El juez busca (sin ¨¦xito) peritos para el ¡®caso P¨²nica¡¯

El pasado 18 de febrero, a los profesores de la Escuela Polit¨¦cnica Superior del campus en Legan¨¦s de la Universidad Carlos III les lleg¨® un mensaje nada habitual: "Os informamos de que se ha recibido una petici¨®n del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 solicitando expertos para ejercer de peritos. Por favor, difundidlo entre vuestros grupos de investigaci¨®n y, si hubiera alg¨²n interesado, que nos lo comunique a secretar¨ªa lo antes posible". Era el pen¨²ltimo intento del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso P¨²nica, para encontrar dos expertos en redes sociales dispuestos a elaborar los informes periciales con los que concluir la investigaci¨®n judicial sobre los trabajos de reputaci¨®n online que la trama de corrupci¨®n hizo para pol¨ªticos como Esperanza Aguirre o Ana Botella, y que supuestamente fueron pagados con fondos p¨²blicos. Hasta el momento, el magistrado solo ha encontrado un perito. La cercana finalizaci¨®n del sumario -la Audiencia Nacional acaba de fijar el 6 de junio de 2020 como fecha tope para terminar la instrucci¨®n- ha convertido la b¨²squeda del segundo en una urgencia judicial.

Las supuestas irregularidades en el pago de estos trabajos de reputaci¨®n -investigadas en 4 de las 16 piezas separadas con las que cuenta la macrocausa- ha provocado la imputaci¨®n de media docena de pol¨ªticos y puesto bajo sospecha a otros tantos de Madrid, Castilla y Le¨®n y Valencia, adem¨¢s de a funcionarios y cargos de confianza. Entre los imputados est¨¢n el que fuera vicepresidente madrile?o Salvador Victoria y la exconsejera de Educaci¨®n Luc¨ªa Figar, ambos del PP. Otros dos investigados, la senadora Pilar Barreiro y el expresidente de Murcia Pedro Antonio S¨¢nchez, del mismo partido, han tenido m¨¢s suerte al haber archivado el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente, las investigaciones abiertas contra ellos por estas pr¨¢cticas.

Las pesquisas sobre este fraude est¨¢n pr¨¢cticamente ya concluidas, seg¨²n destacan fuentes de la investigaci¨®n, que explican que el objeto de la pericia de los expertos no ser¨¢n las supuestas irregularidades financieras -ya detallados en los informes de la Guardia Civil-, sino aclarar qu¨¦ mecanismos utilizaba el empresario Alejandro de Pedro, se?alado como el gur¨² inform¨¢tico de la trama, para mejorar la reputaci¨®n de los pol¨ªticos. Los informes incorporados al sumario ya detallan que De Pedro, con la colaboraci¨®n de los inform¨¢ticos y periodistas que trabajaban para ¨¦l en sus empresas EICO Online y Madiva Editorial, neutralizaban las noticias negativas sobre los cargos p¨²blicos difundiendo en las decenas de peri¨®dicos zombis que controlaban noticias favorables para sus clientes para, de este modo, posicionar estas ¨²ltimas en los primeros puestos de los buscadores de Internet. "Estos trabajos no son ilegales, ni mucho menos. El delito es desviar fondos p¨²blicos para pagarlos", aclaran estas fuentes.

La b¨²squeda de los dos peritos se inici¨® hace m¨¢s de 14 meses. El 1 de febrero de 2018, Anticorrupci¨®n present¨® en la Audiencia Nacional un escrito para solicitar que agentes del Grupo de Delitos Telem¨¢ticos de la Guardia Civil elaboraran este informe. En concreto, la fiscal¨ªa quer¨ªa que detallasen ocho aspectos de esos trabajos. Desde los sistemas utilizados para desplazar las noticias negativas en la Red hasta el uso de identidades digitales o la construcci¨®n de diarios digitales. El juez acept¨® la petici¨®n fiscal.

La respuesta de la Guardia Civil lleg¨® el 10 de octubre, en forma de informe de seis p¨¢ginas en el que se hac¨ªa un somero repaso de los ochos puntos que reclamaban el magistrado y Anticorrupci¨®n. El documento inclu¨ªa referencias a las manipulaciones de las ¨²ltimas elecciones presidenciales de EE UU, explicaciones sobre qu¨¦ era un trending topic y alusiones a los mensajes lanzados desde el perfil de Twitter de Julian Assange durante el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre en Catalu?a. La Guardia Civil admit¨ªa al final del informe que no contaban con expertos en redes sociales y que el texto se hab¨ªa elaborado con "la informaci¨®n p¨²blica existente en Internet y en la experiencia acumulada en la persecuci¨®n e investigaci¨®n del cibercrimen".

Tambi¨¦n a la Complutense

Ante el contenido del informe, Anticorrupci¨®n present¨® en enero un escrito en el que, tras asumir la "incapacidad" de los agentes para realizar esta pericia, solicitaba al juez buscar dos profesores de la Universidad Carlos III "para que presten su colaboraci¨®n en esta causa" y, de este modo, "contribuir al esclarecimiento de los hechos objetos de la investigaci¨®n". El juez acordaba la medida poco despu¨¦s y tramitaba la petici¨®n al centro acad¨¦mico. Sin embargo, la respuesta de la Universidad -que difundi¨® la petici¨®n de la Audiencia Nacional con el mensaje del 18 de febrero- no fue suficiente. El magistrado revelaba en una providencia del pasado 19 de marzo que solo se hab¨ªa presentado el profesor del Departamento de Inform¨¢tica Jos¨¦ Luis Morato. Poco despu¨¦s, este docente ya alertaba de que lo que se le ped¨ªa era "un trabajo arduo para ser realizado por una sola persona".

Poco despu¨¦s, el juez ordenaba pedir expertos a una segunda universidad, la Complutense. Sin embargo, la primera respuesta del centro ha sido un jarro de agua fr¨ªa. El 1 de abril, el magistrado informaba a la fiscal¨ªa que la universidad reclamaba mayor concreci¨®n sobre el objeto de la pericia al considerar que la petici¨®n que hab¨ªa recibido "adolece de una excesiva generalidad que impide delimitar de forma inequ¨ªvoca" cu¨¢l va a ser trabajo. Catorce meses despu¨¦s, la b¨²squeda del juez del caso P¨²nica a¨²n no ha terminado