La Comunidad de Madrid oculta el nombre de las 167 residencias de ancianos sancionadas en cinco a?os
El gobierno regional se niega a revelar la identidad de las empresas para no da?ar su "buen nombre comercial"
La Comunidad de Madrid oculta la identidad de las residencias de mayores multadas en los ¨²ltimos cinco a?os con 167 expedientes, algunas por graves sanciones como no tener autorizaci¨®n, no prestar adecuada alimentaci¨®n o higiene o no disponer el personal de la titulaci¨®n adecuada. ?El motivo? No da?ar ¡°el buen nombre comercial de la empresa o su prestigio, afectando a su proyecci¨®n p¨²blica¡±.
La seguridad de los mayores en las residencias de Madrid preocupa desde que en abril la cadena Ser public¨® un v¨ªdeo de maltratos en un centro de la capital (Los Nogales Hortaleza), pero la Comunidad se ha negado repetidamente desde entonces a facilitar la identidad de empresas sancionadas.
En una solicitud de acceso a la informaci¨®n, la consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales y Familia neg¨® a este peri¨®dico el derecho a conocer la identidad de las empresas sancionadas en los ¨²ltimos cinco a?os, como hab¨ªa solicitado este peri¨®dico siguiendo el procedimiento de la Ley de Transparencia. [Consulte aqu¨ª la resoluci¨®n de la Comunidad]. A juicio de la Comunidad de Madrid, la reputaci¨®n de las empresas es un valor que impide la publicaci¨®n de las infracciones a pesar de que esta es una demanda de los usuarios y de parte del sector que pone el ejemplo de otros pa¨ªses. En su respuesta notificada ayer a este diario, la?Comunidad aporta una lista de 167 empresas sancionadas en el ¨²ltimo lustro sin revelar su nombre. La cuant¨ªa de las sanciones asciende a tres millones de euros, seg¨²n la resoluci¨®n que EL PA?S recurrir¨¢ ante el Consejo de Transparencia.
Los defensores de la transparencia creen que la salud p¨²blica y los derechos de los consumidores deben prevalecer. Tambi¨¦n aducen que la opacidad perjudica al buen funcionamiento del sector porque muchas empresas se quejan de arbitrariedad en las inspecciones. Las sanciones son publicadas en otros pa¨ªses avanzados pero en Espa?a, donde la cultura de la transparencia es m¨¢s reciente, solo se han conocido en casos puntuales la identidad de los sancionados en casos de salud p¨²blica.
Los resultados de las inspecciones de sanidad en bares y restaurantes de Barcelona fueron publicados por primera vez en 2016 gracias a una petici¨®n de informaci¨®n mediante la Ley de Transparencia de Catalu?a hecha por este diario.
"No puedes proteger una reputaci¨®n que no mereces", dice Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una ONG que promueve la transparencia. Darbishire se?ala que cuando hay violaciones de la ley el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la reputaci¨®n comercial no puede ser una excusa.
En otros pa¨ªses como Estados Unidos o Reino Unido se publica el resultado de cualquier inspecci¨®n que tenga que ver con la salud p¨²blica como hospitales, residencias o restaurantes.
En EEUU las familias pueden consultar en la web la valoraci¨®n por la administraci¨®n de cada residencia de acuerdo a un rango de cinco estrellas. Josep de Mart¨ª, gerente del portal m¨¢s popular del sector, Inforesidencias, dice que el estadounidense es un buen ejemplo de transparencia.
De Mart¨ª ha fomentado en su web que las empresas publiquen voluntariamente las actas de inspecci¨®n, pero en el caso de Madrid la propia Comunidad orden¨® que fueran retiradas alegando que esa pr¨¢ctica iba contra la protecci¨®n de datos. En su portal hay datos residencias de Barcelona o Valencia que han subido sus datos de inspecci¨®n.
¡°Creo que la Comunidad de Madrid est¨¢ preocupada por no ponerse en evidencia, ya que si fueran comparables las actas de inspecci¨®n podr¨ªa generar agravios comparativos¡±, dice de Mart¨ª sobre la denegaci¨®n de los nombres de las empresas multadas.
Riesgos para la salud
La ley 11/2002, que regula a las residencias en Madrid, no proh¨ªbe la publicaci¨®n de las sanciones. De hecho la norma permite ¡°por razones de ejemplaridad¡± publicar en el bolet¨ªn oficial el nombre de las empresas sancionadas, algo que la Comunidad hizo en el caso del centro donde fue grabado el v¨ªdeo de maltratos, la residencia Los Nogales de Hortaleza, para la que propuso una multa de 600.000 euros.
La Comunidad entiende que la ley auton¨®mica supone una limitaci¨®n del acceso a la informaci¨®n p¨²blica, un joven derecho regulado en la ley estatal 19/2013, sobre el que a¨²n no hay un cuerpo s¨®lido de jurisprudencia. El Consejo de Transparencia que cre¨® esa ley estatal a¨²n no se ha pronunciado sobre si se deben publicar los nombres de empresas en casos de sanciones no publicados en boletines oficiales, seg¨²n Access Info.
En su contestaci¨®n, la Comunidad se apoya en la sentencia de la Audiencia Nacional 71/2016, de 2 de febrero de 2017, que deneg¨® el derecho a conocer la identidad de los beneficiados por la amnist¨ªa fiscal de 2012. Pero seg¨²n Access Info, es muy distinto el caso de las residencias ya que entran en juego derechos como la integridad de las personas. ¡°Es muy importante conocer qu¨¦ empresas est¨¢n gestionando mal los centros de ancianos¡±, dice Darbishire.
Las 167 sanciones impuestas entre 2014 y 2018 fueron motivadas por 223 infracciones,?26 leves, 165 graves y 32 muy graves. Las residencias son multadas por motivos como riesgos para la salud, escasez de personal o falta de cuidado y vigilancia.
Personas indefensas
El sector de las residencias vive una fuerte expansi¨®n impulsado por el envejecimiento demogr¨¢fico y un cambio cultural por el que las familias han dejado de ver con malos ojos que sus mayores residan en estos centros. A pesar de ese cambio, cada vez m¨¢s familias expresan sus suspicacias sobre el trato a los mayores. La escasez de personal es una queja recurrente. Adem¨¢s se han conocido casos de maltrato o malas condiciones higi¨¦nicas.
En Madrid hab¨ªa en abril 473 residencias para mayores, seg¨²n la Comunidad. Es un mercado muy fragmentado en el que participan cooperativas, congregaciones religiosas, las administraciones, empresas familiares y grandes grupos internacionales, que est¨¢n ganando terreno.
Miguel V¨¢zquez, presidente de la Asociaci¨®n Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), dice que la opacidad rodea la gesti¨®n de las residencias en Madrid. ¡°Los usuarios deber¨ªan poder conocer las sanciones para saber a d¨®nde llevan a sus familiares, porque aqu¨ª estamos hablando de personas indefensas¡±, dice V¨¢zquez.
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