La UCO utiliz¨® un informe del Tribunal de los Pueblos para abrir el ¡®caso Inassa¡¯

La investigaci¨®n de la Guardia Civil sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa en 2001 tuvo como fuente un informe de la asociaci¨®n Attac ante el denominado Tribunal Permanente de los Pueblos. Este se define como ¡°¨¦tico internacional, de car¨¢cter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos fundamentales de la Humanidad que no hallan respuesta en instancias oficiales¡±.

Lo que el juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 investiga es si en la adquisici¨®n de Inassa por parte del Canal de Isabel II, durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), hubo comisiones ocultas y estas terminaron en manos de intermediarios o de pol¨ªticos.

Pedro Calvo, Carlos Mayor Oreja, Juan Bravo y Manuel Cobo, exconsejeros de Ruiz-Gallard¨®n, as¨ª como una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, est¨¢n siendo investigados por la presunta compra irregular de la sociedad de aguas colombiana. La acusaci¨®n es que pagaron por ella, junto a la sociedad valenciana Tecvasa, 73 millones de d¨®lares (supuestamente 66 millones m¨¢s de su valor).

Pero ahora los imputados han presentado un recurso frente a la providencia judicial del 26 de abril pasado. En su escrito, los investigados desvelan que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) utiliz¨® como fuente para iniciar sus investigaciones una p¨¢gina web en la que ¡°se localiz¨® un informe presentado en mayo de 2010 por la asiaci¨®n ATTAC Madrid al Tribunal Permanente de los Pueblos¡±. En ese estudio se denuncian ¡°irregularidades en la privatizaci¨®n del Canal y sus operaciones en pa¨ªses sudamericanos¡±. La Guardia Civil los considera ¡°hechos objetivos¡±.

Attac Madrid es, a su vez, ¡°un movimiento independiente¡± que lleva a cabo una triple tarea, seg¨²n explica en su web: educaci¨®n popular, influir democr¨¢ticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales y organizaciones pol¨ªticas y sindicales, as¨ª como la movilizaci¨®n social.

En su escrito de acusaci¨®n ante el autodenominado Tribunal Permanente de los Pueblos, pidi¨® que se condenase al Canal de Isabel II porque los ¡°principales afectados de sus actividades son los pobladores de escasos recursos, que han visto encarecer las tarifas del agua y alcantarillado en m¨¢s de un mil por ciento entre los a?os 1991 y 2006, gracias a un proceso privatizador entendido como pillaje y descontrol de las empresas p¨²blicas¡±.

Sin embargo, los investigados consideran ¡°sangrante¡± que la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal califiquen tales manifestaciones de ¡°hechos objetivos¡±, ya que eso demuestra la existencia de ¡°permeables fronteras institucionales frente al populismo¡±. Y recuerdan que el llamado ¡°Tribunal del Pueblo est¨¢ especializado en asuntos que no encuentran reconocimiento en los tribunales oficiales¡±

Este tribunal considera que la gesti¨®n del Canal ¡°cuando act¨²a como empresa multinacional privada [adquiere empresas fuera de Espa?a] no puede ser sometida al control p¨²blico de la Comunidad de Madrid. ¡°En el transcurso de la fiscalizaci¨®n se ha observado una actitud poco favorable a la transparencia y, por tanto, a la posibilidad de participaci¨®n ciudadana¡±.

Los denunciados replican que en los informes de la C¨¢mara de Cuentas de los a?os 2001 y 2003 ¡°no podr¨¢ encontrarse manifestaci¨®n alguna como las contenidas en el escrito de acusaci¨®n ante el Tribunal del Pueblo de Attac Madrid y, sin embargo, s¨ª pueden leerse todos los detalles de la compra de Canal Extensia [filial del Canal par adquirir empresas en el exterior] con total transparencia¡±. Por ello, reclaman ¡°abandonar de plano las manifestaciones irracionales¡± de los acusadores.