Miles de historiales de Funnydent se apilan en una nave de Arroyomolinos
El propietario de las cl¨ªnicas dentales denuncia a los administradores judiciales por un delito contra la protecci¨®n de datos

Esparcidos por el suelo, apilados en cajas o colocados en archivadores con el distintivo de la polic¨ªa judicial. Miles de historiales de pacientes de Funnydent, las cl¨ªnicas dentales que cerraron sin previo aviso en enero de 2016, se encuentran abandonados en una nave de Arroyomolinos. Tras recuperar el local hace un mes, su fundador, Crist¨®bal L¨®pez, investigado por un posible delito de estafa a m¨¢s de 2.500 clientes por valor de 8,8 millones de euros, ha denunciado a los administradores judiciales por un delito contra la protecci¨®n de datos. Estos sostienen que, durante su gesti¨®n, que ha durado dos a?os, los expedientes se custodiaron conforme a la legislaci¨®n vigente.
En las hojas de papel, de color blanco y ribetes rojos, aparece informaci¨®n confidencial de?las?personas que acudieron a tratarse desde 2014 a alguno de los siete centros que L¨®pez abri¨® en Madrid (la empresa contaba con otras dos cl¨ªnicas en Catalu?a). En esas p¨¢ginas est¨¢n la identidad de los pacientes, sus tel¨¦fonos, direcciones, las enfermedades que padecen y la situaci¨®n de sus tratamientos. La Ley de Protecci¨®n de Datos los califica como datos especialmente protegidos y establece un r¨¦gimen riguroso para su obtenci¨®n, custodia y cesi¨®n.
Los historiales deben eliminarse cuando el paciente recibe el alta m¨¦dica, en un plazo de cinco a?os o cuando no se preste la finalidad para la que fueron almacenados, como alega Carlos Parra, abogado de L¨®pez. Seg¨²n la Ley de Autonom¨ªa del Paciente, la salvaguarda corresponde a los centros, pero existe un vac¨ªo legal en caso de cierre abrupto, como ocurri¨® con Funnydent, que est¨¢ intervenida y en fase de liquidaci¨®n. ¡°Desde el punto de vista de la protecci¨®n de datos es grav¨ªsimo. Los administradores judiciales deber¨ªan haber remitido los historiales a los concursales o informar a la juez, pero nunca abandonarlos¡±, explican fuentes jur¨ªdicas independientes.
Los expedientes se encuentran amontonados en varias salas de la primera planta de Crisan, el antiguo laboratorio de la compa?¨ªa. El cristal del escaparate est¨¢ roto porque han intentado robar en varias ocasiones. Est¨¢ cubierto por una placa de acero que los dos administradores judiciales aseguran haber pagado de su bolsillo. Su intervenci¨®n qued¨® suspendida el 6 de julio por orden judicial y el laboratorio, ¨²nica propiedad que no est¨¢ intervenida, pas¨® a manos de L¨®pez, que no tom¨® posesi¨®n porque no le facilitaron un inventario de lo que recib¨ªa.
Parra asegura que el 12 de junio, antes de que tuviera lugar el traspaso, comunic¨® por escrito a la juez que en el laboratorio hab¨ªa ¡°miles de historiales sin salvaguardar¡±. El lunes, L¨®pez se person¨® en la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos y denunci¨® a los administradores judiciales por un presunto delito contra la protecci¨®n de datos. En el texto, escrito a mano, solicita una inspecci¨®n urgente de la nave, ubicada en un pol¨ªgono industrial de Arroyomolinos, y declara que ¡°Sanidad dio (los expedientes) a los administradores para que estuvieran bajo protecci¨®n m¨¢xima¡± pero que en realidad estaban ¡°sin alarma y sin luz el¨¦ctrica¡±.
Custodia
Gabriel Segura, uno de los administradores judiciales, sostiene que durante los dos a?os que se encargaron de custodiarlos, exist¨ªa una alarma en la nave. Sostiene que desde que cesaron en su actividad, ¡°el depositario de los historiales es Crist¨®bal¡±, pero reconoce que ¡°quiz¨¢s hubiese sido m¨¢s apropiado¡± ponerlos en manos de los administradores concursales. ¡°No pudimos llevar los expedientes a las cl¨ªnicas porque hab¨ªamos sido desahuciados de ellas. Crist¨®bal no pagaba el alquiler desde hac¨ªa un a?o¡±, insiste Segura. L¨®pez se?ala que no se trasladaron porque ¡°nunca hubo intenci¨®n de abrirlas¡±, tal y como sostuvieron los administradores para que los expedientes, en poder de la Consejer¨ªa de Sanidad, pasaran a sus manos.
La ley no deja lugar a dudas: los historiales deben ser custodiados en condiciones de alta seguridad en las cl¨ªnicas en las que van a ser atendidos los pacientes. El fundador de Funnydent tambi¨¦n ha registrado la denuncia en la Consejer¨ªa de Sanidad, para que esta tenga constancia del caso. En su escrito cifra entre 600.000 y un mill¨®n los expedientes apilados en la nave.
El cierre sin previo aviso de las cl¨ªnicas en enero de 2016 dej¨® a miles de afectados con tratamientos bucodentales sin terminar, pero tambi¨¦n les hurt¨® la posibilidad de contar con sus historiales para acudir a otros especialistas. Los expedientes fueron recuperados el 18 de febrero de 2016, cuando la polic¨ªa judicial entr¨® en los siete centros madrile?os tras una orden judicial. Los agentes regresaron el d¨ªa 29 a dos centros, M¨®stoles y Alcorc¨®n, para llevarse m¨¢s documentaci¨®n. Seg¨²n los c¨¢lculos policiales, en total hab¨ªa unos 18.000 historiales.
La jueza exhort¨® a la Comunidad hacerse cargo de los expedientes, que fueron entregados en la Consejer¨ªa de Sanidad el 11 de marzo. Un portavoz del Gobierno regional confirma que este departamento se encarg¨® de custodiarlos durante ¡°unos meses¡±, que no precisa, y que en ese tiempo se facilit¨® copia f¨ªsica de los historiales a quienes lo requirieron, pero no concreta el n¨²mero. La misma fuente se?ala que los documentos se devolvieron al juzgado despu¨¦s de que este los solicitara para entregarlos a los administradores judiciales, cesados en julio tras dos a?os gestionando las cl¨ªnicas.
El juzgado emiti¨® un nuevo auto el 22 de agosto para autorizar a los administradores judiciales ¡°la recogida y retirada de todas las historias cl¨ªnicas a fin de trasladarlas a los correspondientes establecimientos o a la sede social de la mercantil, para su custodia¡±. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas independientes, esta diligencia no deja lugar a dudas y se?ala a los administradores judiciales, o los concursales en su defecto, como los encargados de salvaguardar los expedientes.
Reapertura con nuevos clientes
La Consejer¨ªa de Sanidad autoriz¨® en septiembre de 2016 la reapertura de las cl¨ªnicas Funnydent para que los afectados pudieran continuar con los tratamientos asistenciales que ven¨ªan recibiendo con anterioridad a su clausura. De los siete centros que operaban en la regi¨®n antes del cierre, en enero de ese a?o, solo abrieron dos, Legan¨¦s y M¨®stoles. Seg¨²n L¨®pez, apenas fueron atendidos unos 150 antiguos pacientes. El fundador de las cl¨ªnicas indica que en estos centros tambi¨¦n se realizaron tratamientos a nuevos clientes, lo que dej¨® en las arcas, intervenidas judicialmente, una facturaci¨®n media de 100.000 euros mensuales durante cinco meses.
Con L¨®pez en prisi¨®n (del 29 de enero al 21 de marzo de 2016), la juez de Instrucci¨®n n¨²mero cuatro de Navalcarnero design¨® a Gabriel Segura y David Mateo como administradores judiciales. Su funci¨®n era velar por la empresa. Posteriormente, un juzgado de lo mercantil nombr¨® varios administradores concursales para solventar el pago con los acreedores y decidir la viabilidad de las cl¨ªnicas. Ambas figuras judiciales convivieron en el tiempo, "una incoherencia" seg¨²n los expertos. Carlos Parra, abogado del propietario de Funnydent, sostiene que el dinero que se factur¨® con los nuevos clientes en las cl¨ªnicas abiertas para continuar con los tratamientos fue a parar a las cuentas de los administradores judiciales, que lo utilizaron "para sus propios gastos y para nada relativo a la actividad social".
"Las empresas estaban valoradas en 25 millones de euros. Solo cerr¨¦ unos d¨ªas para hacer un ajuste de plantilla", explica L¨®pez. El fundador de las cl¨ªnicas Funnydent acusa a los administradores de haber dilapidado su patrimonio malvendiendo algunas de sus cl¨ªnicas. Les demand¨® el 31 de mayo de 2017 por presuntos delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida y administraci¨®n desleal. Gabriel Segura, uno de los administradores judiciales, rechaza tal extremo y apunta a que el caso se dirimir¨¢ en los juzgados.?Un informe remitido a los juzgados por los administradores cifr¨® en 15,7 millones de euros la deuda acumulada por Funnydent antes de su cierre.
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