Las c¨¢rceles catalanas descartan por ahora la semilibertad para los presos del ¡®proc¨¦s¡¯

Las c¨¢rceles catalanas han propuesto que los nueve l¨ªderes independentistas encarcelados por el proc¨¦s sean clasificados, de entrada, en segundo grado penitenciario. La propuesta, acordada por las juntas de tratamiento ¡ªun ¨®rgano t¨¦cnico integrado por profesionales¡ª no es vinculante para el Departamento de Justicia, que tiene la ¨²ltima palabra. El segundo grado o r¨¦gimen ordinario ¡ª el que cumple la mayor¨ªa de presos en Espa?a¡ª implica que los dirigentes pol¨ªticos no podr¨¢n disfrutar de permisos de salida por ahora. El tercer grado, en cambio, implicar¨ªa que los presos podr¨ªan salir de la c¨¢rcel y regresar solo para dormir.

La decisi¨®n se ha adoptado tras un "intenso debate" y "sin unanimidad", seg¨²n ha detallado el secretario general de Medidas Penales, Reinserci¨®n y Atenci¨®n a la V¨ªctima de Justicia, Amand Calder¨®. Si Justicia la ratifica, los presos podr¨¢n solicitar la aplicaci¨®n del art¨ªculo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitir¨ªa salidas flexibles a diario para ir a trabajar o cubrir otras necesidades, como el cuidado de familiares. "El 100.2 es un muy buen instrumento que en cualquier momento se puede utilizar", ha dicho Calder¨®. No obstante, la propuesta debe salir de las juntas de tratamiento y ser ratificada por un juez de vigilancia penitenciaria.

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La propuesta se ha adoptado para los nueve condenados a penas de prisi¨®n por los delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n: el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Ra¨¹l Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de ?mnium Cultural, Jordi Cuixart; y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi S¨¤nchez.

Calder¨® ha detallado que las juntas de las tres c¨¢rceles que acogen a los presos (Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric) se han celebrado a las 9.00 de forma "simult¨¢nea" para evitar filtraciones. El alto cargo del Govern ha insistido en que son ¨®rganos de car¨¢cter t¨¦cnico que trabajan con criterios estrictamente profesionales. "Las penas las imponen los jueces; La Generalitat no dicta las sentencias. Los servicios penitenciarios act¨²an cumpliendo un mandato judicial", ha subrayado. Calder¨® ha recordado que los jueces "tambi¨¦n tienen la ¨²ltima palabra en el ¨¢mbito de la clasificaci¨®n".

Las juntas han apurado el plazo legal de dos meses que da la ley para proponer una clasificaci¨®n a los presos una vez dictada sentencia. El Tribunal Supremo hizo p¨²blica la sentencia del proc¨¦s, en la que dict¨® penas de entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel, el pasado 14 de octubre. Su propuesta, sin embargo, es solo el primer paso. "Con la clasificaci¨®n inicial no se acaba nada; todo comienza". El informe de los t¨¦cnicos deber¨¢ ser ahora examinado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que tiene la ¨²ltima palabra y decidir¨¢ la clasificaci¨®n de los presos. La consejera es Ester Capella, de Esquerra Republicana. El departamento dispone de otros dos meses para decidirse. Calder¨® se ha mostrado confiado en poder concluir antes, aunque ha advertido de que son cuestiones complejas.

Debate "t¨¦cnico"

La decisi¨®n definitiva est¨¢ en manos del equipo de clasificaci¨®n de Justicia, formado por 10 funcionarios entre juristas y t¨¦cnicos. Calder¨® ha subrayado que se trata de un ¨®rgano "estrictamente t¨¦cnico, al margen del debate pol¨ªtico". El secretario general ha indicado que puede dar "el visto bueno" a la propuesta de las juntas de tratamiento o bien "formular una contrapropuesta". Seg¨²n las estad¨ªsticas de la Generalitat, solo el 5% de las propuestas lanzadas por las juntas de tratamiento son objeto de una contrapropuesta. "Eso es bueno, quiere decir que trabajamos de forma compenetrada", ha indicado Calder¨®. Una vez que la Generalitat decida, los presos podr¨¢n comenzar sus programas de tratamiento en prisi¨®n. Calder¨® ha admitido que el perfil de los pol¨ªticos es "muy diferente del conjunto de la poblaci¨®n reclusa", por lo que es posible que los programas de las prisiones catalanas "no respondan demasiado a sus necesidades".

La propuesta ha sido adoptada por las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona), donde permanecen los nueve condenados. En los tres casos, la decisi¨®n del segundo grado se ha adoptado "por mayor¨ªa" y despu¨¦s de un "intenso debate", seg¨²n el secretario, que no ha dado a conocer el resultado de las votaciones ni ha aclarado si los directores de los centros han tenido que hacer uso de su voto de calidad.

Las juntas de tratamiento son ¨®rganos penitenciarios que se re¨²nen una vez por semana para adoptar resoluciones sobre permisos y clasificaci¨®n de los presos. La reuni¨®n de Lledoners ¡ªdonde permanecen los siete varones condenados por el Tribunal Supremo¡ª se celebra habitualmente todos los jueves, aunque esta vez se ha avanzado al mi¨¦rcoles para hacerla coincidir con el resto de prisiones. En las juntas de tratamiento participa de forma habitual el director de la c¨¢rcel, el subdirector de tratamiento y otros profesionales de perfil t¨¦cnico, lo que incluye psic¨®logos, educadores, juristas y trabajadores sociales. Esos trabajadores son los que han mantenido reuniones y encuentros con los presos en los ¨²ltimos meses y los que han expuesto sus puntos de vista en la junta.

La clasificaci¨®n penitenciaria ha provocado un nuevo conflicto entre Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat). Todos los presos eran partidarios de la concesi¨®n del tercer grado. La defensa de los presos de Esquerra Republicana, sin embargo, se ha mostrado m¨¢s comprensiva con la posibilidad de que las juntas propusieran el segundo grado como clasificaci¨®n inicial. Sobre todo, teniendo en cuenta la longitud de las penas. Los republicanos anunciaron que recurrir¨ªan la decisi¨®n para solicitar el tercer grado y que, en paralelo, pedir¨ªan la aplicaci¨®n del art¨ªculo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas flexibles y diarias de prisi¨®n para acudir al trabajo o para atender otras necesidades, como el cuidado de familiares. La defensa de Junts per Catalunya, en cambio, considera que existen motivos sobrados para conceder de entrada el tercer grado y recuerdan que la decisi¨®n final queda en manos del Govern.