Aguado plantea una reforma legal para proteger a los denunciantes de corrupci¨®n

Ignacio Aguado, l¨ªder de Ciudadanos en Madrid, promover¨¢ una reforma legal que proteja a los funcionarios que denuncien la corrupci¨®n si llega a la presidencia de la Comunidad tras las elecciones del 26 de mayo, seg¨²n avanzan a EL PA?S fuentes de su candidatura. Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, Islas Baleares, Navarra, Asturias, Catalu?a o la Comunidad Valenciana ya cuentan con normas de ese corte. No es ese el caso de Madrid, epicentro de las tramas G¨¹rtel, P¨²nica o Lezo: el PP y el PSOE frustraron un primer intento de Ciudadanos en la Asamblea durante la legislatura que ahora acaba, ya que los socialistas entendieron que la normativa era insuficiente y no preve¨ªa los medios necesarios para luchar contra esta lacra.

Aunque Aguado a¨²n estudia si la reforma ser¨ªa impulsada a trav¨¦s de una ley o de un decreto, ya tiene claro su contenido.

As¨ª, el candidato regional de la formaci¨®n de Albert Rivera garantizar¨ªa al funcionario denunciante la salvaguarda de su identidad, asesor¨ªa legal gratuita, asistencia psicol¨®gica para ¨¦l y su familia, y la protecci¨®n de su puesto de trabajo ¡ªincluida una excedencia, si fuera necesaria, hasta la resoluci¨®n del caso¡ª.

Ley estatal

Al tiempo, la propuesta de Ciudadanos prev¨¦ la creaci¨®n de la figura del defensor del Denunciante de corrupci¨®n, un servidor p¨²blico independiente con experiencia demostrada en el sector del derecho penal que ser¨ªa nombrado por la Asamblea de Madrid por mayor¨ªa cualificada. Entre sus competencias, explican fuentes del equipo de Aguado, estar¨ªa la de poder acceder a todas las sedes y a toda la documentaci¨®n de la Administraci¨®n regional, cesando su investigaci¨®n y cediendo sus conclusiones al juez competente en el caso de que se abriera un procedimiento judicial.

En 2015, la irrupci¨®n de Podemos y Ciudadanos en la pol¨ªtica nacional puso en el coraz¨®n de la agenda pol¨ªtica la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupci¨®n. Cuatro a?os despu¨¦s, el balance es desigual. Aunque se han dado pasos normativos en las C¨¢maras regionales, el Congreso no ha aprobado una ley estatal. De hecho, tras tres a?os de una farragosa tramitaci¨®n, el texto decay¨® el 5 de marzo con la disoluci¨®n de Las Cortes.

Sin una norma nacional que ampare a los denunciantes, hay algo seguro: la protecci¨®n de los denunciantes volver¨¢ a la C¨¢mara regional la pr¨®xima legislatura.