Un tercer agente confiesa el espionaje pol¨ªtico en Madrid
El guardia civil denuncia que Ignacio Gonz¨¢lez dio la orden y dos consejeros lo conoc¨ªan La juez se niega a citar a los miembros del Gobierno de Aguirre para aclarar los hechos
Antonio Coronado, uno de los tres guardias civiles imputados desde 2009 en el caso del presunto espionaje pagado con fondos p¨²blicos de la Comunidad de Madrid, confes¨® ayer por escrito a la juez que la orden de los seguimientos ilegales a pol¨ªticos parti¨® del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez. Tres de los seis imputados en la causa han reconocido ya la existencia del espionaje ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre contra los adversarios de la presidenta dentro del propio PP.
La juez de esta causa tiene encima de su mesa una nueva confesi¨®n del presunto delito que apunta a la responsabilidad directa de varios pol¨ªticos del PP que gobernaban en la Comunidad de Madrid cuando se produjo el espionaje pol¨ªtico. Ninguno de esos pol¨ªticos est¨¢ imputado. La instructora se neg¨® ayer durante la vista previa a la celebraci¨®n del juicio con jurado a investigar las nuevas denuncias y a citar a los se?alados por el guardia civil Antonio Coronado.
"Por especial inter¨¦s del vicepresidente primero..."
El guardia civil Antonio Coronado, imputado como autor de los seguimientos ilegales, entreg¨® la siguiente confesi¨®n a la juez: ¡°El se?or Gam¨®n (director general de Seguridad en el momento de los hechos) y el se?or Casta?o (subdirector de Seguridad) nos re¨²nen en su despacho a tres guardias civiles y tres polic¨ªas, de lo que fueron testigos las secretarias del se?or Gam¨®n, y nos dicen que, por especial inter¨¦s del vicepresidente primero Ignacio Gonz¨¢lez, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar informaci¨®n sobre una serie de personas (...) Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los t¨¦rminos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parec¨ªan ni ¨¦ticas ni profesionales tales instrucciones¡±.
El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo hace siete a?os, entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se hab¨ªan alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que manten¨ªa el presidente del PP con Esperanza Aguirre, quien coqueteaba entonces con la idea de presentar su candidatura a liderar el partido.
En ese contexto de tensi¨®n pol¨ªtica m¨¢xima en el seno del PP se produjo el presunto espionaje: tres guardias civiles y un polic¨ªa nacional, todos ellos fichados a dedo como asesores por el Gobierno de Madrid presidido por Aguirre, realizaron decenas de seguimientos a Prada y Cobo. De esos seguimientos qued¨® constancia por escrito en unos partes mecanografiados que hizo p¨²blicos EL PA?S. Como consecuencia de aquellas informaciones, la juez abri¨® una causa en marzo de 2009 e imput¨® a los supuestos autores de los seguimientos ilegales. La Asamblea del Madrid cre¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el esc¨¢ndalo y el PP nacional abri¨® una informaci¨®n interna. El Parlamento regional madrile?o apenas trabaj¨® unas semanas: el grupo popular bloque¨® la mayor¨ªa de comparecencias pedidas por la oposici¨®n y la comisi¨®n se cerr¨® sin resultados. El PP nacional tambi¨¦n abandon¨® su investigaci¨®n interna tras interrogar a miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre sin consecuencias pol¨ªticas.
Tres intentos de archivo
La juez instructora, Carmen Valcarce, intent¨® archivar la causa en tres ocasiones. La Audiencia Provincial de Madrid hall¨® suficientes indicios de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en lo investigado como para rectificar a la instructora y ordenar que continuara la causa.
La juez encara ahora el final de la instrucci¨®n para someter el caso a juicio con jurado. Hay seis imputados: los tres guardias civiles que participaron en los seguimientos; un empleado auton¨®mico al que se atribuye la letra manuscrita que aparece en los partes del espionaje, y los dos jefes en el departamento de Seguridad. Dos de los imputados han denunciado ahora a la juez que fueron presionados y amenazados para guardar silencio.
Durante los cuatro primeros a?os de instrucci¨®n, los tres guardias civiles negaron haber hecho los seguimientos ilegales a Prada y Cobo. En 2013, el guardia civil Jos¨¦ Oreja S¨¢nchez y el empleado auton¨®mico Jos¨¦ Manuel Pinto declararon ante la juez que Sergio Gam¨®n orden¨® el espionaje ilegal a pol¨ªticos. Otro guardia civil, Antonio Coronado, ha confesado ahora lo mismo.
La juez se niega a citar al Gobierno de Aguirre
El abogado de los tres imputados en el caso del presunto espionaje pol¨ªtico en Madrid que han reconocido los hechos ante la juez solicit¨® ayer que sean llamados como testigos varios miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre que seg¨²n ellos ordenaron el espionaje o lo conocieron sin hacer nada para evitarlo. La juez se neg¨® a practicar esta prueba.
Las partes ya han anunciado que recurrir¨¢n ante la Audiencia Provincial para que se cite al expresidente Ignacio Gonz¨¢lez, los exconsejeros Salvador Victoria y Francisco Granados, y el exdirector general Agust¨ªn Carretero. Sostienen que esa es la ¨²nica forma de conocer qui¨¦n dio la orden y determinar qui¨¦n debe asumir la responsabilidad.
Seg¨²n los tres imputados que han confesado, el entonces presidente Ignacio Gonz¨¢lez fue la persona que orden¨® los seguimientos ilegales: transmiti¨® la orden, afirman, a Sergio Gam¨®n cuando este era director general de Seguridad Ciudadana de Madrid.
Gam¨®n hab¨ªa sido contratado personalmente por Esperanza Aguirre cuando estaba casado con una de las secretarias de la presidenta. La defensa de los tres imputados pidi¨® ayer, y la juez acept¨®, citar como testigo a la exesposa de Gam¨®n, quien declar¨® a EL PA?S que su exmarido hablaba por tel¨¦fono con Ignacio Gonz¨¢lez sobre el espionaje a adversarios de Aguirre.
Granados era el consejero de Interior de Madrid cuando ocurrieron los hechos. Los guardias civiles aseguran que le avisaron de que Gam¨®n les hab¨ªa ordenado seguir a pol¨ªticos. En una conversaci¨®n grabada en el chal¨¦ de Granados en 2012 y publicada por el diario El Mundo se escucha al exconsejero asumir que el espionaje se produjo.
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