El fiscal pide seis a?os de c¨¢rcel para el jefe de la Polic¨ªa Municipal en Lavapi¨¦s

Juan Manuel G. M., el oficial responsable de la unidad Centro Sur de la Polic¨ªa Municipal, que incluye entre otras zonas el barrio de Lavapi¨¦s, se sentar¨¢ a partir del pr¨®ximo 9 de mayo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal pide para este mando una pena de seis a?os de prisi¨®n como supuesto autor de un delito continuado de coacciones y otro de falsedad en documento oficial. La solicitud de condena incluye cuatro a?os de inhabilitaci¨®n especial, lo que implica la expulsi¨®n del cuerpo.

Los hechos por los que va a ser juzgado Juan Manuel G. se produjeron, supuestamente, cuando era jefe de la Polic¨ªa Local de Galapagar. Junto a ¨¦l, tambi¨¦n est¨¢ acusado el jefe de servicio y agente de este cuerpo, Jos¨¦ V. P. Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, los dos responsables organizaron a finales de diciembre de 2012 un dispositivo para evitar que se celebrara una macrofiesta de Nochevieja ilegal. Estaba previsto que se celebrara en la finca Villasolita, en Galapagar.

El fiscal mantiene que el 1 de enero de 2003 se person¨® Jos¨¦ V. P. junto con otros agentes en esta finca y no observaron que se estuviera celebrando ninguna fiesta ilegal. Los funcionarios se trasladaron unos 400 metros, hasta la calle de la Fuente el Puerco n¨²mero 24, propiedad de Juan B. P.

El agente Jos¨¦ V. P. comenz¨® a redactar un acta de inspecci¨®n en materia de espect¨¢culos p¨²blicos y actividades recreativas as¨ª como un acta de denuncia por celebraci¨®n de una fiesta ilegal. ¡°Hizo constar hechos, a sabiendas de no ser concordantes con la realidad, tales como que la finca dispon¨ªa de un nombre comercial Fiesta del Campillo o que exist¨ªan menores consumiendo alcohol en su interior¡±, recoge el escrito del fiscal.

En ese momento, el acusado orden¨® a los agentes que le acompa?aban que firmaran el acta, a lo que se negaron ¡°pese a la insistencia del primero¡±. Consideraron que el contenido de dichos documentos no se ajustaba a la realidad.

El oficial Juan Manuel G. M. mantuvo conversaciones con todos los agentes, en las cuales ¡°les presion¨® con el fin de amedrentar la voluntad de los mismos y conseguir que estos firmasen¡±, seg¨²n el escrito oficial. Pero no consigui¨® su prop¨®sito. Por ello, acord¨® junto con el otro acusado que este confeccionara nuevas actas y que se personase horas m¨¢s tarde en el domicilio del propietario de la finca (Juan B. P.) y se las entregase. En las segundas, ya no constaban hechos recogidos en las primeras como el consumo de alcohol por parte de menores en la fiesta.

Expedientes disciplinarios

El jefe de la Polic¨ªa Local ¡°persisti¨® en su actitud¡± y acord¨® la apertura de expedientes disciplinarios contra los agentes. Tambi¨¦n les advirti¨® a los mismos de ¡°las posibles consecuencias¡± que podr¨ªa acarrear su conducta. Entre ellas estaban la denegaci¨®n de permuta de un agente que estaba pendiente de cambiar de destino ¡ªaunque despu¨¦s s¨ª lo hizo¡ª, el cambio de un horario de que disfrutaba otro funcionario o el alterar los servicios que desempe?ar¨ªan los agentes. Entre estos ¨²ltimos, estaba el trasladarse a Las Rozas para vigilar a un compa?ero que estaba de baja, seg¨²n el escrito de la fiscal¨ªa.

El ministerio p¨²blico pide una pena de dos a?os de prisi¨®n para Juan Manuel G. M. por el delito continuado de coacciones, recogido en el art¨ªculo 172 del C¨®digo Penal. A ello se suma una solicitud de condena de cuatro a?os para ambos acusados por el delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario p¨²blico, tipificado en el art¨ªculo 390 del texto legal. A todo ello se a?ade una multa de 6.480 euros y la p¨¦rdida de la condici¨®n de funcionario.

Este peri¨®dico ha intentado recabar, sin ¨¦xito, la opini¨®n del oficial acusado, a trav¨¦s de la Concejal¨ªa de Seguridad. Fuentes pr¨®ximas a Juan Manuel G. M. afirman que este espera que el juicio demuestre que es inocente de todas las acusaciones. El Ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones, al tratarse de un asunto que est¨¢ pendiente de ser juzgado.