Facturas falsas en nombre de la democracia

El 2 de septiembre, Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, juez de la Audiencia Nacional, no solo decidi¨® investigar a la expresidenta Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza del caso P¨²nica que intenta esclarecer la presunta financiaci¨®n ilegal del PP de Madrid. Tambi¨¦n hizo un detallado resumen de la estrategia supuestamente empleada por el partido para lograr ese fin, a la que los investigadores atribuyeron tintes groseros. La trama habr¨ªa empleado subvenciones p¨²blicas a la Fundaci¨®n para el Desarrollo Econ¨®mico y Social de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid (Fundescam), dependiente del partido y dedicada a difundir entre los ciudadanos el conocimiento del sistema democr¨¢tico, para pagar desde sus cuentas gastos electorales del PP valorados en m¨¢s de medio mill¨®n de euros.

"Concedida la subvenci¨®n, los pagos a proveedores se desviaron groseramente de los fines fundacionales establecidos en sus estatutos: difundir a los ciudadanos el conocimiento del sistema democr¨¢tico, la realidad sociocultural y pol¨ªtica de nuestra regi¨®n", recoge el auto sobre la presunta financiaci¨®n de gastos particulares del partido y electorales de tres campa?as electorales ¡ªlas auton¨®micas de 2007 y 2011; y las generales de 2008¡ª. "En la petici¨®n de la subvenci¨®n simularon que los fondos iban a ir dirigidos a sufragar supuestas actividades de conocimiento democr¨¢tico, a sabiendas de que no iba a ser as¨ª".

No fue, sin embargo, la ¨²nica v¨ªa de financiaci¨®n del partido a trav¨¦s de la fundaci¨®n, seg¨²n los investigadores. As¨ª, habr¨ªa habido "aportaciones de empresarios a la Fundaci¨®n por un importe cercano a los 350.000 euros, a sabiendas de que el dinero iba a costear gastos electorales de los comicios del a?o 2007", seg¨²n el sumario. "Su ingreso en las cuentas bancarias de la Fundaci¨®n permiti¨® eludir la normativa que proh¨ªbe a los empresarios que sean contratistas con la Comunidad realizar entregas de dinero para pago de gastos electorales y superar los l¨ªmites establecido para las subvenciones en la LOREG y en la Ley de Financiaci¨®n de Partidos".

El juez, adem¨¢s, investiga la cl¨¢usula que obligaba a emplear en publicidad el 1% de las licitaciones p¨²blicas, privilegiando en la concesi¨®n de las campa?as consecuentes a un grupo de empresas de comunicaci¨®n para que estas recuperaran, presuntamente, el dinero que no les hab¨ªa pagado el PP de Madrid por trabajos para las elecciones. Y tambi¨¦n el supuesto sistema para pagar campa?as de reputaci¨®n en internet a favor de Aguirre, Gonz¨¢lez y otros dirigentes con dinero de empresas p¨²blicas de la Comunidad, o de privadas que eran adjudicatarias de contratos p¨²blicos.

Seg¨²n el auto de imputaci¨®n, "la investigaci¨®n arroja indicios racionales" de que Aguirre "ser¨ªa quien ide¨® la b¨²squeda de recursos, que financiaran las campa?as que ella misma seleccionaba, y la supervisora ¨²ltima de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impuls¨® con dicha finalidad". Y a?ade: "Las campa?as iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura pol¨ªtica y consolidarla como presidenta de la CAM".

Aguirre dar¨¢ su versi¨®n el viernes, cuando tiene cita para declara en el juzgado. Antes, el jueves, lo podr¨¢ hacer el tambi¨¦n expresidente Ignacio Gonz¨¢lez, como ya lo hizo la pasada semana Cristina Cifuentes.