La muerte de dos menores, bajo sospecha
El fallecimiento de Ilias Tahiri en un centro penitenciario de Almer¨ªa trae a la memoria otro caso similar sucedido ocho a?os antes en una instituci¨®n madrile?a que gestiona la misma entidad
La autopsia de Ram¨®n Barrios, de 18 a?os reci¨¦n cumplidos, no determin¨® signos de violencia, a pesar de que fuera arrojado contra su cama durante una maniobra de contenci¨®n ejecutada por el personal de seguridad del centro Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo, Madrid. El joven cumpl¨ªa en aquellas dependencias dedicadas a los menores infractores su tercer fin de semana de arresto por un delito de da?os. No volvi¨® a salir jam¨¢s. Ocho a?os despu¨¦s, las paredes de Villaverde, su barrio, todav¨ªa le recuerdan. Junto al portal de la familia, embebido en un paraje sin asfaltar, destaca una pintada que nadie se ha atrevido a borrar: ¡°Ram¨®n, ni olvido ni perd¨®n¡±.
El aniversario de su muerte, acontecida el 9 de julio de 2011, coincide con un caso similar sucedido la semana pasada en otro centro gestionado por la misma entidad, la asociaci¨®n Ginso, en Tierras de Oria, Almer¨ªa. All¨ª, un menor marroqu¨ª llamado Ilias Tahiri muri¨® a causa de las cinchas que le rodearon las mu?ecas, los tobillos y el t¨®rax. El mismo protocolo de sujeci¨®n mec¨¢nica que le fue aplicado a Ram¨®n, pero esta vez el forense no aduce muerte por causas naturales y encuentra ¡°signos asfixi¨¢ticos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro¡±. En Almer¨ªa, las c¨¢maras lo grabaron todo y el informe describe c¨®mo pasados 10 minutos de la actuaci¨®n el joven ¡°est¨¢ sujeto de pies y manos, deja de moverse y contin¨²an poni¨¦ndole el cintur¨®n abdominal, ya sin resistencia y sin percatarse de que ha perdido la conciencia¡±.
La causa de Ram¨®n se archiv¨® sin que el juez le permitiera a la familia llevar a cabo una segunda autopsia. Ellos la solicitaron despu¨¦s de que en el Tanatorio Sur advirtieran moratones. Entonces detuvieron el sepelio y se guard¨® el cad¨¢ver durante una semana en una c¨¢mara frigor¨ªfica a la espera del fallo. Sixto Barrios, de 55 a?os, muestra las fotograf¨ªas que consigui¨® tomar aquella tarde calurosa, cuando el maquillaje comenzaba a desaparecer sobre el cuerpo sin vida de su sobrino dejando a la luz los fatales signos. ¡°Ten¨ªa el cuello roto, ser¨ªa del golpazo que le dieron en la mand¨ªbula. ?Y dicen que esto es normal? Yo no se lo he pintado¡±, rememora. Y agrega: ¡°No tuve tiempo de abrir m¨¢s la funda para comprobar si hab¨ªa marcas en las mu?ecas¡±.
Seg¨²n relata Mari Carmen, de 29 a?os y hermana de Ram¨®n, el centro orden¨®, sin consultarlo previamente, la incineraci¨®n del cuerpo. Lo impidieron a tiempo. El d¨ªa del fallecimiento, el chico padec¨ªa un fuerte dolor de muelas que le mantuvo insomne. Llam¨® persistentemente a los vigilantes por el interfono de su habitaci¨®n hasta que, a las tres horas, aparecieron. Cuando lo hicieron, Ram¨®n estaba alterado por la tardanza y procedieron a inmovilizarle: ¡°Ellos mismos dijeron al testificar que se pasaron en la contenci¨®n. Vieron que el chico no reaccionaba y cuando quisieron levantarlo ya no respiraba¡±.
El informe elaborado por el centro Teresa de Calcuta indica que se aplic¨® contenci¨®n f¨ªsica y tambi¨¦n contenci¨®n mec¨¢nica, esto es, correas. La operaci¨®n solo cesa ¡°tras observar que el menor se encuentra inconsciente, no respondiendo a ning¨²n est¨ªmulo¡±, seg¨²n apunta el texto. En Espa?a este m¨¦todo es legal y no existe un ¨²nico criterio para su puesta en pr¨¢ctica. La falta de unificaci¨®n procedimental genera diferencias sustanciales en la aplicaci¨®n de la contenci¨®n mec¨¢nica entre un centro u otro. Un informe de la ONU firmado por el relator Juan E. M¨¦ndez recomend¨® su abolici¨®n al considerarla una forma de tortura.
La hermana de Ram¨®n se pregunta todav¨ªa hoy por qu¨¦ se les neg¨® un segundo estudio forense. Cuando la noticia apareci¨® en prensa, varios m¨¦dicos contactaron con la familia ofreci¨¦ndose a realizarlo gratis aduciendo razones ¨¦ticas. Mari Carmen lanza adem¨¢s otro interrogante: ¡°?D¨®nde est¨¢ el informe del SUMMA? Fueron los primeros en certificar la muerte de mi hermano. Ese papel nunca ha aparecido¡±. Eran las tres de la madrugada y el Servicio de Urgencia M¨¦dica de la Comunidad de Madrid trat¨® de reanimar a Ram¨®n sin ¨¦xito. Este personal de emergencias extrahospitalarias no fue llamado a declarar en el juicio.
¡°Nosotros lo ¨²nico que queremos es que esto no vuelva a pasar¡±, subraya Mari Carmen, que ha recibido la noticia del fallecimiento del joven en Almer¨ªa con gran pesadumbre. ¡°Me ha removido mucho. ?Cu¨¢ntos m¨¢s chicos tienen que matar para que cierren las instalaciones de Ginso?¡±. Para ella esta clase de instituciones necesitan invertir m¨¢s en educadores; poner el acento en el cuidado y el acompa?amiento y no solamente en la seguridad. ¡°No se dan cuenta de que son chavales que est¨¢n en centros de reinserci¨®n, donde tienen que estar para salir mejor, no peor o muertos¡±.
Denuncias a la fiscal¨ªa
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid denunci¨® en diciembre de 2018 a la asociaci¨®n Ginso por contribuir, supuestamente, a la financiaci¨®n ilegal del Partido Popular en tiempos de Esperanza Aguirre. En 2005, se autoriz¨® un convenio de colaboraci¨®n entre la Agencia para la Reeducaci¨®n y Reinserci¨®n del Menor Infractor (ARRMI) y la entidad sin fines de lucro Ginso en el que se inclu¨ªa la construcci¨®n del centro de menores Teresa de Calcuta y su explotaci¨®n. Seg¨²n la diputada regional Isabel Serra, la asociaci¨®n sirvi¨® de tapadera para la derivaci¨®n de fondos p¨²blicos a las arcas del PP mediante unos informes sobre delincuencia juvenil por un valor de 160.000 euros. Aquellos estudios jam¨¢s fueron publicados.
Serra ha confirmado a este medio que la Fiscal¨ªa a¨²n no se ha pronunciado al respecto del informe que ella misma deposit¨® en dependencias judiciales. ¡°Ginso forma parte de un entramado de empresas que han servido para la financiaci¨®n irregular del Partido Popular madrile?o, como Isolux, Ibadesa o Inypsa. Esas tres aparecen en los informes del caso P¨²nica y caso Lezo, que implican al expresidente Ignacio Gonz¨¢lez y al exconsejero Francisco Granados¡±, denuncia.
M¨¦todos coercitivos
La Comunidad de Madrid dispone de seis Centros de Ejecuci¨®n de Medidas Judiciales para menores de entre 14 y 18 a?os. Cuatro de ellos (140 plazas) son de titularidad p¨²blica y los otros dos (130 plazas) est¨¢n gestionados a trav¨¦s de sendas concesiones privadas. En 2010, un a?o antes del fallecimiento de Ram¨®n Barrios en el Teresa de Calcuta de Brea del Tajo, Amnist¨ªa Internacional emit¨ªa un informe sobre esta clase de espacios en nuestro pa¨ªs. El dossier se?alaba que all¨ª los j¨®venes eran objeto de ¡°contenciones f¨ªsicas y qu¨ªmicas sin observar las reglas internacionales para la protecci¨®n de los menores privados de libertad¡±. Adem¨¢s, alertaba de ¡°castigos corporales, aislamientos forzados como medida disciplinaria, humillaciones y revisiones invasivas de car¨¢cter abusivo¡±. Sus p¨¢ginas denunciaban la opacidad de los centros de menores, cuya gesti¨®n no contar¨ªa con ¡°mecanismos reales y efectivos de supervisi¨®n por las administraciones p¨²blicas¡±.
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