El espionaje en el PP con dinero p¨²blico llega a juicio 10 a?os despu¨¦s

El Gobierno de Esperanza Aguirre gast¨® dinero p¨²blico para espiar a los supuestos adversarios de la que fuera presidenta dentro del Partido Popular, seg¨²n indican las pruebas que recoge el sumario de la causa abierta por esos hechos y que ahora, diez a?os despu¨¦s, llega a juicio. Un grupo de asesores de seguridad ¡ªguardias civiles y polic¨ªas¡ª contratados a dedo por el Ejecutivo de Aguirre cometieron actos de espionaje durante al menos tres meses a Manuel Cobo y Alfredo Prada, entonces vicealcalde de Madrid el primero, y consejero de Justicia el segundo.

Tres guardias civiles siguieron a Prada y Cobo tanto en sus actividades p¨²blicas como en su vida privada sin que hubiera justificaci¨®n ni cobertura legal para ello. Los seguimientos, llevados a cabo entre marzo y mayo de 2008, quedaron registrados en unos partes mecanografiados que daban cuenta de sus movimientos. Ambos pol¨ªticos, que apoyaban a Mariano Rajoy frente a Aguirre en la batalla por el poder en el seno del PP, denunciaron estos hechos, revelados por EL PA?S en enero de 2009.

"Se mont¨® una gestapillo", declar¨® Manuel Cobo, "ojal¨¢ sepamos qui¨¦n lo hizo". Por esta denuncia p¨²blica fue suspendido un a?o de militancia en el Partido Popular

La investigaci¨®n permiti¨® acreditar ¡ªs¨®lo unos meses despu¨¦s de abierta la causa¡ª que los seguimientos se hab¨ªan producido. El posicionamiento de los tel¨¦fonos m¨®viles de los asesores de Seguridad coincid¨ªa con los lugares donde se encontraban en cada momento Prada o Cobo. La juez encargada del caso, Carmen Valcarce, imput¨® a tres guardias civiles, dos polic¨ªas nacionales (el director general de Seguridad y su mano derecha) y a un empleado auton¨®mico, supuesto autor de las notas manuscritas halladas en los partes mecanografiados.

Tras el intento de la juez instructora de archivar la causa tres veces y la reapertura del caso por la Audiencia Provincial en otras tantas ocasiones, este supuesto espionaje pol¨ªtico pagado con fondos p¨²blicos ser¨¢ juzgado desde el lunes, 4 de febrero, en la Audiencia Provincial por un jurado popular. La ¨²nica acusaci¨®n que se mantiene viva en el caso es la que ejercen el PSOE, que pide entre dos y cuatro a?os de c¨¢rcel para los seis imputados por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. El espionaje pol¨ªtico no est¨¢ tipificado en el C¨®digo Penal.

Una de las v¨ªctimas de los seguimientos, Manuel Cobo, denunci¨® en su d¨ªa que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "hubo carta blanca para esas actuaciones ilegales que orden¨® alguien a sabiendas de su ilicitud". "Se mont¨® una gestapillo", declar¨®, "ojal¨¢ sepamos qui¨¦n lo hizo". Por esta denuncia p¨²blica fue suspendido un a?o de militancia en el PP.

"Nos mandaron cometer barbaridades y me quej¨¦ al consejero Granados. Pregunt¨¦ y me dijeron que era por especial inter¨¦s de Ignacio Gonz¨¢lez", declar¨® Jos¨¦ Oreja en 2012

Cuando se archiv¨® por primera vez la causa en julio de 2010, Cobo recurri¨® contra esa decisi¨®n de la juez aunque solo unos d¨ªas despu¨¦s retir¨® su recurso por indicaci¨®n de la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. "Ha entendido que era perjudicar al PP seguir abundando en esa v¨ªa. Yo se lo agradezco", se?al¨® entonces Cospedal.

Todos los imputados negaron, primero ante la polic¨ªa y luego ante la juez, haber hecho los seguimientos. Cuando la investigaci¨®n sobre los tel¨¦fonos m¨®viles de los imputados descubri¨® que hab¨ªan seguido a Cobo y Prada, los agentes argumentaron que hac¨ªan trabajos de contravigilancia o se encontraban en sedes auton¨®micas pr¨®ximas al lugar de trabajo de los dos espiados.

Silencio roto

El silencio de los imputados respecto a lo ocurrido empez¨® a romperse en octubre de 2012. En una reuni¨®n celebrada ese mes en un chal¨¦ propiedad de Francisco Granados, el guardia civil Jos¨¦ Oreja, uno de los imputados, se sincer¨®: "Yo tendr¨¦ que decir que me lo mand¨® ¨¦l [Sergio Gam¨®n, director general de Seguridad] por especial inter¨¦s del presidente actual [Ignacio Gonz¨¢lez]". Refiri¨¦ndose a las declaraciones hechas ante la juez, Oreja se?al¨®: "A mi me dijo [Alejandro] Halffter [viceconsejero]: 'hab¨¦is declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas".

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Aquella confesi¨®n espont¨¢nea fue grabada por una de las personas que particip¨® en la reuni¨®n y aportada a la investigaci¨®n judicial. Ese mismo mes, otro de los imputados confes¨® a la juez que el consejero Granados le hab¨ªa contado que el autor de los partes mecanografiados era el subdirector general de Seguridad Ciudadana, con lo que asum¨ªa la existencia del espionaje.

En diciembre de 2012, Jos¨¦ Oreja, guardia civil que particip¨® en los seguimientos, rectific¨® todas sus declaraciones anteriores para contar a la juez lo ocurrido: "Nos mandaron cometer barbaridades y me quej¨¦ al consejero Granados. Pregunt¨¦ y me dijeron que era por especial inter¨¦s de Ignacio Gonz¨¢lez. No lo dije antes por miedo a perder el trabajo".

Oreja asegur¨® que tambi¨¦n les hab¨ªan ordenado seguir a Alberto Ruiz-Gallard¨®n y a Cristina Cifuentes, aunque la investigaci¨®n nunca hall¨® pruebas de ese espionaje. Otro guardia civil implicado en los seguimientos, Antonio Coronado, confes¨® en julio de 2015 que quien orden¨® los seguimientos fue Ignacio Gonz¨¢lez y que el consejero Francisco Granados conoci¨® estos trabajos ilegales.

Pese a estos testimonios, la juez no imput¨® a ning¨²n cargo pol¨ªtico en esta causa. Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados, los dos ¨²ltimos implicados en causas de corrupci¨®n por las que ya han pasado por la c¨¢rcel, declarar¨¢n como testigos junto a sus compa?eros de partido espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada.