Madrid carece desde 2004 de unidades de valoraci¨®n del riesgo de la violencia machista

Aqu¨ª se concentran las sedes judiciales espec¨ªficas de violencia de g¨¦nero. Y desde aqu¨ª denuncia el panorama en el que se encuentran los equipos psicosociales, conformados por trabajadoras sociales y psic¨®logas, que trabajan para esta ¨¢rea de la Justicia. Lo hace junto a Mar¨ªa Visitaci¨®n, otra de las profesionales de este servicio, que recuerda que "Madrid no tiene creadas las Unidades de Valoraci¨®n Forense Integral, a pesar de que se recogieron en la legislaci¨®n en 2004". Ambas tienen 14 a?os de experiencia en su ¨¢mbito.

Aquel a?o, la Ley Org¨¢nica de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero recomend¨® que se crearan estos equipos. El objetivo era poder analizar mejor el riesgo y la peligrosidad de la situaci¨®n de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas; y aconsejaba que ese grupo de profesionales estuviese conformado por un m¨¦dico forense, un psic¨®logo y un trabajador social y que hubiese uno por cada juzgado especializado en este ¨¢mbito ¡ªbajo el paraguas de los Institutos de Medicina Legal (IML)¡ª, para asesorar a jueces y fiscales sobre la situaci¨®n y ayudarles a decidir, por ejemplo, la adopci¨®n o no de medidas, como ¨®rdenes de alejamiento u otras cautelares.

Recursos hay, lo que es necesario es que se destinen bien. De la financiaci¨®n de este a?o del Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero [10,2 millones], seis van a ir a publicidad. A publicidad

15 a?os despu¨¦s, su implantaci¨®n es desigual, no funcionan en todas las provincias, no lo hacen bajo los mismos protocolos en las que s¨ª existen (aunque hay uno redactado desde 2011) y sufren una carencia de recursos econ¨®micos y humanos y de coordinaci¨®n que profesionales y expertos llevan tiempo denunciando.

"Pero es que Madrid, adem¨¢s, es el ¨²nico lugar que todav¨ªa no tiene ni siquiera instituto del que dependan esas unidades", a?ade Redondo. El organismo, cuya previsi¨®n era que comenzara a funcionar a finales de este a?o, va con retraso. "Est¨¢ en pleno proceso de implantaci¨®n", dijo la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Gobierno regional, Ana Isabel Garc¨ªa, en el pleno del pasado jueves en la Asamblea. El mismo pleno en el que se constat¨® que este a?o, por primera vez en 15 a?os, la Comunidad no tendr¨¢ una declaraci¨®n institucional contra la violencia machista en el d¨ªa internacional contra esta lacra. Tampoco la tendr¨¢ el Ayuntamiento de Madrid. Para que exista ese posicionamiento institucional, hace falta unanimidad de todos los grupos pol¨ªticos y Vox, con presencia en ambos Gobiernos, se ha negado.

Visitaci¨®n asegura que esto no puede tener otra explicaci¨®n que la "falta de voluntad". "Tienes los profesionales, la infraestructura, la ley que lo regula... Pero no est¨¢n creadas. Y como no hay unidades, aqu¨ª el servicio de psic¨®logas y trabajadoras sociales funciona en horario administrativo. Punto. No formamos parte de las guardias". Eso s¨ª, en los presupuestos, desde 2016, hay una partida consignada a ello. "Ha habido incluso partidas de refuerzo". Este a?o, la consigna a esas horas extra es de 243.635 euros. "No se gastaron en 2016 los 160.220 euros, ni tampoco en 2017 los 252.500 euros, ni en 2018 los 80.626 euros. Ni este a?o se van a gastar ese casi cuarto de mill¨®n. Por una sencilla raz¨®n: porque no existen esas guardias".

Desde la Consejer¨ªa de Justicia, de donde llega ese dinero, explican que "se destinan 5,1 millones al personal de estos equipos y se est¨¢ en negociaciones con los sindicatos para poner en marcha una prueba piloto, una guardia entre semana para ver si se requiere". Explican que esa consigna aparece desde que en 2016 se aprob¨® en la Asamblea, por unanimidad, una enmienda a los presupuestos para que el dinero de la partida del Centro Asuntos Taurinos se destinase a la formaci¨®n de jueces en materia de g¨¦nero y a que los expertos psicosociales pudieran tener guardias. Nunca ocurri¨® y el concepto sigue ah¨ª.

Desprotecci¨®n legal

"La Administraci¨®n tiene que ser consecuente y dedicar el dinero a lo que sea m¨¢s necesario y se requiera. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el Consejo General del Poder Judicial han dado instrucciones o ha hecho petici¨®n expresa de que estos equipos hiciesen guardias", apuntan desde el ¨¢rea de Justicia. Quien s¨ª hizo esa recomendaci¨®n fue la Fiscal¨ªa General del Estado en su memoria de 2018. Advirti¨® claramente que el uso de las valoraciones de riesgo de este grupo de profesionales segu¨ªa siendo muy escaso: "Se han emitido exclusivamente 175 informes de conformidad con el protocolo [a nivel nacional], 109 menos que en el a?o anterior y, a todas luces, insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el n¨²mero de solicitudes en las que su utilizaci¨®n podr¨ªa haber sido de gran utilidad".

Solo conociendo las circunstancias espec¨ªficas de cada mujer que denuncia se puede hacer una correcta valoraci¨®n de su situaci¨®n y, por lo tanto, de c¨®mo ayudarla Flor Redondo, trabajadora social

Por eso Nuria Benito, psic¨®loga en estos juzgados desde que se abrieron, en 2005, afirma que esta situaci¨®n "sin sentido" la tiene "at¨®nita": "La ausencia de esos tres profesionales en conjunto supone una clara desprotecci¨®n para todos: presuntas v¨ªctimas, menores y presuntos agresores". Explica esta experta en psicolog¨ªa cl¨ªnica y forense que su rama puede "asesorar sobre el riesgo delictivo, hacer un pron¨®stico del comportamiento para que se entienda la violencia sobre la mujer en las relaciones de pareja, ayudar a comprender la din¨¢mica de este tipo de relaciones y, adem¨¢s, se puede hacer una predicci¨®n psicol¨®gica del riesgo de esa violencia".

Flor Redondo, la trabajadora social, completa el dibujo: "Desde mi ¨¢mbito conocemos el entorno de la supuesta v¨ªctima, si tiene o no una red de apoyo, si vive en un clima de violencia, cu¨¢les son sus recursos... Solo conociendo las circunstancias espec¨ªficas de cada mujer que denuncia se puede hacer una correcta valoraci¨®n de su situaci¨®n y, por lo tanto, de c¨®mo ayudarla".

En Madrid, el pasado a?o fueron 26.965 las mujeres que denunciaron, seg¨²n la Delegaci¨®n de Gobierno para la Violencia de G¨¦nero; y hubo 5.818 ¨®rdenes de protecci¨®n. "Algo est¨¢ fallando, s¨ª", apunta Benito, "si al propio aparato judicial se le priva de los recursos necesarios para hacer la mejor valoraci¨®n posible, puede ocurrir esto, que haya muchas denuncias, pero se pongan pocas ¨®rdenes de protecci¨®n. El sistema falla en la asistencia por la falta de recursos". Visitaci¨®n a?ade: "Recursos hay, lo que es necesario es que se destinen bien. De la financiaci¨®n de este a?o del Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero [10,2 millones], seis van a ir a publicidad. A publicidad".?

La ausencia de esos tres profesionales en conjunto supone una clara desprotecci¨®n para todos: presuntas v¨ªctimas, menores y presuntos agresores Nuria Benito, psic¨®loga cl¨ªnica y forense

Lo que piden, puntualiza Redondo, "ni m¨¢s ni menos", es que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero y la respectiva Ley. "Que se d¨¦ a la lucha contra esta lacra los recursos que requiere", interviene Visitaci¨®n. "No puede ser que venga una mujer a denunciar, con todo lo que ello supone y lo dif¨ªcil que es dar ese paso, y tenga que pasar horas esperando para declarar, que si viene despu¨¦s de las tres de la tarde solo est¨¦ de guardia el m¨¦dico forense, que no haya un espacio amable para ella o para los menores si viene con sus hijos... No se puede seguir tolerando esta situaci¨®n", espeta.

Tampoco con la suya y la de sus compa?eras. Recuerda tambi¨¦n que ni sus condiciones laborales ni su categor¨ªa profesional corresponde al resto del equipo que conforman los juzgados especializados, algo que tambi¨¦n reclaman: "Hay gente que lleva m¨¢s de una d¨¦cada trabajando aqu¨ª y sigue siendo personal temporal. Pero, en cualquier caso, quienes sufren m¨¢s la situaci¨®n y la inexistencia de las unidades son las mujeres que sufren violencia de g¨¦nero".

Benito, profesora tambi¨¦n en la Universidad Complutense y en el Colegio de Abogados, intenta en un momento de la conversaci¨®n recordar la cifra de mujeres asesinadas que nunca pusieron una denuncia. Seg¨²n un informe del pasado septiembre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2016 y 2018, de las 151 mujeres asesinadas, solo 46 (el 30,5%) hab¨ªa denunciado a su agresor. El organismo y el Observatorio de violencia machista dependiente de ¨¦l apuntaron dos cuestiones "preocupantes": que solo hab¨ªa aumentado tres puntos respecto al promedio de la ¨²ltima d¨¦cada el n¨²mero de asesinadas que habi?an denunciado previamente; y que la denuncia no siempre sirvi¨® a las v¨ªctimas para salvarse. Este 2019, de las 51 mujeres asesinadas que ya recogen las cifras oficiales en Espa?a, solo 11 lo hab¨ªan hecho.