Sermas) suscribi¨® en 2015 con 11 hospitales de la regi¨®n para realizar operaciones y pruebas diagn¨®sticas en turno de tarde y durante los fines de semana. Se pretend¨ªa as¨ª disminuir la lista de espera.

¡°Y por si esto fuera poco¡±, a?ade, ¡°el Gobierno central ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el pacto alcanzado el pasado verano Cifuentes y los sindicatos judiciales para la mejora salarial del sector¡±.

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