La obligaci¨®n de hacer un 30% de vivienda social frena la solicitud de licencias de obras en Barcelona

Siete meses despu¨¦s de aprobar la obligaci¨®n de reservar un 30% de vivienda social en las promociones inmobiliarias de mayores dimensiones de la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona solo ha recibido 64 solicitudes de licencias de obras para bloques residenciales con m¨¢s de 600 metros cuadrados, los que est¨¢n obligados. El escaso n¨²mero de solicitudes confirma los presagios de promotores y abogados urban¨ªsticos, que preve¨ªan un par¨®n de la actividad por una medida que consideran que genera inseguridad jur¨ªdica y que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

El Consistorio desconoce todav¨ªa cu¨¢ntas de las 64 peticiones finalmente tendr¨¢n que asumir el deber de guardar un 30% de pisos para vivienda social. Afirma, no obstante, que ¡°hay 19 que podr¨ªan estar afectadas¡± por esa medida. Las escasas solicitudes presentadas por promotores inmobiliarios entre el 14 de diciembre ¡ªcuando fue aprobada la modificaci¨®n del Plan General Metropolitano¡ª y el 31 de julio contrastan con las 234 licencias de obras mayores que la alcaldesa Ada Colau dijo que el Ayuntamiento hab¨ªa recibido en los meses de octubre y noviembre.

Para entonces, la Asociaci¨®n de Promotores de Catalu?a hab¨ªa emitido una circular entre sus socios en la que les recomendaba avanzar la presentaci¨®n de solicitudes para no verse afectados por el cambio de reglas. En ese mismo periodo se presentaron tambi¨¦n 157 certificados de aprovechamiento urban¨ªstico, con los que los promotores trataban de blindar los derechos de edificaci¨®n previos a las nuevas condiciones.

El Consistorio, preguntado por este diario, explica que las dudas que tiene sobre las 19 solicitudes que ¡°podr¨ªan¡± estar afectadas se deben a que los promotores no cuentan con el certificado de apovechamiento urban¨ªstico o porque ¨¦ste estaba caducado. La obligaci¨®n definitiva de reservar un 30% se conocer¨¢ cuando concluya la tramitaci¨®n, que, seg¨²n fuentes de promotores consultadas, puede dilatarse m¨¢s de un a?o.

La teniente de alcalde de Ecolog¨ªa, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, lamenta que si se hubiera suspendido la admisi¨®n de solicitud de licencias cuando se ultimaba la aprobaci¨®n de la norma, como pretendi¨® sin ¨¦xito el Gobierno municipal, el n¨²mero de permisos registrados en lo que va de a?o ¡°ser¨ªa mucho mayor¡±. En todo caso, afirma, considera que esa evoluci¨®n se normalizar¨¢ en paralelo a la consolidaci¨®n temporal de la medida, ya que cree que hay una bolsa de peticiones congeladas. ¡°Hab¨ªa quien cre¨ªa que el cambio de norma quedar¨ªa sin efectos tras las elecciones¡±, dice, por un posible cambio en el Ejecutivo municipal tras las elecciones que no se ha producido.

El gobierno de Barcelona en Com¨² defiende la obligaci¨®n de construir pisos de protecci¨®n p¨²blica ante el problema de vivienda que sufre la capital catalana y los municipios de su entorno, con falta de oferta y unos precios presionados al alza. La medida fue lanzada con el apoyo de entidades como la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos. El Ayuntamiento preve¨ªa inicialmente que su medida permitiera la construcci¨®n de m¨¢s de 300 pisos sociales cada a?o, teniendo en cuenta la producci¨®n anual de vivienda libre en los ¨²ltimos a?os.

Extender la medida

Esas estad¨ªsticas, sin embargo, parecen ahora estar hechas trizas. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Colegio de Arquitectos de Barcelona, el n¨²mero de visados de vivienda en la ciudad cay¨® un 46,7% en el primer semestre del a?o. El motivo, seg¨²n el informe, es la supuesta inseguridad jur¨ªdica que generaba entre los promotores la gestaci¨®n de dos decretos de la Generalitat. La afectaci¨®n por una contracci¨®n en la demanda de licencias de obras mayores por la medida del 30% no se prev¨¦ que tenga efectos visibles en las estad¨ªsticas hasta el segundo semestre del a?o.

Sanz defiende la importancia de que la medida aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona se traslade al resto de municipios del ¨¢rea metropolitana, de forma que se genere un bloque territorial s¨®lido en el que sea obligatorio invertir en vivienda social. Algunos municipios de la regi¨®n metropolitana aprobaron mociones instando movimientos en la misma direcci¨®n que Barcelona antes de las ¨²ltimas elecciones municipales.