Anticorrupci¨®n busca testigos contra la trama del 1% del PP de Aguirre

A poco m¨¢s de seis meses para que el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n tenga que concluir el pr¨®ximo 6 de junio la instrucci¨®n del sumario del caso P¨²nica, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se afana en encontrar testimonios sobre la supuesta trama de corrupci¨®n del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la formaci¨®n. Anticorrupci¨®n ha iniciado la b¨²squeda de nuevos testigos de la llamada trama del 1%, en referencia al porcentaje de dinero que se reservaba para publicidad en los contratos de grandes obras p¨²blicas y que en parte luego acababa supuestamente en la caja b de los populares para financiar campa?as electorales.

El pasado 8 de octubre, solo 10 d¨ªas antes de que la propia Aguirre declarase como imputada en la causa, las dos fiscales del caso, Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢ y Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez, presentaron ante el magistrado un escrito en el que solicitaban identificar y tomar declaraci¨®n a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que en 2013 hab¨ªan denunciado sin ¨¦xito en dos cartas enviadas al Ejecutivo madrile?o irregularidades en numerosos contratos p¨²blicos. El pasado lunes, estaba previsto que el juez tomase declaraci¨®n al primero de ellos, Enrique ?lvarez L¨®pez, uno de los firmantes de las misivas en su condici¨®n de presidente de la Junta de Personal Funcionario de la Consejer¨ªa de Transportes, seg¨²n revelan varios documentos del sumario a los que ha tenido acceso EL PA?S.

El origen de la nueva l¨ªnea de investigaci¨®n es la publicaci¨®n en eldiario.es el pasado 23 de septiembre de las dos cartas que esta Junta de Personal (con funciones similares a las de un comit¨¦ de empresa) remiti¨® en a principios de 2013, cuando el Ejecutivo madrile?o estaba presidido por Ignacio Gonz¨¢lez, tambi¨¦n imputado en el caso P¨²nica. En ambas misivas, se denunciaba la supuesta existencia, al menos desde 2009, de "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras", en referencia al 1% reservado para publicidad. Ambas cartas fueron remitidas al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Adem¨¢s, una copia de la segunda se hizo llegar a la mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios. Tras las mismas, hubo una reuni¨®n entre representantes de los funcionarios y el entonces n¨²mero dos de la Consejer¨ªa de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, todo qued¨® ah¨ª. A?o y medio despu¨¦s, en octubre de 2014, se produc¨ªan las primeras detenciones del caso P¨²nica. Meses m¨¢s tarde, el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, comenzaba a investigar en una pieza separada la supuesta existencia de una caja b del PP Madrid que se nutr¨ªa, en parte, de la cl¨¢usula del 1% de publicidad de los contratos p¨²blicos. Pese a ello, las dos cartas que denunciaban esta pr¨¢ctica presuntamente irregular no se hab¨ªan incorporado a la causa ni los investigadores tuvieron noticia de ella hasta su publicaci¨®n en la prensa el pasado septiembre.

De hecho, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitieron el pasado 3 de octubre a la Audiencia Nacional, d¨ªas despu¨¦s de que aparecieran en el diario digital, un oficio en el que se daba cuenta de la existencia de las misivas y de que su contenido "permit¨ªa conocer que funcionarios de la Comunidad de Madrid alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez de la corrupci¨®n del 1% en los contratos p¨²blicos". Los agentes inclu¨ªan en este documento policial el nombre de los firmantes de dicho escrito, Enrique ?lvarez.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s, del oficio de la UCO, la Fiscal¨ªa presentaba ante el juez Garc¨ªa-Castell¨®n el escrito en el que solicitaba que se citase a declarar como testigo al funcionario "a los efectos de aportar prueba en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la pieza de financiaci¨®n il¨ªcita del PP de la Comunidad de Madrid". El magistrado acord¨® el 15 de octubre que se le tomara declaraci¨®n. En su escrito, Anticorrupci¨®n recordaba que "la investigaci¨®n ha revelado que, como una forma de desviar dinero de las arcas p¨²blicas de determinadas consejer¨ªas de la Comunidad de Madrid, como Transportes y Sanidad, los pliegos de los contratos licitados desde las mismas inclu¨ªan una cl¨¢usula que reservaba hasta el 1% del importe del contrato para pago de publicidad o informaci¨®n de la obra a cargo del adjudicatario. Dicha publicidad -continuaba la fiscal¨ªa- era facturada por ciertas empresas del c¨ªrculo de confianza del PP de Madrid que, o bien no prestaban la publicidad o la sobrevaloraban".

Esta maniobra supuestamente irregular se decidi¨®, seg¨²n un informe de la UCO del pasado marzo, en una reuni¨®n de comienzos de 2004 en la que supuestamente participaron Esperanza Aguirre y algunos de los miembros de su gobierno, entre ellos Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados. En dicho encuentro, presuntamente se acord¨® indicar a las empresas que resultaran beneficiadas con contratos p¨²blicos que el 1% destinado a campa?as de publicidad para dar a conocer las obras fueran adjudicadas a las empresas de publicidad de Daniel Horacio Mercado, imputado en la causa y cuyo testimonio es el que ha motivado que la expresidenta madrile?a tuviera que ir a declarar a la Audiencia Nacional el pasado 18 de octubre como investigada. El objetivo era pagar al empresario los actos de campa?a que organizaba para el PP.

Cuando Aguirre fue preguntada por esta reuni¨®n en su declaraci¨®n como imputada del pasado octubre, rest¨® importancia a la misma y lo redujo a un breve encuentro fuera de su despacho para que ella diera el visto bueno a un nuevo logo para la Comunidad de Madrid. La expresidenta madrile?a insisti¨® entonces en que se hab¨ªa enterado ¡°por el sumario¡± de la trama del 1% madrile?o.