La inacci¨®n de Torra enquista la respuesta a los problemas sociales

Al Govern de Quim Torra le han bastado 15 meses para poner en pie de guerra a todos los actores sociales. Unos y otros lo acusan de no gobernar o hacerlo con medidas que cuentan con el rechazo de la comunidad implicada. Ya el pasado oto?o, la inacci¨®n pol¨ªtica oblig¨® a salir a la calle a m¨¦dicos, mossos, bomberos y docentes para reclamar mejores condiciones laborales y la reversi¨®n de los recortes. La falta de Presupuestos por segundo a?o consecutivo y las desavenencias entre los partidos del Ejecutivo (ERC y Junts per Catalunya) han enquistado todav¨ªa m¨¢s la par¨¢lisis del sector social.

M¨¢s informaci¨®n

La oposici¨®n promover¨¢ una proposici¨®n para ampliar la renta garantizada

La escuela inclusiva encalla por falta de presupuesto

Estas son algunas de las cuentas pendientes del president Torra con el sector social.

Listas de espera.?Los efectos del plan de contenci¨®n de listas de espera del anterior Govern, que termin¨® en abril del a?o pasado, se agotaron y las listas han vuelto a crecer en m¨¢s de 91.000 personas en solo un a?o. A falta de Presupuestos para incrementar los recursos, el Govern tira de eficiencia. Pero es insuficiente, insisten los profesionales. Los hospitales est¨¢n al m¨¢ximo, pero parar operar y atender m¨¢s pacientes, advierten los trabajadores, son necesarios m¨¢s recursos.

Decreto comedor.?El Govern ten¨ªa previsto aplicar este curso un nuevo decreto para regular los comedores escolares. Pero la norma a¨²n no ha visto la luz. El proyecto, que pretend¨ªa revisar las tarifas al alza y sacar a concurso p¨²blico la gesti¨®n de los comedores, se top¨® con la oposici¨®n en bloque de sindicatos y familias, y Educaci¨®n aplaz¨® su tramitaci¨®n. Aunque el decreto se adaptaba a una normativa europea, la comunidad educativa acus¨® al Govern de intentar privatizar el servicio de comedor.

Escuela inclusiva.?El decreto de la escuela inclusiva, para escolarizar en centros ordinarios a alumnos con necesidades educativas especiales (con discapacidad), vio la luz hace dos a?os, pero con la caja de los Presupuestos vac¨ªa, no hay recursos disponibles para aplicar todas las medidas que contempla la norma. De hecho, maestros y familias critican que no se han incorporado los especialistas prometidos (1.500). Mientras, estos alumnos aumentan cada a?o ¡ªen los ¨²ltimos tres cursos pasaron de 7.719 a 8.803¡ª.

Tarifas del Tercer Sector.?Las entidades del Tercer Sector, que gestionan buena parte de la cartera de servicios sociales, tambi¨¦n se conjuraron para reclamar un incremento de las tarifas que paga el Govern por los servicios prestados. La Confederaci¨®n, patronal de estas entidades, advirti¨® de que la demanda crece y reclam¨® una inyecci¨®n urgente de entre 600 y 900 millones de euros para afrontar el pago de las mejoras salariales vinculadas a los convenios colectivos, la actualizaci¨®n al alza del ¨ªndice de precios al consumo (IPC) o el IVA. Las tarifas llevan 10 a?os congeladas y, aunque las entidades hab¨ªan pactado una hoja de ruta con el Govern para mejorar su situaci¨®n, la respuesta del Ejecutivo ha sido, seg¨²n el sector, ¡°insuficiente¡±.

Universidades al l¨ªmite. Hace apenas una semana, la Universidad de Barcelona (UB) lanzaba el en¨¦simo grito de socorro para reclamar m¨¢s recursos para las universidades, ahogadas desde hace a?os por los recortes y la falta de recursos. Los centros pidieron a Torra un plan de choque de 900 millones para revertir la situaci¨®n ¡°extrema¡± en la que se encuentran, pero el Govern aun no se ha movido. Seg¨²n el rector de la UB, Joan Elias, el Departamento de Econom¨ªa (en manos de ERC) ni siquiera ha incorporado en el proyecto de Presupuestos para el a?o que viene ninguna inyecci¨®n adicional a las universidades, una cartera gestionada por Junts per Catalunya.

Ley Aragon¨¨s.?La Ley de Contrataci¨®n de Servicios de atenci¨®n a las personas, conocida como Ley Aragon¨¨s ¡ªsu impulsor es el vicepresidente Pere Aragon¨¨s¡ª, ha puesto en alerta a los actores sociales. Seg¨²n sus detractores, la norma abre la puerta a que empresas privadas gestionen servicios educativos, sociales y sanitarios (256 especificados en la norma) y precarizar¨¢ las condiciones laborales de los trabajadores. El Govern rechaza este extremo y asegura que es una norma m¨¢s sensible, que impone la calidad del servicio por encima del precio y es m¨¢s vigilante por si hay incumplimientos. Partidos y entidades en contra no se f¨ªan y han anunciado movilizaciones para frenar la ley.

Renta Garantizada.?La Ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, una prestaci¨®n econ¨®mica para las personas sin recursos, lleva m¨¢s de dos a?os en marcha, pero, en la pr¨¢ctica, no se cumple al 100%. Las entidades sociales critican las pocas solicitudes que se aceptan y las trabas burocr¨¢ticas. A la espera de un reglamento que desarrolle la ley ¡ªtras varios retrasos, el Govern dice que estar¨¢ listo en 2020¡ª, la oposici¨®n en el Parlament ha vuelto a lanzar una proposici¨®n de ley ¡ªes la segunda vez que han de recurrir a este mecanismo¡ª para ampliar el acceso a esta prestaci¨®n.